Laura Borràs tropieza con la desobediencia

Junts per Catalunya ondea la bandera del independentismo más puro. Es el que defiende la validez del resultado del referéndum inconstitucional de autodeterminación de 2017 y de la posterior declaración unilateral de independencia. Carles Puigdemont es su líder y Laura Borràs, la presidenta del Parlamento autonómico, su mazo. Su credo es que Cataluña es independiente desde 2017 y ahora solo falta “hacerlo efectivo”. Para ello es inevitable desobedecer las leyes y las órdenes de las instituciones del Estado, porque ún...

Junts per Catalunya ondea la bandera del independentismo más puro. Es el que defiende la validez del resultado del referéndum inconstitucional de autodeterminación de 2017 y de la posterior declaración unilateral de independencia. Carles Puigdemont es su líder y Laura Borràs, la presidenta del Parlamento autonómico, su mazo. Su credo es que Cataluña es independiente desde 2017 y ahora solo falta “hacerlo efectivo”. Para ello es inevitable desobedecer las leyes y las órdenes de las instituciones del Estado, porque únicamente el Parlamento catalán es soberano en Cataluña. La máxima es fácil de decir, pero difícil de aplicar. Borràs lo pudo comprobar la semana pasada al retirar el acta de diputado a un representante de la CUP condenado por la Junta Electoral Central (JEC).

En Esquerra Republicana (ERC) se la tenían jurada a Borràs. Sus invectivas contra ERC han sido recurrentes, acusando al partido encabezado por Oriol Junqueras de doblegarse ante el “Estado represor”. Su principal objetivo ha sido su predecesor en la presidencia del Parlament, Roger Torrent, desde que este considerara inviable en 2018 una investidura telemática como presidente de la Generalitat de Puigdemont, residente en Bélgica para evitar ser juzgado en España. La justicia lo impedía y Torrent no quiso desobedecer. Borràs mostró en su libro de 2021 Filla de l’1 d’octubre el malestar que le causó la negativa del actual consejero de Empresa de la Generalitat: “Como presidente del Parlamento, Torrent, a diferencia de la presidenta Carme Forcadell, que aceptó la expresión del pueblo en las urnas con todas las consecuencias, prefirió no poner a la mesa en riesgo penal”.

Forcadell fue condenada en 2019 a 11 años y medio de prisión por un delito de sedición al permitir que se tramitaran y votaran leyes declaradas inconstitucionales. Torrent actuó diferente. “Lamentábamos el mensaje que estábamos dando a Madrid”, escribe Borràs en su libro, “el mensaje de que la represión funcionaba, de que la represión calaba en el interior de las personas con una responsabilidad”. En su discurso de toma de posesión del cargo, en marzo de 2021, Borràs aseguró que quería seguir el ejemplo de Forcadell: “Mi objetivo es continuar el trabajo donde ella lo dejó, porque ningún tribunal ni ninguna prisión nos hará renunciar a nuestras ideas”. Cuatro años después, la dirigente de Junts ha actuado como Torrent al retirar el acta de diputado a Pau Juvillà. Acataba así el parlamento la condena a seis meses de inhabilitación contra Juvillà dictada el pasado diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Juvillà era secretario en la mesa de la Cámara en representación de la CUP. Había sido sancionado por la Junta Electoral por negarse a retirar en 2019 unos lazos amarillos de la ventana de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida, donde era concejal. Los lazos, un emblema de solidaridad con los dirigentes independentistas condenados por el Supremo, lucían colgados durante la campaña electoral de las elecciones generales de aquel año. La JEC considera que eran un símbolo partidista a favor de las candidaturas independentistas y que, por lo tanto, no podían exhibirse en un edificio público.

El independentismo ha basado su crecimiento exponencial en construir un imaginario en el que España es una dictadura con más represaliados políticos que ningún país en el mundo —excepto China. El mismo Juvillà elevó el pasado enero en una entrevista en TV3 a 4.000 las personas perseguidas en Cataluña por ser independentistas. EL PAÍS informó en 2021 que esta cifra de propaganda —por entonces era ligeramente superior a los 3.000— se nutre, por ejemplo, de los más de mil heridos que, según la Generalitat, ocasionaron las cargas policiales durante el referéndum del 1-O, de otros 450 heridos durante los altercados posteriores a la sentencia contra los líderes independentistas de 2019, o de los 700 alcaldes que fueron denunciados por colaborar en el 1-O. ERC no solo está de acuerdo con esta cifra, también esgrime que hay que amnistiar a los 4.000 —en la gran mayoría de casos sería imposible porque no han pasado por ningún proceso judicial—. Los republicanos también consideran que Juvillà no cometió ningún delito, pero han aprovechado la ocasión para ajustar cuentas con Borràs.

“Basta ya”

“¡Basta ya!”, escribió el pasado sábado en Twitter Dionís Guiteras, alcalde de Moià y portavoz de ERC en la Diputación de Barcelona. Junto a sus palabras, Guiteras compartía el vídeo de unas declaraciones de Borràs en las que criticaba a Torrent. El parlamento retiró en enero de 2020 el acta de diputado al presidente de la Generalitat Quim Torra. Este había sido sancionado por la JEC e inhabilitado, decisión avalada por el Tribunal Supremo, por negarse a retirar en campaña electoral una pancarta del balcón del palacio de la Generalitat. Preguntada por si ella hubiera retirado el acta de diputado a Torra, Borràs aseguraba en el video: “Claramente, no se la habría retirado. Pero no porque esté desobedeciendo, sino porque estaría siendo escrupulosamente obediente al mandato del Parlamento”.

Borràs no se había ceñido al ámbito parlamentario en la presión a ERC: el pasado diciembre reprochó al consejero de Educación, el republicano Josep Gonzàlez-Cambray, que no asumiera él las consecuencias judiciales de no cumplir con la sentencia del TSJC que obliga a impartir un 25% de asignaturas en castellano en los colegios de Cataluña. El propio Junqueras acabó cargando contra Borràs el pasado sábado: “Todos sabéis que hubo quien criticó la actuación del presidente del Parlament Roger Torrent en su día, que actuó después de una sentencia firme del Tribunal Supremo. En este caso, la presidenta del Parlament ha decidido actuar mucho antes de que haya una decisión del Supremo”.

La presidenta del Parlament tenía el apoyo de los tres grupos independentistas para suspender la actividad de la Cámara en señal de protesta —así fue durante dos días. Pero lo que no supieron estos partidos hasta finales de la semana pasada es que el Parlamento ya había retirado el escaño a Juvillà. ERC ha reclamado a Borràs que aclare si ocultó saber que ya no era diputado. El pleno llegó a aprobar el jueves un dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado por el que se comprometían a mantener a Juvillà en su escaño siempre que no supusiera consecuencias penales para los funcionarios del parlamento. La CUP pidió entonces que Juvillà pudiera delegar su voto, algo que Borràs rechazó porque hubiera supuesto reconocer que mantenía el escaño.

Borràs confirmó este lunes en RAC1 que propuso al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, una estrategia conjunta de desobediencia para mantener el escaño de Juvillà. La dirigente de Junts no detalló en qué consistía este plan “colectivo y ambicioso” que Aragonès rechazó. Borràs cargó de nuevo contra ERC y la CUP porque, en su opinión, la habían dejado en la estacada. “La petición de la delegación de voto de Juvillà solo tenía por objeto enviar a Borràs no sé si a la papelera de la historia o a la papelera del Código Penal”, afirmó en la cadena Ser el diputado y abogado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas: “Le dije que hiciera lo que quisiera, pero que creía que no tenía ningún sentido, que la estaban dejando absolutamente sola y que asumiría ella sola las consecuencias penales”.

Cuevillas fue apartado por Junts de la mesa del Parlamento en abril de 2021 por haber manifestado en una entrevista sus dudas sobre la estrategia de enfrenamiento parlamentario con las instituciones del Estado. “No sé si tiene sentido que te inhabiliten por haber tramitado una resolución que no lleva a ningún lugar”, opinó por entonces Cuevillas: “¿Tiene sentido que nos inhabiliten sin pena ni gloria por una tontería?”.