Trias y Colau apremian a Collboni para pactar en Barcelona, una vez cerrada la investidura de Sánchez
El Gobierno municipal también pide a Junts y los comunes que aclaren el futuro de sus líderes y equipos en el Ayuntamiento
Cerrado el pacto de investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, ha llegado la hora de que las cosas se comiencen a mover en el Ayuntamiento de Barcelona, donde Jaume Collboni gobierna con solo 10 concejales de 41. Primero fue el pacto de los socialistas con Sumar (espacio del que forman parte los comunes, liderados por la ex alcaldesa ...
Cerrado el pacto de investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, ha llegado la hora de que las cosas se comiencen a mover en el Ayuntamiento de Barcelona, donde Jaume Collboni gobierna con solo 10 concejales de 41. Primero fue el pacto de los socialistas con Sumar (espacio del que forman parte los comunes, liderados por la ex alcaldesa Ada Colau). Luego con Junts, cuyo jefe de filas en el Ayuntamiento es Xavier Trias. Dos pantallas que había que superar antes de negociar un acuerdo que dé estabilidad al consistorio barcelonés. De hecho, tanto Colau como Trias ya se marcharon de vacaciones, en julio pasando, exigiendo al actual alcalde que decidiera con cuál de los dos quiere pactar. Desde entonces no se han cansado de echarle en cara su debilidad y que no logre apoyo ni para las ordenanzas fiscales ni para el presupuesto. Este lunes volvieron a hacerlo, apremiando a Collboni a pactar. En octubre, al final del pleno y vista la falta de apoyos, el alcalde se abrió a negociar en paralelo las cuentas y un acuerdo de gobierno para evitar el bloqueo de la maquinaria de la ciudad.
Por parte de los comunes, su portavoz, Jordi Martí Grau, disparó antes incluso de ser preguntado por la cuestión en la comparecencia previa a las comisiones de plenario de la semana. “En el orden del día no hay informes ni medidas de Gobierno y en la parte ejecutiva prácticamente no hay nada. Continuamos teniendo un Gobierno provisional incapaz de gobernar: se limita a administrar y se nota. Su falta de capacidad y agendas a tope hacen que se resienta la acción de Gobierno”, afirmó Martí Grau tras recordar que el ejecutivo lleva 150 días al frente de la ciudad y no tiene ordenanzas ni presupuesto aprobados.
El portavoz recordó que los comunes “siempre” han “defendido un Gobierno de izquierdas entre PSC, comunes y Junts”, pero lamentó que “pese a conversaciones informales, no hay ningún avance que haga pensar que se acerca”. Al revés, lamentó tras el acuerdo sobre las terrazas entre Junts y el PSC: “Apunta a la imagen de un pacto sociovergente”. Los comunes incluso han presentado a Collboni sus exigencias en vistas a una coalición. “Ojalá abra perspectivas”, zanjó tras celebrar el pacto para llevar a Sánchez de nuevo a la presidencia.
También el portavoz de Junts, Jordi Martí Galbis, aseguró que esperan una llamada de Collboni que no llega: “Un acuerdo de investidura clarifica el escenario del Estado: si tiene efecto concreto en Barcelona, lo veremos en los próximos días. Le corresponde al PSC iniciar conversaciones y clarificar. Nosotros estaremos si hay un al cambio respecto a los últimos ocho años [los mandatos de Colau]. Si no, estaremos hasta 2027 en la oposición, preparados para ganar de nuevo las elecciones”.
Desde el Gobierno aseguran que siempre ha habido conversaciones informales con Junts y los comunes, aunque piden también que las dos formaciones aclaren cuál será su futuro e interlocutores: tanto Trias como Colau aseguraron que abandonarían el Ayuntamiento y siguen liderando sus respectivos grupos municipales. También está por ver qué pasará en las filas republicanas, donde la semana pasada la portavoz Elisenda Alamany abrió el melón sobre el relevo del veterano Ernest Maragall. Las mismas fuentes del ejecutivo recuerdan que Collboni siempre ha afirmado que su prioridad es “un acuerdo progresista con los comunes y ERC”, que sumarían una mayoría holgada, de 24 concejales.
En ERC, la portavoz Alamany también apremió a Collboni a mover ficha, aunque no reveló cual es la postura de los republicanos ante un eventual pacto. “Quien debe decidir sobre negociaciones de Gobierno es el PSC”, dijo y no perdió la ocasión de insistir en que, a su juicio, el PSC ha virado hacia la derecha tras los votos del PP en su investidura. “Si esta mayoría marcará este mandato, no es bueno para Barcelona, no se puede permitir cuatro años de un gobierno que dependa del PP”, dijo. Por parte del PP, el concejal Juan Milián observó el Gobierno de Collboni como “un pollo sin cabeza que no sabe adónde va: no saben si quieren pactar con la derecha independentista de Trias o con la izquierda extrema de Colau”.
Las entidades de vivienda defienden el 30%, mientras los partidos critican sus resultados
Las entidades que promovieron la obligación de que los promotores de Barcelona destinen un 30% de los pisos que construyen a vivienda social denunciaron este lunes que el Ayuntamiento quiera frenar la medida, sobre la que ha encargado a un grupo de expertos cómo reformularla para que sea más efectiva. Hasta la fecha, después de cuatro años, solo se han terminado ocho pisos sociales en dos promociones. Colectivos como la PAH, la FAVB o el Sindicato de Inquilinos presentaron la campaña "Contra la especulación, defendemos el 30%" y acusaron al alcalde Jaume Collboni de "buscar favorecer los intereses de las inmobiliarias desactivando el 30%".
Vistos los resultados, Junts, que recordó que apoyó la reforma urbanística que impone el 30%, valoró de "ridículos" los resultados, y criticó que nunca se ha convocado la comisión de seguimiento. "Hablaron de 320 pisos sociales al año y son ocho en cuatro años. Hay que pedir explicaciones a quienes nos engañaron y asumir responsabilidades y su fracaso", criticó el concejal Jordi Martí Galbis. Desde ERC, Eva Baró recordó que la norma tuvo el apoyo del 80% del pleno, pero se mostró partidaria de "explorar correcciones para que genere la VPO por la que se creó". En el PP, Juan Milián habló de "fracaso absoluto" y apostó por "ser pragmáticos y eliminar la norma".
La titular de Vivienda en el mandato pasado, Lucía Martín, valoró que la medida "no ha entrado en vigor en toda su potencialidad hasta comienzos de 2023" y que "teniendo en cuenta esto y el boicot activo del sector privado, hay que dejar que se desarrolle". Además, pregunta al sector inmobiliario "qué alternativa ha planteado la iniciativa privada para hacer vivienda asequible en el centro".
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