La derecha se vuelca con la manifestación en Barcelona en defensa del castellano en las aulas

La plataforma Escuela de Todos —que agrupa en Cataluña a diferentes entidades que rechazan el modelo de inmersión lingüística, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Societat Civil o Impulso Ciudadano— ha convocado este domingo una manifestación en Barcelona para reclamar, como sintetiza su lema, que el “español sea también vehicular” en la escuela. Es dec...

La plataforma Escuela de Todos —que agrupa en Cataluña a diferentes entidades que rechazan el modelo de inmersión lingüística, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Societat Civil o Impulso Ciudadano— ha convocado este domingo una manifestación en Barcelona para reclamar, como sintetiza su lema, que el “español sea también vehicular” en la escuela. Es decir, que se imparta en castellano alguna asignatura, más allá de la de Lengua Castellana. Los convocantes han organizado la marcha tras la aprobación en el Parlament de la nueva ley de uso de lenguas oficiales, que sigue considerando el catalán como única lengua vehicular aunque por primera vez califica al castellano como “lengua curricular”. Ese nuevo estatus comporta que el castellano pueda usarse en materias distintas a la de Lengua Castellana, algo que queda a criterio de los centros en función de la realidad sociolingüística de cada uno. Con esa ley —en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ve “indicios de inconstitucionalidad”—, la Generalitat ha evitado por el momento cumplir la sentencia que obligaba a garantizar la condición de vehicular del castellano impartiendo un mínimo del 25% de clases en esa lengua. El PP, Ciudadanos y Vox se han movilizado para dar apoyo a la marcha.

Escuela de Todos decidió organizar en junio la movilización, después de que el Parlament —con el apoyo de los partidos independentistas, En Comú Podem y el PSC, que suman 106 de los 135 diputados— aprobara la nueva norma y de que el Gobierno catalán impulsara un decreto-ley en la misma dirección. La convocatoria se asentó una vez que la coordinadora de entidades constató que el Gobierno de Pedro Sánchez no recurriría la ley al Tribunal Constitucional —lo que podría haber paralizado su aplicación—, tras exponer esa posición en la mesa de diálogo con la Generalitat. Después de la aprobación de la ley en el Parlament, el TSJC concluyó que la sentencia del 25% es por el momento inaplicable y la elevó al Tribunal Constitucional para que dictamine si la Generalitat ha incurrido en un “fraude de ley” con el fin de burlar el cumplimiento de la sentencia.

El PSC defiende la nueva ley, por lo que no respaldará la manifestación. Los socialistas aducen que, por primera vez, el castellano va a tener la categoría de “lengua de aprendizaje”. “Los planes lingüísticos se aplicarán en función de la realidad sociolingüística de cada centro”, afirman fuentes del partido. Los convocantes subrayan, sin embargo, que la Generalitat “no respeta el ordenamiento jurídico y las múltiples sentencias” del Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Cataluña que, desde hace más de 30 años, establecen que el castellano debe ser “vehicular”.

A la marcha asistirán Cuca Gamarra, número dos del PP; Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos; y Santiago Abascal, líder de Vox. Alberto Núñez Feijoo ha excusado su asistencia al coincidir la manifestación con una reunión interparlamentaria del PP en Toledo. Además, la marcha cuenta con el apoyo de los escritores Félix de Azúa y Mario Vargas Llosa; el dramaturgo y actor Albert Boadella; el filósofo Fernando Savater, y el economista Gonzalo Bernardos. La plataforma convocante ha explicado que se han fletado siete autocares: dos desde Alicante, uno de Madrid, otro de Zaragoza y uno por cada provincia catalana. La marcha partirá desde Arc de Triomf y acabará junto al Parc de la Ciutadella. A pesar de la presencia de líderes políticos, la pancarta principal la portarán familias que han solicitado el 25% de castellano en los colegios de sus hijos.

Uno de estos padres es Jordi López, del Prat de Llobregat. A su hijo mayor le diagnosticaron problemas de aprendizaje y los expertos, señala, le aseguraron que su hijo avanzaría más en la escuela si la enseñanza fuera en su lengua materna, el castellano. Después de pensarlo mucho, decidió recurrir a la AEB (de la cual actualmente es vocal) para reclamar por vía judicial el 25% de castellano para sus dos hijos. “Nos costó tomar la decisión. Sabíamos que causaría rechazo en el colegio”, explica. Los jueces se lo concedieron hace un año para el menor, y a finales del curso pasado para el hijo mayor. Sin embargo, al inicio de este curso el departamento de Educación de la Generalitat ordenó a los colegios que dejen de aplicar el 25% porque, a su juicio, entra en contradicción con la nueva ley. En la clase del hijo mayor de López, por tanto, ha dejado de aplicarse la medida; el hijo menor la mantiene porque su escuela ha preferido no atender la orden de la Generalitat hasta tener una notificación judicial.

La cifra del 25% de castellano en las aulas catalanas la fijó por primera vez el Tribunal Superior de Cataluña en 2014. Hasta entonces, varias sentencias del Constitucional y el Supremo habían obligado a la Generalitat a cambiar el modelo para garantizar que el castellano, y no sólo el catalán, fuera vehicular, pero sin establecer cómo hacerlo. Ante el silencio de la Generalitat, el TSJC fijó en 2014 ese mínimo del 25%, y ese porcentaje empezó a aplicarse, pero solo en las clases de los alumnos cuyas familias lo solicitaban. A finales de 2020, la justicia extendió la obligatoriedad del 25% de castellano a todo el sistema educativo, una sentencia que debía hacerse efectiva a finales del curso pasado. El Govern y los partidos favorables a la inmersión se pusieron en marcha para eludir su aplicación aprobando una ley parlamentaria y un decreto ley sobre el uso de las lenguas en la escuela; esas dos normas reconocían al castellano un carácter “curricular” pero no “vehicular”, y rechazaban cualquier porcentaje en el uso de las lenguas. Ambas están ahora están en manos del Tribunal Constitucional para valorar su legalidad.

Con este marco normativo en la mano, el Departamento de Educación consideró que las sentencias previas, las que afectaban a casos particulares, tampoco son ya aplicables, y así lo comunicó al TSJC, que todavía no se ha pronunciado. Con todo, la Generalitat decidió no esperar y antes del inicio de curso comunicó a las escuelas afectadas —27 centros y 48 alumnos— que dejaran de aplicar el 25%. No obstante, solo siete centros centros, según cifras de la AEB recabadas a partir de las familias afectadas, han acatado la orden de la Generalitat. Uno de los alumnos que se ha quedado sin el 25% es el hijo de Jordi López, una decisión que indigna al padre. “La Generalitat no es nadie para quitar a unos niños los derechos concedidos por un tribunal”, se queja.

López, de 51 años, estudió EGB en un momento en que la inmersión lingüística no existía. “Solo tenía dos horas en catalán”, asegura. Y admite que no habla catalán porque le cuesta. No está de acuerdo con el modelo de inmersión lingüística que, sobre el papel, marca que las clases deben impartirse en catalán, a excepción de Lengua Castellana (aunque en la práctica los estudios de la inspección educativa revelan que no es así y que muchos profesores cambian al castellano en algunas ocasiones), porque considera que excluye al español. “Estamos tratando nuestro idioma [el castellano] como una lengua extranjera”, se queja este padre, que apuesta por una presencia equitativa de las lenguas: un 33% de castellano, de catalán y de inglés. Él cree que sus hijos “tienen el deber de aprender en catalán, pero también en castellano”, y quiere “que hablen y escriban las dos lenguas por igual”. Admite que el catalán, con el que solo tienen contacto en la escuela, “les cuesta mucho”. Según él, el modelo de inmersión lingüística “perjudica a sus hijos”, aunque admite que no ha notado ningún cambio en el curso que su hijo ha contado con el 25%. Asimismo, pone en duda las pruebas diagnósticas del sistema que indican que los alumnos finalizan la ESO dominando las dos lenguas. “No me lo creo, no es lógico”, afirma.

La AEB está informando al TSJC de los centros que están dejando de aplicar las sentencias y está ultimando una demanda, por la vía penal, contra los responsables del departamento de Educación y los directores de los centros educativos.

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