La rebelión de las limpiadoras con peores sueldos de España: “Lo nuestro es esclavitud”

A las 1.800 trabajadoras de la limpieza en la provincia de Lugo les caducó su convenio en 2021, mientras luchaban en primera fila contra la pandemia y recibían palmaditas en la espalda por su labor esencial. Aquel acuerdo que regulaba su vida laboral ya las relegaba al furgón de cola de los sueldos en España: eran con sus colegas de Ávila las peor pagadas del sector. Ahora, con los bolsillos agujereados por la inflación, la patronal les ofrece una renovación que dejaría sus nóminas mensuales ...

A las 1.800 trabajadoras de la limpieza en la provincia de Lugo les caducó su convenio en 2021, mientras luchaban en primera fila contra la pandemia y recibían palmaditas en la espalda por su labor esencial. Aquel acuerdo que regulaba su vida laboral ya las relegaba al furgón de cola de los sueldos en España: eran con sus colegas de Ávila las peor pagadas del sector. Ahora, con los bolsillos agujereados por la inflación, la patronal les ofrece una renovación que dejaría sus nóminas mensuales por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), peor incluso que sus compañeras abulenses. Pese al esfuerzo que les supone para sus apretadas economías, llevan desde el pasado 16 de octubre en huelga indefinida, una protesta convocada por los sindicatos CIG, UGT y CC OO.

El salario anual de una trabajadora de la limpieza en Lugo es de 13.594 euros, 1.500 euros por debajo de los 15.120 del SMI de 2023. Los empresarios pretenden que cobren exactamente lo mismo en 2022 y un 4% más en 2023 (seguirían por debajo del salario mínimo), en 2024 y en 2025. El 95% del personal son mujeres y ocupan esa categoría laboral de limpiadoras, la más baja del convenio. Hay un porcentaje “altísimo” de contratos a tiempo parcial, una “precariedad terrible” y muchos hogares monomarentales que sobreviven exclusivamente con lo que ingresan estas mujeres, explica Asunción Castiñeira, del sindicato CIG, mayoritario en el sector. Isabel tiene una hija a su cargo y el sueldo que cobra no le llega, incluso sumándole la antigüedad que acumula desde 2007. Sobrevive gracias a la ayuda de sus padres. “Éramos muy importantes en la pandemia y ahora ya no importamos nada. Estuvimos al pie del cañón, las empresas triplicaron las ganancias y no nos dieron ni las gracias”, protesta.

Las empresas de estas trabajadoras, la mayoría multinacionales integradas en la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), son adjudicatarias de contratos públicos. Estas mujeres son las que mantienen limpios los colegios, los centros de salud, los juzgados, los centros sociales y buena parte de los edificios administrativos de Lugo. Cobran 4 euros por cada hora de trabajo y, como no les llega para vivir, muchas se ven obligadas al pluriempleo. Siguen limpiando por las tardes en casas particulares o buscan algún extra los fines de semana. “Tengo compañeras que trabajan 16 horas al día y llegan a casa reventadas. Lo nuestro es esclavitud”, denuncia Isabel. Conoce un caso de una colega que limpia un pabellón deportivo todos los domingos para ganar un poco más y por ese esfuerzo le pagan solo 82 euros al mes. “Este sector está en esta situación única y exclusivamente porque somos mujeres. La patronal no tiene consideración con el sector ni a la hora de hablar”, afirma Castiñeira.

El personal de limpieza de edificios y locales de Lugo lleva desde el 27 de junio esperando a que la patronal responda a su última propuesta. Reclaman un aumento del 5,7% para el 2022, que se correspondería con el IPC real; del 5,5% para el 2023; del 4% para el 2024; y del 3% para 2025. Ese silencio de cuatro meses de los empresarios, que reciben como un “desprecio”, es la chispa que ha encendido la huelga. Según los sindicatos, el seguimiento está siendo “masivo”, pero sus efectos no. La Xunta, gobernada por el PP, ha decretado unos servicios mínimos que las trabajadoras consideran “abusivos”. En la mayoría de los edificios son del 100%, critican las centrales, tal y como solicitó la patronal Aspel. “Nos ponen trabas por todas partes, no nos permiten ejercer nuestro derecho a la huelga. En los juzgados de Becerreá y Mondoñedo han puesto unos servicios mínimos del 100%. ¿Es esto razonable?”, critica Castiñeira. Su sindicato ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que asegura que profesorado y miembros de los equipos directivos de algunos colegios están limpiando los centros en lo que supone un “boicot a la huelga”.

Estas trabajadoras de Lugo lamentan que su lucha no haya recibido el apoyo de responsables políticos o de las administraciones en las que limpian pasillos y despachos, entre ellas el Ayuntamiento y la Diputación, en manos de coaliciones del PSOE y BNG, y el Gobierno central, con los socialistas y Sumar al frente. “Las administraciones son los principales clientes de estas empresas y deberían exigirles algo de responsabilidad en la negociación, pero miran para otro lado”, reprueba la representante sindical. “Son cómplices”, remacha Chus. La CIG ha elevado un escrito a la Consellería de Emprego e Igualdade de la Xunta solicitando que “no permita la actitud de la patronal” y que “como autoridad laboral” garantice que las empresas “cumplan con sus obligaciones legales” y pacten un convenio que “acabe con la realidad de que el trabajo de las limpiadoras esté infravalorado y peor pagado”.

La patronal está capitaneada por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), una entidad con sede en el barrio de Salamanca de Madrid que agrupa a algunas de las principales empresas españolas, entre ellas ACS, Acciona, FCC, Eulen, Ilunion, OHLA (antes OHL) o Sacyr. Lo admite la Asociación Provincial de Empresas de Limpieza de Edificios y Locales de Lugo, que declina dar su versión para este periódico porque “quien tiene la fuerza en la negociación es la [asociación] nacional”. Aspel no ha atendido el ofrecimiento de este periódico para que explique su postura.

La CIG señala que la agrupación provincial de empresas de limpieza está integrada por compañías pequeñas que “están desapareciendo porque las grandes empresas se quedan con todos los concursos públicos”. Estas multinacionales, añade, acuden a las negociaciones con unos “objetivos marcados desde Madrid” que plantean como inamovibles y que no tienen en cuenta las circunstancias de cada territorio. “Si en Madrid dicen que el incremento que se ofrece es de un 4%, de ahí no se mueven. Les da igual que seamos las que menos cobramos de España”, apunta Castiñeira. “Estas empresas tienen los beneficios que tienen a costa de nuestro trabajo”, remarca Chus. En los contactos que han mantenido hasta ahora, según explican las afectadas, la patronal les ha deslizado incluso que aspira a despojarlas de lo que cobran por antigüedad.

Las limpiadoras de Lugo se sienten “indignadas”, “abandonadas”, “discriminadas” y “despreciadas”, pero también con fuerzas para mantener el pulso con las grandes empresas que dominan el sector. La portavoz de la CIG advierte que no aceptarán en ningún caso la propuesta de la patronal de dejar sus sueldos por debajo del salario mínimo porque “ronda la ilegalidad”. Chus lo ve claro: “Nuestra situación es insostenible y estamos peleonas. No vamos a dar ni un paso atrás”.