¿Por qué Madrid tiene ahora una calle dedicada al general Millán Astray?

A siete kilómetros de la Puerta del Sol, los centenares de vecinos de la calle Maestra Justa Freire de Madrid se levantaron este martes con una visita de dos operarios del Ayuntamiento. Los trabajadores acudieron al distrito de La Latina para cambiar el nombre de la calle. Sin mucho ruido, los dos hombres retiraron el rótulo de Maestra Justa Freire­ ―una mujer pionera en la educación español­a― y repusieron el que estaba hace tres años, el del general propagandista del franquismo José Millán Astray, según dicta...

A siete kilómetros de la Puerta del Sol, los centenares de vecinos de la calle Maestra Justa Freire de Madrid se levantaron este martes con una visita de dos operarios del Ayuntamiento. Los trabajadores acudieron al distrito de La Latina para cambiar el nombre de la calle. Sin mucho ruido, los dos hombres retiraron el rótulo de Maestra Justa Freire­ ―una mujer pionera en la educación español­a― y repusieron el que estaba hace tres años, el del general propagandista del franquismo José Millán Astray, según dicta una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado 13 de mayo. ¿Por qué el Ayuntamiento que dirige el popular José Luis Martínez-Almeida ha ordenado este cambio en el callejero un martes 24 de agosto?, ¿se podía recurrir esa sentencia?, ¿mantener el nombre de la profesora?, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?

Todo nace en 2007. Ese año, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) aprueba la ley de memoria histórica. Una normativa que obliga a todos los ayuntamientos de España a retirar escudos, insignias, placas y otros objetos como menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva de la sublevación militar de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Durante diez años, desde 2007 hasta 2017, Madrid incumplió esa la ley. En ese periodo, gobernado por el PP, no se produjo ningún cambio en el callejero de la capital de España. No fue la única ciudad. La ley no sanciona por este incumplimiento. Es más, todavía existen 533 vías urbanas de distintos municipios cuyos nombres enaltecen al general Francisco Franco, honran la sublevación militar que emprendió o conmemoran la represión que sufrieron los españoles entre 1936 y 1975, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno en 2020. Por eso, el nuevo proyecto de ley de memoria histórica aprobado en julio incluye por primera vez un régimen sancionador para estos casos y así acelerar el cambio de las vías.

En Madrid, en mayo de 2017, la entonces alcaldesa Manuela Carmena creó una comisión interna de memoria histórica para cambiar el callejero de nombres franquistas. La comisión se creó por voluntad de Carmena, dado que la ley no indica que sea un requisito previo para modificar el cambio de las vías. La regidora reunió a distintas personalidades de distintas ideologías, como el escritor Andrés Trapiello—premiado este año por el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos―, la filósofa Amelia Valcárcel, el sacerdote Santos Urías o el historiador y académico Octavio Ruiz-Manjón. La presidenta de este grupo fue la abogada y exsenadora socialista Francisca Sauquillo. Todos los partidos, salvo el PP, que se abstuvo, votaron a favor de esta comisión.

El escritor Trapiello recordaba con agrado esta experiencia en un reportaje publicado en EL PAÍS el pasado 28 de marzo: “Fue una de las experiencias personales e intelectuales más satisfactorias de mi vida. Era un grupo de personas de todas las ideologías poniéndose de acuerdo en el 95% de las decisiones. Comprendimos desde el primer momento que se nos llamaba para aplicar una ley con muchas deficiencias, y tratamos de hacerlo desde la racionalidad, no desde la emotividad, como demasiado a menudo se tratan estos asuntos”.

La comisión, en definitiva, acordó cambiar el nombre de 52 calles. Días después, Carmena llevó la resolución de la comisión a otro pleno municipal. Todos los partidos ―Más Madrid, PSOE y Ciudadanos― votaron a favor del cambio, salvo el PP, que se abstuvo otra vez con un tono muy bronco: “Algunos nos quieren [a los del PP] enterrar en el Valle de los Caídos, pero el PP está enterrado en los cementerios con Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, por defender la libertad incluso de quienes nos tachan de franquistas”, dijo el entonces concejal popular Pedro Corral.

La recomendación del órgano de asesoramiento municipal se basaba en el principio general de recuperar los nombres antiguos de las calles, especialmente cuando eran aún recordados y nombrados así por los vecinos. Si no se daba ese caso, la propuesta del comisionado contemplaba el homenaje a mujeres ilustres, a instituciones pedagógicas o personajes de la cultura que contribuyeron a engrandecer el patrimonio inmaterial en tiempos difíciles, y a políticos que se caracterizaron por la defensa de posiciones conciliadoras. Los nombres de estas nuevas calles los propusieron ellos. No entraron los grupos políticos. Por eso, el nombre de la calle Millán Astray se cambió por el de la profesora Justa Freire, pionera en la educación española y represaliada durante la dictadura.

Tras la aprobación en el pleno del cambio callejero, la Fundación Francisco Franco denunció el caso en los juzgados. Tiempo después, la Plataforma Patriótica Millán Astray se sumó también con otro recurso. El informe que hizo el comisionado sobre los motivos técnicos de la calle de Millán Astray tenía muy pocas páginas. Un juez dijo entonces que estas explicaciones eran insuficientes y que no se cumplía con los límites que marcaba la ley de memoria histórica.

Hasta seis magistrados de la capital recibieron denuncias por parte de particulares y de asociaciones que pedían interrumpir cuanto antes ese cambio del callejero en, al menos, seis de las 52 calles propuestas. Los argumentos que exponían todos es que algunas de las calles mencionadas no se veían afectadas por la ley de memoria histórica, como argumentaba la fundación Millán Astray. Otro juez indicó que esto sería muy molesto para los vecinos: “Se originaría un estado de confusión que hemos de evitar”.

Ante estos recursos judiciales, Carmena decidió esperar el dictamen de los jueces sobre las medidas cautelares solicitadas. Un año después, el 24 de abril de 2018, el Tribunal Superior de Justicia levantó la suspensión ordenada en primera instancia. Los magistrados entendieron que el procedimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento era el correcto, pero no entraron a valorar el nombre de las calles. Las 52 vías de la capital que tenían un pasado franquista comenzaron a cambiarse.

Sin embargo, la justicia llamó a las puertas otra vez. Un mes después de este espaldarazo judicial a Carmena, otro juez dijo que no había argumentos suficientes para cambiar de nombre a la calle de Millán Astray. El magistrado, al contrario que el TSJ, sí entro en el cambio de nombre de la calle. Argumentó, como ha sucedido en otros ayuntamientos de España, que el cambio de nombre amparándose en la ley de memoria de histórica no estaba suficientemente justificado. El Ayuntamiento recurrió, como en el resto de casos.

La sentencia de mayo

La sentencia del TSJ llegó en mayo de este año. Obligaba al Ayuntamiento de Madrid a reponer el nombre del también fundador de Radio Nacional de España, como mecanismo de propaganda del régimen, en el distrito de Latina. En el auto se argumentaba que el militar gallego, fundador de la Legión, no participó directamente en el levantamiento de las tropas que llevó al poder a Francisco Franco mediante la Guerra Civil. Tampoco, añadía la sentencia, se puede demostrar que participara en acciones bélicas durante la contienda ni en la represión ejercida durante la dictadura. “No tiene motivación suficiente”, se lee en el auto, “ya que en el año 1923-1924 el general tenía una plaza en Madrid reconocida con posterioridad a calle por su intervención en la Guerra de Filipinas, por haber sido fundador de la legión […] reconocimientos que no tienen que ver con la exaltación militar del levantamiento militar de la Guerra Civil y de la Dictadura”.

Esta sentencia, a la que se aferra el Ayuntamiento popular de Almeida (PP) para cambiar el nombre, se podía haber recurrido porque aún no era firme. “No se hizo porque era tan clara que el recurso no tenía sentido. Dejaba en evidencia la falta de rigor del anterior equipo de Gobierno”, explican fuentes cercanas al alcalde. El equipo jurídico que avaló esta tesis son funcionarios que aprobaron su plaza por oposición.

¿Podría haberse mantenido el nombre de la calle aun así? Sí. La ordenanza que regula los cambios de nombres en Madrid es muy clara. El equipo de Gobierno y las Juntas de distrito de cada barrio pueden proponer el cambio de nombre de cualquier vía madrileña. Es más, durante estos dos años de Gobierno de PP y Ciudadanos se han cambiado una plaza y dos calles que antes tenían otros nombres. La Plaza Saucedal, en Tres Olivos, se cambió por Plaza de Torcuato Fernández Miranda. Y tres cuartas partes de la calle de Orión en Barajas se modificó por la calle de Tomás Serrano, un antiguo concejal del PP ya fallecido.

“La única manera que había de parar la modificación de la calle era recurriendo. Y no quisieron porque no quieren ceder ante Vox”, opina el concejal de Más Madrid Miguel Montejo. “Entiendo que esta derecha no quería entrar en términos históricos”, subraya el edil del PSOE y portavoz de la Memoria Histórica Ramón Silva, “pero cientos de vecinos van a vivir de nuevo un cambio de calle. Además, con esto se denigra a una maestra prisionera, que se le prohibió ejercer su trabajo y cuyo único delito fue formar a alumnos. Se podría haber cambiado por vía ordinaria”.

El partido de Santiago Abascal presionó en el último pleno de junio a Almeida para que Millán Astray volviera cuanto antes al callejero. El PP respondió que sí, que se iba a cambiar este año. Los populares decidieron retirar la placa de la maestra Justa Freire este martes de agosto, probablemente pensando en que el ruido mediático sería menor. José Luis Martínez Almeida ha guardado silencio estos días. Se ha marchado de senderismo a hacer el Camino de Santiago. Manuela Carmena, sin embargo, ya opinó al respecto hace un par de años cuando, siendo alcaldesa, recibió el primer revés judicial: “Quizás podríamos haber cambiado las calles que consideráramos conveniente sin invocar la Ley de Memoria Histórica”.

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