Revive el debate sobre el poder del Estado en tiempos de incertidumbre
Ideas que un día fueron consideradas heterodoxas hoy se desplazan hacia la centralidad
La vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, ha defendido más control del Estado en Telefónica y Celsa (y en general en las empresas estratégicas) para contrarrestar los intereses extranjeros: “No estamos pidiendo nada distinto al mercado del comportamiento ordinario de los países de nuestro entorno”. Apenas nadie se ha dado por escandalizado por estas palabras, ni siquiera los escandalizados habituales. Más en general...
La vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, ha defendido más control del Estado en Telefónica y Celsa (y en general en las empresas estratégicas) para contrarrestar los intereses extranjeros: “No estamos pidiendo nada distinto al mercado del comportamiento ordinario de los países de nuestro entorno”. Apenas nadie se ha dado por escandalizado por estas palabras, ni siquiera los escandalizados habituales. Más en general, amplias zonas del mundo (Europa, EE UU, China…) están embarcadas en políticas para subvencionar a sus empresas nacionales con el objeto de relocalizarlas, mejorar la cadena de suministros y alejar los peligros del desabastecimiento que se vieron con la covid. A esto se le denominaba antes proteccionismo.
¿Son señales suficientes que apuntan a un cambio del papel del Estado hacia otras políticas industriales, y van a consolidarse como ya hicieron tras la II Guerra Mundial, o, por el contrario, son flor de una crisis coyuntural y se volverá a asistir a una vuelta de la primacía del mercado en las dosis conocidas en las últimas décadas?
Parecen regresar debates de hace décadas acerca del papel que el Estado puede y debe desempeñar en un sistema económico ya exclusivamente capitalista, con distintos tipos de capitalismo (de mercado, burocrático, autoritario…), pero capitalismo al fin. En el libro El papel del Estado en la economía (que es parte de una colección sobre economía inclusiva que se va armando poco a poco, sin grandes alharacas, FUHEM y Catarata), su editor, el profesor Luis Buendía, hace una reflexión muy sugerente: en tiempos de dificultades e incertidumbre, las ideas que en un momento se consideraron radicales, heterodoxas o impracticables, o se descartaron por considerarse productos de la imaginación de quienes se situaban en los márgenes, consiguen desplazarse hacia la centralidad. Con este motivo resurgen cuestiones que quizá hoy tienen soluciones distintas a las de antes: ¿tiene capacidad el Estado para atemperar las crisis del sistema económico en el marco de la globalización?; ¿servirán tales acciones para hacer el sistema más fuerte o lo debilitarán?; ¿hay resquicios para una acción colectiva que utilice al Estado para construir una sociedad mejor?, etcétera.
Fue Keynes en los años treinta del siglo pasado quien abordó la intervención del Estado en la economía en situaciones de debilidad, ante problemas como la incapacidad de aquella para alcanzar el pleno empleo o ante la existencia de una distribución de la renta y la riqueza excesivamente desigual. Pero al mismo tiempo había otros economistas y escuelas que trabajaban en parecidas soluciones. Por ejemplo, el polaco Michel Kalecky, que tres años antes de la publicación de la Teoría general keynesiana había hecho lo propio en su Ensayo sobre la teoría del ciclo económico, donde desarrollaba cuestiones como la importancia de la inversión pública o el papel que podría desempeñar el sector público en ella. Asimismo, la Escuela de Estocolmo se centraba en “lo público” como modo de estimular la economía.
Desde entonces, con abundantes picos de sierra motivados por los intentos de la revolución conservadora de atemperar su papel, el sector público y el Estado asumieron funciones diferentes a las que tenían hasta entonces, y que son algunas de las que hoy vuelven a emerger. Casi todo está en cuestión. Por ejemplo, que si bien los niveles de gasto social no han retrocedido en líneas generales, las nuevas prestaciones y tendencias demográficas como el envejecimiento han aumentado el número de destinatarios que han debido repartirse las mismas cantidades de dinero, aumentando las dificultades del welfare; que se han introducido cambios en las administraciones públicas con el objetivo de tratar de emular la “eficiencia” del comportamiento del sector privado (el Estado como si fuese una empresa o una familia) y, como consecuencia, intensas políticas desrregulatorias; que había que privatizar el antiguo sector público empresarial bajo el dogma de que las empresas públicas son, por definición, ineficientes y abúlicas y que la única forma de mejorar su rendimiento es transferirlas al sector privado.
Estas transformaciones son las que ahora están en discusión.
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