Los colegios privados reclaman al Gobierno de Ayuso que solo los centros públicos den marcha atrás en el bilingüismo

Los representantes de los colegios privados puros y de los privados concertados maniobraron sin éxito en un consejo escolar celebrado en febrero para intentar convencer al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de que la marcha atrás en el bilingüismo que ha emprendido el Ejecutivo se aplicara únicamente a los centros públicos. Frente al diagnóstico gubernamental de que los alumnos que estudian en inglés materias como ciencias sociales, historia o geografía sufren “...

Los representantes de los colegios privados puros y de los privados concertados maniobraron sin éxito en un consejo escolar celebrado en febrero para intentar convencer al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de que la marcha atrás en el bilingüismo que ha emprendido el Ejecutivo se aplicara únicamente a los centros públicos. Frente al diagnóstico gubernamental de que los alumnos que estudian en inglés materias como ciencias sociales, historia o geografía sufren “un detrimento” respecto a los que lo hacen en castellano, los privados argumentaron que no habían observado “una disminución en la calidad” en sus centros y calificaron de “restricción” una reforma que afecta a uno de sus grandes atractivos para captar estudiantes. Aunque la Consejería de Educación no cedió, según aclara un portavoz gubernamental, evitando así una mayor segregación en el sistema educativo, los privados presionan para que haya una modificación en el último momento que les permita seguir como hasta ahora cuando la reforma entre en vigor (curso 2024-2025). El plazo de alegaciones al decreto que articulará el cambio está abierto hasta el 13 de marzo.

“El proyecto de decreto es una modificación de los currículos [de las etapas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato] y, por tanto, afecta a todos”, explica un portavoz de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE). “Una medida enfocada a paliar una deficiencia del programa de bilingüismo la han transformado en una afectación general, también para centros que no están acogidos al programa de bilingüismo”, añade sobre la decisión de modificar el currículo (lo que obliga a cualquier tipo de centro) y no el sistema para estudiar al segundo idioma (lo que habría afectado solo a los centros que lo aplican). “Lo que pide ACADE es que se respeten la autonomía de los centros privados y de las familias para elegir”, sigue, recordando que los privados puros no reciben fondos públicos. Y remata: “Si la Administración ha detectado una deficiencia en el programa de bilingüismo, lo que debería modificar es la normativa, no el currículo [que es de obligatorio cumplimiento para todos los centros]”.

Un portavoz gubernamental justifica así la apuesta por volver al castellano y abandonar el inglés en el área de Ciencias Sociales de Educación Primaria, la materia de Geografía e Historia de la Educación Secundaria Obligatoria, y en las materias de Historia de España y de Historia del Mundo Contemporáneo del Bachillerato: “La modificación se aplicará a todos porque es una modificación del currículo, es ordenación académica y afecta a todos los centros educativos”.

En Madrid, comunidad pionera en poner en marcha su propio modelo bilingüe (en 2004), hay este curso 404 colegios públicos bilingües que se suman a otros 196 institutos y 223 colegios concertados privados, por lo que el decreto que aprobará próximamente el Consejo de Gobierno afecta a más de 400.000 alumnos. A ellos hay que sumar los que asisten a colegios privados puros que dan en inglés las materias que se modifican. La apuesta por enseñar materias como la Historia o la Geografía en lengua extranjera partió del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, fue polémica desde el principio, con detractores y defensores antagónicos, y creó tendencia: otros gobiernos del PP, como los de Murcia o Castilla y León, se lanzaron a implantar sistemas similares. Tras dos décadas de expansión del sistema, el primer paso atrás, diseñado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado resistencias en los colegios privados puros y concertados.

Su argumentación lleva fecha de 21 de febrero, y tiene la firma de Juan Luis Yagüe, representante de la patronal educativa en el Consejo Escolar a través de CEIM y CEO del grupo educativo CASVI.

“Queremos dejar claro que, desde nuestra organización, no observamos una disminución en la calidad ni en los contenidos impartidos a nuestro alumnado que realiza sus estudios en lengua extranjera”, argumentó en un documento que se puede consultar en el portal de transparencia regional. “Si la Consejería de Educación ha identificado deficiencias en centros públicos, la medida debería enfocarse a corregir estas anomalías específicas, sin extender la restricción a los centros privados (tanto los concertados como los no concertados)”, añadió. “Se limita injustamente la autonomía de los centros privados no sostenidos con fondos públicos”, siguió. Y alertó: “La eliminación de la posibilidad de impartir estas asignaturas en inglés no solo afectaría negativamente a la oferta laboral de docentes especializados y a su capacidad adquisitiva [pues perderían pluses], sino que también mermaría la calidad de la educación bilingüe que se ofrece en nuestros centros”.

En la misma línea se expresó el representante de FERE-CECA, que agrupa a titulares de centros privados concertados: “El proyecto de decreto dictaminado adolece [carece] de la necesaria reflexión y justificación que motive su puesta en marcha, y [...] puede suponer una marcha atrás en la organización y puesta en valor del sistema de bilingüismo de la Comunidad de Madrid”.

Por su parte, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias y en Letras de la Comunidad de Madrid dejó una advertencia: “Parece ponerse en cuestión la calidad de la oferta educativa y la formación en la materia objeto de esta norma en aquellos centros que siguen proyectos propios bilingües de la red no sostenida con fondos públicos, históricamente”.

Esas opiniones sobre el fondo del decreto no fueron una excepción en el Consejo Escolar. También abundaron las quejas sobre las formas que acompañan al cambio.

“La FAPA [federación de asociaciones de padre] Francisco Giner de los Ríos [...] está a favor de los cambios propuestos [...] sin que ello nos haga obviar que no podemos apoyar la falta de fundamentación pedagógica en la norma a dictaminar, que se hayan anunciado dichos cambios sin haber escuchado antes a la comunidad educativa, y que se sigan ignorando los acuerdos de este Consejo Escolar en el sentido de la necesidad de realizar una evaluación rigurosa del Proyecto Bilingüe por parte de la Administración educativa”, se lee en otro documento.

El mayor estudio realizado hasta ahora al respecto, para el que se entrevistaron a 1.724 docentes de primaria y secundaria, concluyó el año pasado que 8 de cada 10 docentes consideran que “afecta negativamente al nivel de comprensión de los estudiantes” y “reduce la profundidad de los contenidos abordados”. Una amplia mayoría asegura que ha potenciado una nueva forma de segregación escolar en el seno de la escuela pública. Y más de la mitad cree que genera efectos negativos en el dominio del castellano. Ese estudio, titulado La opinión del profesorado sobre el Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid, fue elaborado por los investigadores Jesús Rogero-García, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y Miguel Martínez, Eva Bajo, y Cristina Orío, miembros de la asociación Acción Educativa MRP.

Por su parte, CC OO advirtió de que, en realidad, el cambio del Gobierno de Ayuso “se trata de todo un giro político por motivos ideológicos ajenos al ámbito pedagógico”. Y concluyó: “Por la ausencia de análisis y evaluación alguna del Programa bilingüe impuesto por la Comunidad de Madrid y por este giro inopinado, extemporáneo y motivado por una cruzada meramente ideológica carente de cualquier rigor pedagógico; además de por lo inadecuado, desajustado y/o redundantes de las adiciones a los contenidos de la materia de Geografía e Historia en la ESO, no cabe sino rechazar este proyecto de decreto y solicitar [que se] analice y evalúe debidamente el programa bilingüe y las consecuencias de su aplicación y cualquier cambio en el mismo con la participación efectiva de la comunidad educativa”.

Pero el proceso sigue, y a toda velocidad: la Comunidad de Madrid está tramitando el cambio por el procedimiento de urgencia, para que así pueda entrar en vigor el próximo curso 2024-2025.

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