La cola para la tarjeta que permite comprar comida o ropa: el 8% de los menores de Barcelona la recibe
Los menores de 0 a 16 años que perciben la ayuda municipal para comprar productos de primera necesidad aumentan un 10,8% en un año, hasta los 18.500
La cola ante la oficina de prestaciones del Ayuntamiento de Barcelona ha sido abundante las últimas semanas, algunos días con decenas de personas. En la acera de la calle de Aragó, en pleno Eixample, se juntan familias con pocos recursos que acuden a recoger la tarjeta del fondo de infancia 0-16, una “prestación económica de urgencia” [denominación oficial] de 100 euros mensuales para comprar productos de primera necesidad (co...
La cola ante la oficina de prestaciones del Ayuntamiento de Barcelona ha sido abundante las últimas semanas, algunos días con decenas de personas. En la acera de la calle de Aragó, en pleno Eixample, se juntan familias con pocos recursos que acuden a recoger la tarjeta del fondo de infancia 0-16, una “prestación económica de urgencia” [denominación oficial] de 100 euros mensuales para comprar productos de primera necesidad (comida, ropa o material escolar). Pero en la cola también hay otras familias que han solicitado la ayuda, se la han denegado y la van a reclamar. La ayuda, creada por el exalcalde Xavier Trias en 2015, se ha convertido en un sustento imprescindible para 18.500 menores de la ciudad, el 8,3% de los niños de 0 a 16 años. Este año se han otorgado mil tarjetas más que el año pasado (un alza del 10,8%), un incremento que muestra que los servicios sociales responden, pero también que la situación sigue siendo muy complicada para las familias vulnerables de la ciudad. El 34% de los niños de la ciudad está en riesgo de pobreza.
“La gente no ha levantado cabeza de la pandemia: del impacto de los ERTE, la pérdida de empleo para colectivos que trabajan en la economía sumergida en restaurantes, cuidando mayores… y no ingresaron nada en meses. Los usuarios están más empobrecidos y con la inflación y la crisis de la vivienda sufren más que las rentas medias”, indica una trabajadora social que pide anonimato. Y alerta de las dificultades de las familias pobres sin competencias digitales para conseguir cita presencial para otras ayudas como el ingreso mínimo vital. “Verás cuando se levante la moratoria de desahucios, es una barbaridad”, avisa.
Las familias que este martes aguardaban en la cola explicaban lo trascendental que es la ayuda del fondo de infancia en sus casas. Pueden solicitarla familias que, en el caso de cuatro miembros, no superen los 17.927 euros. Son 100 euros el primer hijo, 75 el segundo y 50 a partir del tercero. En el caso de las familias monomarentales son 100 euros más. Pero solo durante seis meses al año. Teóricamente, de julio a diciembre, un cambio que introdujo el equipo de la alcaldesa Ada Colau, porque en origen la ayuda era todo el año. El consistorio argumenta que así llega a más familias. El martes todavía no se habían cargado fondos a las tarjetas. Ocurre casi todos los años, explican fuentes de servicios sociales: lo que hace el Ayuntamiento entonces es repartir los atrasos en los meses que quedan de prestación. El primer pago llegó finalmente el miércoles.
“Con la tarjeta compramos cosas básicas pero que suponen un extra: bambas, camisetas, calzoncillos… porque con dos chavales de 10 y 16… ¿Tú sabes lo que comen? Y lo caro que está todo: una botella de aceite de marca blanca más de cinco euros, ¿pero de qué van?”, se queja Silvia, madre sola del barrio de la Trinitat Vella que hace siete años que recibe la ayuda. Estaba en la cola porque este año le han denegado la de uno de sus hijos. “¿Qué hago, le digo que no come?”, preguntaba enfadada.
Irene, de Roquetes, acudía a buscar las tarjetas de dos nietos: “Está todo carísimo, solo nos faltaba que en el colegio pidan fruta de desayuno, antes nos apañábamos con pan de molde y fuagrás de lata”. A su lado, Dumitra, con tres hijos (una de nueve años y unos gemelos de seis), reclamaba la de la niña y de uno de los dos pequeños. “Me piden el padrón, cuando vivimos todos juntos”, lamentaba. También vive en un barrio empobrecido de la periferia. Como Aurora, la solicitó por primera vez en julio: tiene cuatro hijos y desde la pandemia está en paro. Trabajaba en un centro de acogida que cerró porque la empresa, cuenta, quebró. Le denegaron la ayuda argumentando que no había facilitado datos de padrón. Cuando sí lo hizo. En la oficina le respondieron que le dirán algo en tres meses. “¡Será en enero! Este año ya no tengo la ayuda”. Julia, de Sants, embarazadísima, y solo con los ingresos de 1.200 euros que cobra su marido, sentada en un banco, celebraba tener la tarjeta por primera vez: “Supondrá mucho para nosotros, con tres hijos y el que llega, nos ayudará con la comida y la ropa”.
Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales indican que este año se ha denegado el 27% de las solicitudes por motivos como no ser atendido por los servicios sociales, no estar empadronado desde el 1 de enero en la ciudad, no cumplir con los requisitos de ingresos o no acreditar la condición de monoparental. Las mismas fuentes subrayan que se han otorgado un 30% más de ayudas respecto a 2019, porque se ha ampliado el ámbito de atención social, incluyendo, por ejemplo, a usuarios del SAIER (el Servicio de Atención a Inmigrantes, Migrantes y Refugiados). También una campaña de difusión y facilitar el proceso “puede haber ayudado a la incorporación de nuevas familias perceptoras”.
Esta misma semana Càritas Barcelona presentó un estudio basado en una encuesta a familias vulnerables con hijos cuyo resultado indicaba que el 66% de los progenitores atendidos “viven sufrimiento psicoemocional”, y que en el caso de los niños y adolescentes, son el 60%. En ambos casos, es el triple que el resto de la población. El director de Càritas Barcelona, Salvador Busquets, indicó que también las entidades han aumentado las tarjetas monedero que tienen “para ayudas genéricas”. “Es fruto de la crisis que estamos viviendo”, aseguró, y en el caso del fondo de infancia municipal apuntó a que su necesidad se explica por los elevados precios de la vivienda que impactan en las familias en pobreza severa y por el mercado de trabajo “que penaliza a las personas que están en situación administrativa irregular en estos momentos, sumado a la precariedad”.
Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal