La sombra de los antiguos manicomios que aún perdura en Galicia: 20 años en el psiquiátrico de Conxo por sufrir “retraso mental”

Entre las desconchadas paredes del psiquiátrico más antiguo de Galicia reside una paciente que lleva 20 años ingresada con un insólito diagnóstico: “retraso mental”. Es la mujer del hospital de Conxo, en Santiago de Compostela, que más veces ha sido inmovilizada en una camilla, con sus manos y pies atados con correas. Según admite la Consejería de Sanidad de la Xunta, ...

Entre las desconchadas paredes del psiquiátrico más antiguo de Galicia reside una paciente que lleva 20 años ingresada con un insólito diagnóstico: “retraso mental”. Es la mujer del hospital de Conxo, en Santiago de Compostela, que más veces ha sido inmovilizada en una camilla, con sus manos y pies atados con correas. Según admite la Consejería de Sanidad de la Xunta, esta discapacitada intelectual fue sometida entre 2019 y 2021 a más de 30 contenciones mecánicas, una práctica que la ONU pidió erradicar ya en 2013 porque “puede constituir tortura y malos tratos”. Al menos hasta solo hace un año, ella dormía de forma permanente en una sala de inmovilización, tendida sobre una cama con cuerdas, según descubrió con disgusto un equipo de inspectores del Defensor del Pueblo que entró en el sanatorio.

La institución encargada de velar por los derechos fundamentales de la ciudadanía ante las administraciones públicas lleva cinco años investigando lo que ocurre en este centro hospitalario de la Xunta, donde residen unos 180 internos. Pidió explicaciones hace un año al Gobierno gallego por la controvertida reclusión de esta mujer y de otras 10 personas con discapacidad intelectual, algunas también ingresadas durante “muchos años”. Según informa el Defensor del Pueblo, no obtuvo respuesta, por lo que a principios del pasado septiembre reiteró su requerimiento. Preguntada por este periódico, la Consejería de Sanidad justifica la larga estancia de estas personas en Conxo “por trastornos conductuales graves que en algunas ocasiones presentan las personas con discapacidad intelectual, lo cual se denomina psicosis injertada”.

La consejería alega que la situación clínica de estos internos “dificulta mucho” hallar un centro sociosanitario que “se adapte a su alta necesidad de atención, cuidados y tratamiento”. ¿Cómo es posible que no se les haya encontrado una alternativa en 20 años? Este departamento responde que los “recursos específicos” con los que cuenta la Xunta para estas personas “están creciendo en número de plazas”, pero “sigue siendo necesario incrementar su número”.

Las 110 plazas que hay en Galicia para atender a los discapacitados intelectuales que sufren alguna enfermedad mental o un trastorno de conducta son insuficientes y las familias se quejan de que están mal atendidas desde el punto de vista sanitario. “Son plazas en centros sociosanitarios, pero se quedan en socio”, lamenta Antonio Fuentetaja, gerente de Fademga,la federación gallega que agrupa a 41 entidades de apoyo a estos discapacitados. Explica que faltan psiquiatras especializados que puedan diagnosticar y tratar adecuadamente a este tipo de pacientes. Sobre la situación de la mujer que lleva en Conxo 20 años y sufrió 30 contenciones mecánicas entre 2019 y 2021, considera que “después de tanto tiempo, está claro que algo falla”: “Las contenciones mecánicas, tanto las físicas como las farmacológicas, tienen que ir con un estudio y un contraste de que funcionan. Son muchos años para no haber encontrado una respuesta alternativa”.

“Ciudad sin ley”

La reclusión de este grupo de discapacitados intelectuales no es la única preocupación del Defensor del Pueblo en relación con el psiquiátrico de Conxo. La entidad que encabeza Ángel Gabilondo mantiene tres expedientes abiertos sobre el hospital, un edificio obsoleto en el que 45 años de democracia no han logrado borrar del todo los horrores de los manicomios. La lentitud del Gobierno gallego en responder a sus preguntas y poner en práctica sus recomendaciones ha sido la tónica desde hace cinco años, después de que en noviembre de 2017 varios inspectores del Mecanismo de Prevención de la Tortura entraran por sorpresa en el centro.

Recorriendo los pasillos de Conxo y buceando en sus archivos, aquel equipo dependiente del Defensor del Pueblo se encontró con un buen número de irregularidades. Entre otras, sobremedicaciones, enfermos ingresados durante medio siglo o un total descontrol en las contenciones mecánicas: se ataba a los pacientes sin las más elementales medidas de seguridad, como camas ancladas al suelo, grabación con cámaras de vigilancia o un registro informático de las circunstancias de la inmovilización. Desde entonces, la institución no le ha quitado ojo a Conxo y en julio y octubre de 2021 sus inspectores realizaron otras dos visitas.

Los técnicos del defensor comprobaron que las condiciones en las que se ataba a los pacientes no habían cambiado prácticamente nada en cuatro años y certificaron la persistencia de graves deficiencias en las instalaciones, déficit de personal y falta de protocolos y controles que garanticen un trato reglado y transparente a los enfermos. Recogieron incluso el testimonio de una paciente que había denunciado haber sufrido una agresión sexual sin que los responsables del hospital acudieran a la justicia para que se abriera una investigación.

La Consejería de Sanidad de la Xunta defiende que en los últimos meses ha dado pasos para cumplir con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. En octubre de 2021 se aprobaron unas instrucciones para regular las inmovilizaciones de pacientes en todos los centros del Servicio Gallego de Salud (Sergas) y el pasado mayo, asegura, se empezaron a registrar digitalmente las que se realizan en Conxo. Según los datos aportados por este departamento, entre mayo y octubre fueron atados de pies y manos 14 pacientes de este psiquiátrico “por situaciones de urgencia, de agitación extrema y fracaso de medidas terapéuticas y de contención verbal”. Los representantes sindicales de los trabajadores y el Movimiento Gallego por la Salud Mental, una plataforma que lleva años reclamando mejoras para Conxo, coinciden en que las nuevas normas no han sido divulgadas entre el personal, que tampoco ha recibido formación.

El Defensor del Pueblo está a la espera de que el Gobierno gallego le documente que ha acabado con la falta de control de las contenciones mecánicas. Lo que le ha comunicando ya la Xunta es que no piensa atender otra de sus demandas en este sentido: rechaza su recomendación de registrar las posibles lesiones que sufra un paciente durante las inmovilizaciones, pese a que así lo recomiendan la Fiscalía General del Estado y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. “Esta es una ciudad sin ley, llevan toda la vida improvisando”, lamenta Irene Tato, portavoz del sindicato CIG, mayoritario en la sanidad pública gallega.

El hospital psiquiátrico de Conxo fue fundado por la Iglesia en 1885 en un monasterio medieval y su última gran remodelación data de principios de los ochenta, antes incluso de que se aprobase en 1986 la ley que reformó la psiquiatría y puso fin a los antiguos manicomios y a los encierros de por vida. Para combatir el frío y las humedades que invaden el pabellón donde residen los pacientes, unas condiciones que el Defensor del Pueblo tachó de “insalubres”, la Xunta anunció una reforma integral que no llega. Este año se han destinado 345.000 euros para la “humanización de los espacios”, informa el Gobierno gallego, con mejoras en salas de trabajo del personal, en el gimnasio, en la peluquería y en unidades de rehabilitación. Para Tato, se trata de “parches” insuficientes para adecentar el edificio.

El personal denuncia que rehabilitarse en Conxo es una quimera debido a la falta de medios. Los inspectores del Defensor del Pueblo hallaron en 2017 a pacientes que llevaban hasta 50 años ingresados en el psiquiátrico (la estancia media en España es de ocho meses, según datos de 2020). No fue hasta marzo de 2021 que la Xunta puso en marcha un programa sociosanitario para buscarles a estas personas un centro “más adecuado”. En el último año, explica la Consejería de Sanidad, se le ha dado el alta a 24 de los 117 ingresados en la unidad de larga estancia. De estos pacientes, 14 fueron derivados a residencias de mayores, 6 a domicilios y el resto a pisos de protección o viviendas comunitarias.

Sin rehabilitación

Los sindicatos reprochan que esta unidad encargada de evaluar los traslados y vigilar que los enfermos estén adecuadamente atendidos en su nuevo hogar está formada solo por un psiquiatra y una enfermera. Tuvo que cerrar en verano por vacaciones y bajas de sus miembros, añaden. “El problema de estos traslados es que en Conxo no hay rehabilitación y esos pacientes son pacientes cronificados para los que no hay centros especializados que los atiendan en condiciones”, critica Irene Tato. En su última visita a Conxo, el Defensor del Pueblo detectó que solo el 9,6% de los residentes tenían acceso a actividades de rehabilitación e intervención psicoterapéutica y que apenas un 23% asistía a talleres ocupacionales y fisioterapia. La Xunta sostiene que esas cifras se explican por las restricciones de la pandemia y que actualmente asisten a estas actividades más del 80% de los internos.

La psicóloga Rosa Cerqueiro, portavoz del Movimiento Gallego por la Sauld Mental, reprocha a la Xunta su “falta de diligencia” con este hospital psiquiátrico. Señala que después de cuatro años “perdidos” la Consejería de Sanidad ha empezado en 2022 a “ponerse las pilas pero de forma muy paulatina” y sin abandonar del todo “las respuestas vagas y ambiguas” y la falta de información. La portavoz sindical Irene Tato cree que la gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) “saca cuatro papelitos” para intentar contentar al Defensor del Pueblo, pero “a la hora de llevarlos a la práctica no hay resultados”. Pese a algunas incorporaciones, se arrastra un importante déficit de personal, incide.

Además de la rehabilitación integral del pabellón de residentes, siguen quedando asignaturas pendientes para que Conxo dignifique el trato a sus pacientes. En su visita de hace un año, los inspectores del Defensor del Pueblo descubrieron que en este psiquiátrico se aplica a los enfermos el llamado “castigo a pijama”. Consiste en una “sanción informal” que impide a los pacientes en régimen cerrado vestir su propia ropa y los obliga a llevar puesto día y noche el pijama hospitalario. La Xunta ha aceptado erradicar esta práctica, pero, según la institución con sede en Madrid, aún no lo ha cumplido.