El Gobierno catalán fija en su hoja de ruta las peticiones de la CUP casi sin matices

El Govern aprobó ayer el Plan de Gobierno de la legislatura, los compromisos que deben poner el norte a su actuación durante los próximos cuatro años. La coalición integrada por ERC y Junts asume por primera vez en un documento oficial su pa...

El Govern aprobó ayer el Plan de Gobierno de la legislatura, los compromisos que deben poner el norte a su actuación durante los próximos cuatro años. La coalición integrada por ERC y Junts asume por primera vez en un documento oficial su pacto, en el que introduce con apenas matices el acuerdo suscrito por los republicanos y la CUP en marzo pasado para permitir la investidura. Buena parte de los puntos se han incluido en el texto con un sencillo copia y pega, mientras que otros, una minoría, han sido matizados. Son los que se refieren básicamente a las fuerzas de seguridad (el uso de las balas de foam o la personación judicial de la Generalitat en casos con implicación de los Mossos, como pedían los anticapitalistas) o a la gestión directa del número 061.

El president Pere Aragonès se planta con esa carta de presentación a las puertas de la negociación de los Presupuestos, a la que reserva un concurso prioritario de la CUP. Entre los pasos que quedan negro sobre blanco figura el aumento del gasto sanitario en 5.000 millones en el próximo lustro o el desarrollo, en un plan piloto, de la renta mínima universal. También constan otros compromisos que, pese a las promesas partidistas, son recibidos con escepticismo en los despachos del Govern: el Instituto Catalán de Finanzas operando como un banco más con su propia licencia o la creación de una operadora energética pública. Estos son los principales compromisos:

Sanidad. El plan del Govern sube la apuesta en materia de sanidad. El documento dibuja un alza del presupuesto de Salud en 5.000 millones de euros durante los próximos cinco años. La cifra ya estaba en el acuerdo de Govern entre ERC y Junts, aunque supeditada a la “mejora de la financiación” (llegará hasta los 15.000 millones). El consejero Josep Maria Argimon admite de puertas adentro que sin este compromiso no habría aceptado la cartera sanitaria.

El crecimiento presupuestario fortalecerá directamente a la atención primaria. El Ejecutivo pasará de destinar allí del 16% al 25% de los fondos (cerca de 3.600 millones), tal y como pactaron ERC y la CUP. El Gobierno de Aragonès también tiene en el “horizonte” igualar las condiciones retributivas de los sanitarios a la “media de la UE”.

Existen, sin embargo, algunos matices con las reclamaciones de los anticapitalistas en lo que se refiere a la internalización de los de algunos servicios auxiliares, como el transporte sanitario y el servicio de emergencias. El plan de legislatura se compromete a “evaluar la oportunidad” de que estos servicios “puedan” prestarse desde el departamento, mientras que la CUP reclama internalizar el teléfono de emergencias 061, ahora operado por Ferrovial. Después de que el consejero Argimon rechazara esta posibilidad porque no constaba en el acuerdo entre ERC y Junts, ahora el plan de legislatura recoge la reclamación de la CUP.

Educación. El Govern quiere clases menos pobladas y más profesores en las escuelas, aunque no detalla cifras concretas. El plan de legislatura aboga por aumentar el presupuesto hasta aproximarse hasta un 6% del PIB, como ya pactaron ERC y Junts. Los dos partidos coinciden con la CUP en “reducir las ratios” y en abrir “convocatorias públicas” para estabilizar las plantillas. El documento, sin embargo, no detalla cuántos profesores se contratarán en los próximos cuatro años y el número máximo de alumnos por clase.

Vivienda y rescate social. El acceso a la vivienda sigue ocupando un lugar importante dentro de la lista de lo que los ciudadanos califican como un problema. La Generalitat plantea subir 1.000 millones de el presupuesto de ese epígrafe, gracias a recursos provenientes de los fondos europeos. Con esa inversión, junto a otros mecanismos como el tanteo y retracto o la repesca de inmuebles del Sareb, el Govern espera que el parque de alquiler social crezca en 5.000 pisos cada año. El Ejecutivo catalán también quiere aprobar una legislación propia de alquileres, un punto competencial con el que ya ha topado con la justicia.

Asimismo se reservan 700 millones para un plan de choque de rescate social. Asimismo se asegura la puesta en marcha, en un plan piloto, de la renta universal, otra de las peticiones que pactó ERC con la CUP.

Justicia. El texto del plan pasa de puntillas por uno de los puntos más espinosos cuando la CUP y ERC perfilaron su pacto: el uso de los proyectiles de foam y eliminar la intervención de las unidades antidisturbios de los Mossos en los desahucios. Los anticapitalistas querían abrir el melón del “modelo de orden público”. Este último debate será en el Parlament, pero de momento el Govern solo se compromete a “reducir al mínimo” la intervención de los antidisturbios. Y también a “limitar” la personación de la Generalitat en casos en los que no haya agentes con lesiones acreditadas.

Otro de los objetivos en este ámbito es “promover vocaciones de jueces” en Cataluña, que tradicionalmente ha sido refractaria a concursar para el alto funcionariado estatal. La Generalitat quiere que cada vez haya más magistrados “arraigados” que conozcan su realidad social y cultural y así reducir la “rotación actual”. La comunidad adolece, históricamente, de un déficit de plazas por esa escasa vocación. La mayoría de aspirantes a juez o fiscal proceden de otros lugares de España. El procés aceleró ese abandono.

Financiación y fiscalidad. Continúa siendo uno de los puntos débiles del acuerdo: no se resuelve el origen de los nuevos recursos que se gastarán. En ese sentido, el programa de Gobierno apenas hace referencia a una “reducción de la dependencia del Fondo de Financiación de las comunidades autónomas” y a volver a la emisión de deuda, “preferentemente bonos verdes” tal y como ha hecho la Comunidad de Madrid (para invertir en transporte público). Un punto inconcreto señala: “Estudiar los sistemas de financiación que optimicen la obtención de recursos para la Generalitat”.

En materia fiscal, la coalición se mantiene de perfil como ya hizo en las elecciones. “Reducir la carga fiscal a los contribuyentes con menos capacidad económica”, reza el plan, en el que se apuesta por “medidas transitorias e incentivos fiscales” para recuperar la economía.

Candidatura olímpica. La CUP se opone frontalmente a la candidatura catalana a los Juegos de Invierno de 2030, pero los socios del Govern lo incluyen en su hoja de ruta al considerarlo un proyecto cohesionador del territorio catalán. Se comprometen a realizar una consulta sobre el plan.

Ecología. Sin apenas novedades en materia climática y ambiental, el plan enumera los proyectos legislativos y normativos que ambos partidos se comprometieron a desarrollar o los que ya se han empezado a poner en marcha en este medio año de coalición en el que la materia ambiental ha ganado visibilidad y peso. En plena polémica por la ampliación de El Prat, los partidos se comprometen a aprobar el plan de conservación del delta de Llobregat, pendiente desde 1994 y que la Comisión Europea instó a desarrollar en una carta de emplazamiento el pasado febrero para ampliar las zonas de protección de aves.

Transición energética. El Govern especifica su intención de modificar el decreto de 2019 que pretendía simplificar la tramitación para instalar parques renovables, ante el celo de la CUP de que se dispararan los de mayor tamaño. Esa nueva norma está en redacción y la consejera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, ya ha indicado algunos de los que serán sus fundamentos, como la necesidad de que los promotores de parques eólicos y fotovoltaicos inicien la tramitación con el acuerdo con los propietarios del 80% del suelo, un factor disuario, según sostienen los expertos. Asimismo el acuerdo pretende alcanzar 3 gigavatios de nueva capacidad eléctrica instalada participados por la ciudadanía, cooperativas e instituciones en 2030. También se apuesta por crear un operador eléctrico público, tal y como demandaba la CUP.

Infraestructuras. El Govern se compromete a recuperar durante este mandato la construcción del tramo central de la línea 9 del metro. Asimismo persevera en el traspaso de Rodalies, que ya negocia con el Gobierno, y asume que será Ferrocarrils de la Generalitat la operadora que gestionará la lanzadera hasta el aeropuerto de El Prat.