Castilla y León, el bastión más inexpugnable de la derecha

“Van a estar más tiempo que Franco”, constataba días atrás, en un mitin junto a Pedro Sánchez, el exalcalde socialista de Burgos Daniel de la Rosa. En realidad, ya lo han estado: el próximo 28 de julio se cumplirán 39 años desde que un inspector de Hacienda madr...

“Van a estar más tiempo que Franco”, constataba días atrás, en un mitin junto a Pedro Sánchez, el exalcalde socialista de Burgos Daniel de la Rosa. En realidad, ya lo han estado: el próximo 28 de julio se cumplirán 39 años desde que un inspector de Hacienda madrileño de nombre José María Aznar alcanzó la presidencia de la Junta de Castilla y León al frente de un partido que aún se llamaba Alianza Popular. Desde ese 1987 han desfilado cuatro presidentes más, todos con carné del ya rebautizado como Partido Popular. Y ni mucho menos se les puede comparar con Franco: a ellos los encumbró el voto ciudadano. El último es Alfonso Fernández Mañueco, al que las encuestas sitúan como favorito para revalidar la presidencia en una tercera legislatura, aunque muy lejos de las avasalladoras mayorías absolutas de los años noventa, cuando más de la mitad de los afluentes a las urnas en las nueve provincias de la región depositaba una papeleta con el logotipo de la gaviota.

El sistema autonómico ofrece muchos ejemplos de larguísimas hegemonías políticas: el mismo PP en Galicia, el PNV en el País Vasco o el PSOE en Castilla-La Mancha y antes en Andalucía y Extremadura. Pero nadie encadena una sucesión de mandatos sin interrupción como el de los populares en Valladolid, sede central administrativa de la comunidad más extensa de España, sin una capital declarada para no azuzar las tensiones territoriales. Si las encuestas no fallan estrepitosamente, el próximo 15-M el PP podrá prolongar su estancia en el poder, siempre con permiso de Vox.

“Nos dan lecciones de democracia quienes perdiendo están en el Gobierno”, denunciaba la pasada semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en uno de sus habituales ataques a Sánchez, durante un mitin junto a Mañueco en Ávila. Feijóo olvidaba que también su partido logró permanecer en el Gobierno en Valladolid tras haber perdido unas elecciones. Sucedió en 2019, cuando, por primera vez en 32 años, los socialistas superaron por más de tres puntos al PP. Mañueco, que se estrenaba como candidato, lo salvó gracias a eso que su jefe de filas llama un “pacto de perdedores”.

“¿Por qué el PP lleva gobernando 39 años? Por mi culpa”. Francisco Igea parece hablar medio en broma, medio en serio. Es cierto que él tuvo en su mano romper esa hegemonía en 2019, cuando, al frente de Ciudadanos, consiguió hacerse con la llave de la mayoría en las Cortes regionales. Su intención era facilitar la alternancia en cumplimiento de las promesas de su partido de “regeneración democrática”. La dirección nacional se lo impidió. “Estaban más interesados en matarme a mí que en cambiar nada”, recuerda Igea, que se había impuesto en las primarias internas a la candidata oficial. Él aceptó para evitar la ruptura del partido y ejerció durante cuatro años de vicepresidente de Mañueco hasta que este lo expulsó del Gobierno. “No solo desapareció el partido, desapareció el espacio político de centro liberal y progresista”, lamenta el exvicepresidente y solitario diputado en las Cortes ahora disueltas. Algo parecido a lo que le ocurrió mucho antes al Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez. Tras obtener un gran resultado en 1987, se encontró con un empate a escaños entre AP y PSOE, con ligera ventaja de votos del primero. Sostuvo el Gobierno en minoría de Aznar . Cuatro años después, perdió más de la mitad de sus votos.

Hay un hecho irrefutable: la comunidad, sobre todo la vieja Castilla, tiene un histórico ADN conservador. Según el CIS, en la escala de 0 a 10, de izquierda a derecha, los ciudadanos de sus nueve provincias se autoubican en una media de 5,39. El promedio nacional es de 4,68. En Ávila llega al 6,1. Solo en León parece pervivir algo del rastro de las viejas luchas mineras y la provincia se inclina ligeramente a la izquierda con un 4,85. Pero la fuerza emergente allí es un partido regionalista, la Unión del Pueblo Leonés.

Todo viene de muy atrás. “Las élites de la derecha siguen siendo las mismas que en el siglo XIX”, ilustra Ángel Martín, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. “Aquí no tiene un peso histórico el conflicto”, agrega su compañero Víctor Gago, investigador de la misma Universidad. “Sigue siendo muy importante el sector primario y, a diferencia de Andalucía o Extremadura, donde la propiedad de la tierra era latifundista y eso creó un proletariado agrario, aquí lo que ha primado es la pequeña propiedad”. Ese ecosistema en que se gesta el conservadurismo, remacha, se ha agravado con el declive demográfico y el envejecimiento de la población.

Sobre ese territorio aún con una fuerte impronta rural, ha echado raíces el PP. Ha tejido una red de alcaldes de pequeños municipios en la que, además del poder de la Junta, juegan un papel decisivo las diputaciones como suministradoras de obras y servicios. “Han logrado crear una relación de confianza, de dependencia institucional”, resalta Gago, hasta consolidar una “hegemonía administrativa poco proclive al conflicto”. Frente a la tumultuosa política de otros territorios, prima la “baja intensidad emocional” y en ese clima “el PP lo sabe hacer muy bien” con un discurso conciliador, alejado de lo estridente. En ese aspecto, hasta sus rivales políticos reconocen la figura de Juan Vicente Herrera, presidente entre 2001 y 2019.

Estamos en una “autonomía Frankenstein”. La metáfora la esgrime el sociólogo Ángel Martín para ilustrar la enorme diversidad territorial, con una parte, León, donde pervive una arraigada pulsión separatista. Un mosaico con un escuálido sentimiento autonómico, en el que más un tercio de los encuestados en 2022 por 40dB. abogaba por suprimir la comunidad. El PP ha logrado un “control del territorio” que Martín describe en términos más crudos: el viejo y nunca erradicado clientelismo rural. “Si te sales del carril o estás en los márgenes, vas a tener problemas con tu empresa, te vas a quedar sin subvención, sin empleo público...”, detalla. Y lo extiende a los medios de comunicación, muy mayoritariamente alineados con el poder, asegura. La prueba principal, una televisión autonómica concedida a una compañía privada cuyos accionistas son dos constructores condenados por corrupción, Antonio Méndez Pozo y José Luis Ulibarri.

El cuadro quedaría incompleto sin los errores de la izquierda. Un PSOE atravesado por habituales guerras intestinas y sin estabilidad en su liderazgo. “En el tiempo que el PP ha tenido cuatro líderes, por el PSOE han pasado diez”, reseña Gago. “Los socialistas también han sido muy conservadores, no han presentado una verdadera alternativa más allá de denunciar la corrupción”, abunda Igea. Hace un año, el PSOE relevó a Luis Tudanca, candidato en las dos últimas elecciones. Ahora apuesta por alguien que logró abrir su propio espacio de poder en un mundo tan volcado a la derecha: Carlos Martínez, alcalde de Soria desde hace 19 años tras mantener una mayoría aplastante en las últimas elecciones, con el 48,5% de los votos. El reto de Martínez es aprovechar la campaña para darse a conocer fuera de su provincia, donde alrededor del 40% de los encuestados por el CIS dicen no saber quién es. Este jueves tendrá una gran oportunidad en el primer debate en TVE.

Cuando en 2015 Izquierda Unida (IU) logró por sorpresa la alcaldía de Zamora, corrieron las apuestas sobre cuánto tiempo duraría. Siete años después, ahí sigue “en esta ciudad poco sospechosa de ser de extrema izquierda”, como apunta el alcalde, Francisco Guarido. En 2019 hasta alcanzó la mayoría absoluta. Ahora gobierna con el PSOE. Una auténtica aldea gala, aunque al regidor no le guste la comparación, en medio de una provincia en que la suma del PP y Vox se acercó al 58% en las elecciones generales de 2023.

“Llegamos porque conseguimos que nuestro trabajo en la oposición calase entre la gente”, explica Guarido. “Y todo ha ido mucho mejor de lo esperado. Incluso sin renunciar a medidas claramente de izquierdas”. Entre ellas cita decisiones sobre la memoria histórica, como el cambio al nombre de algunas calles todavía con resabios franquistas o la retirada de honores a miembros de la dictadura, como la medalla a Franco, “en algunos casos con apoyo del PP”. También separó “absoluta y radicalmente” al equipo de gobierno de las conmemoraciones de la Semana Santa. Rompió costumbres de sus antecesores y, aun así, asegura, ni los responsables de la celebración religiosa se incomodaron: “Se pueden hacer cosas significativas si se hacen bien, con prudencia y sin grandes alharacas. Aquí hemos logrado además que todo el mundo se trate con respeto en el Ayuntamiento, los del PP y también los de Vox”.

El inesperado éxito municipal de IU apenas ha tenido traducción en otro tipo de comicios. Guarido cita como un factor en contra la alianza con Podemos, de la que él nunca quiso participar y que para estas autonómicas se ha roto. Y también saca a relucir el clientelismo. “El PP tiene a todos los medios de comunicación comprados”, denuncia sin rodeos. “Las diputaciones, con sus planes de obras, son una fábrica de votos, un caciquismo inexpugnable. Y es que las comunidades autónomas y las diputaciones viven del cuento. No tienen tributos, como tenemos los ayuntamientos. Solo viven de repartir dinero”.

Si se cumplen las encuestas, Mañueco volverá a ser presidente después del 15-M y aspirará a estirar los mandatos del PP ya camino del medio siglo. Aunque eso puede ser solo la superficie. Por debajo, parece dudoso que la hegemonía de los populares permanezca incólume. Ángel Martín y Francisco Igea coinciden en darla por rota ante la fuerza de la irrupción de Vox, que ya hace cuatro años se acercó al 18% de los votos. “Mañueco ya no representa el voto conservador como lo representaba Herrera”, sentencia el exvicepresidente. La ración de conservadurismo espera por un nuevo ingrediente. Mucho más indigesto.