El Gobierno: “La Generalitat podrá expulsar a personas que tengan prohibida la entrada en España”

Tras una larguísima negociación de un año y dos meses, el PSOE y Junts han cerrado un acuerdo sobre inmigración con el que el Gobierno confía en estabilizar la legislatura. El pacto supone que el Estado delega en la Generalitat el control de fronteras para la devolución de inmigrantes, el asunto más delicado, además de los permisos de residencia y el control de los centros de internamiento de extranjeros. Según el text...

Tras una larguísima negociación de un año y dos meses, el PSOE y Junts han cerrado un acuerdo sobre inmigración con el que el Gobierno confía en estabilizar la legislatura. El pacto supone que el Estado delega en la Generalitat el control de fronteras para la devolución de inmigrantes, el asunto más delicado, además de los permisos de residencia y el control de los centros de internamiento de extranjeros. Según el texto de la proposición de ley que han firmado los dos grupos y se ha registrado hoy en el Congreso, “se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya las facultades de control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución de personas extranjeras en el territorio de su comunidad autónoma” y, por tanto, los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica, “como policía integral, actuarán en los puestos habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos y aeropuertos, en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad” y de acuerdo a los criterios establecidos en una Junta de Seguridad, presidida por la Generalitat. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, ha defendido que el acuerdo es legal. “Se aplica con la Constitución Española en la mano”, ha afirmado. Junts, por su parte, ha aplaudido el acuerdo al considerar que es una delegación “integral” de la gestión migratoria.

En consecuencia, los Mossos no estarán solos en el control de fronteras para la devolución de inmigrantes, como pedía Junts, pero tampoco el Estado, a través de la policía y la Guardia Civil, liderará esta tarea, como planteaba Interior, muy reticente a ceder ninguna parte del control de fronteras a la Generalitat. El acuerdo va así más allá de las líneas rojas que había marcado Fernando Grande-Marslaska, ministro del Interior, y el propio Pedro Sánchez, que hace un año, preguntado por este asunto, ya entonces polémico, señaló en una entrevista en EL PAÍS: “Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado”.

Al final, desde el punto de vista simbólico, aunque no tenga mucho efecto práctico, es importante saber qué cuerpo recibirá a los extranjeros al llegar al aeropuerto de Barcelona, por ejemplo. Y tanto la redacción de la proposición de ley como el propio Gobierno apuntan a que será un mosso el que estará en esa primera garita, aunque siempre en coordinación con la policía y la guardia civil, y por tanto podrían estar los dos cuerpos juntos en la llegada. “Que los mossos y policía colaboren y se coordinen es una muestra de que el Estado funciona. Los mossos actuarán en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, insistió la ministra de Inclusión, Elma Sáiz. Marlaska no compareció tras el Consejo de Ministros para explicar este acuerdo, con mucha resistencia en Interior, pero Sáiz aseguró que este pacto cuenta con el apoyo “de todos los ministerios”.

Sobre expulsiones, asunto muy sensible, la proposición de ley es clara: “Respecto al resto de los procedimientos sancionadores en materia de extranjería que pueda recaer una sanción de expulsión, se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de incoación, instrucción y propuesta de resolución de dichos procedimientos sancionadores por actuaciones realizadas por personas físicas residentes en el ámbito de la comunidad autónoma de Catalunya”. Esto es, la Generalitat dirigirá las expulsiones que no requieran expediente, las más infrecuentes. Las demás, que son la enorme mayoría, se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la administración autonómica (algo que hasta ahora hacía el Estado) previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña, presidida por la Generalitat. La cuestión más sensible, la expulsión, queda así muy delimitada y la Generalitat solo dirigirá la devolución en frontera de personas que no tienen permiso para entrar en España, algo muy inusual en Cataluña, no así en Canarias.

El Gobierno sostiene que este acuerdo es plenamente constitucional, porque aunque el artículo 149 señala que la inmigración y el control de fronteras son competencias exclusivas del Estado, el 150.2 permite delegarlas, que no transferirlas, esto es que se podrían recuperar en caso de conflicto, aunque en España nunca ha pasado y toda competencia delegada ha quedado definitivamente en manos de las autonomías. La ministra de Inclusión, Elma Sáiz, aseguró que el Gobierno “no cede el control de fronteras” aunque luego, al comentar la redacción del artículo 9 en el que sí se habla de delegación del control de fronteras para devolución de inmigrantes, sí admitió: “la Generalitat podrá expulsar a personas que tengan prohibida la entrada en nuestro país, que no necesitan expediente. Cuando sea necesario un expediente [los casos más frecuentes] la Generalitat podrá proponer”.

Sáiz además reivindicó que el Gobierno no asume el discurso de Junts, muy duro con la inmigración, y sostiene que por eso “la exposición de motivos recoge los principios y valores que defiende el gobierno de España. Una política que pone en el centro los derechos humanos porque así lo consideramos. Somos un país con memoria y fuimos un país emigrante”, remató. Mientras, Junts reivindica que ha logrado prácticamente casi todo lo que reclamaba.

Con este acuerdo, el Gobierno no se garantiza los Presupuestos, que siguen estando muy complicados porque hay varios grupos que no parecen muy dispuestos a aprobar los de este año o ponen condiciones muy difíciles para el Gobierno ―ERC, Podemos― pero el Ejecutivo sí confía en tener al menos una etapa de cierta estabilidad. El Gobierno acaba de cerrar con ERC un acuerdo sobre la quita de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que se extiende a todas las demás autonomías, y ahora firma este con Junts sobre inmigración una semana después, logrando así una cierta calma para negociar otras leyes y pensar en una investidura larga hasta 2027 con o sin Presupuestos.

Sin embargo, el acuerdo también será polémico y es muy probable que ahora se abra una batalla legal en la que el PP recurra al Tribunal Constitucional. El Gobierno insiste en que el acuerdo respeta en todo momento la Constitución, que a través del artículo 150.2 da mucho margen para delegar, que no transferir, varias competencias que en principio eran estatales como esta. El acuerdo será polémico también en sectores progresistas, porque Junts tiene un discurso muy duro sobre inmigración en el que en ocasiones compite con un rival que le ha surgido en la derecha del independentismo, Aliança Catalana. El Gobierno argumenta que quien va a gestionar estas competencias ahora es un Ejecutivo catalán socialista, el de Salvador Illa, sin presencia de independentistas, pero la inquietud de algunos sectores pasa por lo que pueda venir en el futuro si Junts vuelve a la Generalitat y sobre todo por alentar este discurso tan extremo.

Según el comunicado conjunto de socialistas e independentistas, Cataluña se configurará como “ventanilla única” en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; y también expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del registro del NIE. La Generalitat gestionará además las devoluciones de extranjeros (cuando tengan prohibición de entrada).

Ambas fuerzas han pactado el incremento del número de mossos d’Esquadra en Cataluña en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes. La comunidad ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (incluida la resolución y ejecución). De este modo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devolución). Las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña.

Otro punto que recoge el acuerdo entre el PSOE y Junts es que Cataluña gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros. En contrataciones en origen, Cataluña será la administración que determinará (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras. En materia lingüística, “se aplicarán las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas”. El pacto especifica que serán los Mossos quienes ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.

Y se concreta que el Estado transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega. “En definitiva, con esta Ley Orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración Cataluña podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español”, cierra el acuerdo.