La reforma laboral de México pone a prueba a Peña Nieto

Los partidos de la izquierda y de la derecha de México han puesto en un aprieto al mandatario electo Enrique Peña Nieto. El priísta, que asumirá la presidencia de México el 1 de diciembre, tendrá que resolver en los próximos días cómo salir con los menores costes posibles del entuerto en que se ha convertido una iniciativa de reforma laboral que, además de buscar la modernización de las relaciones entre patrones y trabajadores, pondrá a prueba los alcances de su vocación democrática.

El Congreso surgido de las elecciones del pasado 1 de julio se instaló el primero de septiembre. Ese mismo día, el presidente Felipe Calderón envió a los legisladores una iniciativa para actualizar luego de cuatro décadas la Ley Federal del Trabajo. Además de flexibilizar la contratación y el despido de empleados, situación que unos aplauden y otros deploran, la propuesta laboral de Calderón obligaba a los sindicatos a elegir por voto libre, directo y secreto a sus líderes, y contenía reglas para que estos rindieran cuentas sobre el manejo de los dineros de sus agremiados.

Dado que fue enviada a la Cámara de Diputados en calidad de “iniciativa preferente”, la reforma tenía que ser votada en 30 días. Al límite de ese plazo, los diputados aprobaron la propuesta del presidente panista, no sin antes quitar, por encargo del PRI, los apartados que incomodaban a los líderes sindicales: aquellos que obligaban a la transparencia económica y garantizaban el voto libre. Trasquilada, la iniciativa pasó al Senado, cámara que a su vez tendría el mismo plazo para ratificar o modificar lo aprobado por los diputados.

La historia dio un giro cuando, usualmente enfrentados, los senadores del Partido Acción Nacional y de los partidos de la izquierda (de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano) se aliaron para devolver a la reforma los ocho artículos que obligan a democratizar la vida sindical.

En la sesión del martes, fecha programada para votar, cuando los priístas vieron que la derecha y la izquierda tenían asegurada la mayoría, los senadores del PRI apoyaron a última hora como mal menor que se modificara el artículo 364 bis, que reglamenta la transparencia de la vida sindical. A pesar de eso, los priístas no pudieron impedir que con 67 votos a favor, por 61 en contra el Senado aprobara la reforma en sus términos más ambiciosos.

Ahora, la reforma regresará a la Cámara de Diputados, para que estos a su vez ratifiquen o desechen los cambios del Senado. Esta operación cancela el plazo que obligaba a los legisladores a resolver en 30 días el destino de la iniciativa, pero al mismo tiempo encarecerá los costes políticos al PRI si rechaza los cambios de la Cámara Alta.

Junto con dos partidos satélites, también llamados en México rémoras, el PRI puede tener la mayoría en la cámara de Diputados. Aliado de líderes sindicales que son motivo de escándalo por sus opacos manejos –tan solo el fin de semana se reeligieron por seis años más dos de los más añejos y criticados, Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, del magisterio y de lo petroleros, respectivamente-, el partido que regresa al poder luego de 12 años de Gobiernos panistas puede hacer que la iniciativa laboral sea desechada o de nuevo recortada. Ambas salidas serían vistas por algunos sectores como la capitulación de Peña Nieto ante los poderosos líderes sindicales, una imagen que dista de la oferta de modernidad que el príista comprometió durante la campaña electoral de la cual resultó vencedor. En los próximos días, el presidente electo tendrá ocasión de mostrar su habilidad política, y ya se verá como resuelve una reforma cuyos méritos serían de Calderón mientras que los defectos serían todos suyos.