La vivienda fuerza un debate especial del Congreso con el PSOE presionado entre sus socios y Junts

La vivienda parece ser ahora el nuevo monotema de este periodo de sesiones político y parlamentario tras casi un primer año de legislatura volcado solo sobre Cataluña y sus derivadas. ...

La vivienda parece ser ahora el nuevo monotema de este periodo de sesiones político y parlamentario tras casi un primer año de legislatura volcado solo sobre Cataluña y sus derivadas. Sumar, socio de la coalición de Gobierno, cataloga el problema de la vivienda y su carencia como una “emergencia social”, que ha justificado movilizaciones sociales en la calle y una manifestación convocada para el domingo 13 en Madrid por más de 30 organizaciones sociales. ERC, EH Bildu y BNG, aliados habituales de la mayoría progresista que sostiene al Ejecutivo de Pedro Sánchez, exigen una comparecencia urgente de la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, que Sumar apoya abiertamente, como ha advertido ya internamente al PSOE. El PP de Alberto Núñez Feijóo ha seleccionado la vivienda para presentar una de sus primeras leyes de calado en su nueva estrategia de esta temporada de ofrecerse como oposición con ideas alternativas al Gobierno y reconectar con las preocupaciones reales de los ciudadanos. El PSOE asume que el debate monográfico y especial sobre vivienda se producirá este mismo mes, aunque está por delimitar cómo y hacia dónde se decanta, porque frente a las presiones de su izquierda las acompaña Junts con un signo más conservador. El asunto ocupará un lugar central en la agenda de la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará en diciembre.

De repente, y en muy pocas semanas, los debates, preguntas, proposiciones y propuestas que se solapaban sobre Cataluña, la amnistía, los indultos, el fugado Carles Puigdemont y la financiación singular o el cupo catalán han pasado a un muy segundo plano los órdenes del día del Congreso. El giro de los temas en discusión ha sido tan radical y sorprendente que han provocado reuniones al respecto en las cúpulas de varios grupos parlamentarios. Los portavoces, del Gobierno y la oposición de derechas, han comenzado a hablar de reducción de la jornada laboral, de la conciliación, de la educación gratuita de los niños y, sobre todo, del drama que supone encontrar una vivienda digna y asequible, especialmente en las grandes ciudades, que no se lleve la mitad de los salarios o que los más jóvenes puedan plantearse como una opción.

Hace año y medio el Ejecutivo logró sacar adelante la primera ley de Vivienda de esta etapa democrática, no sin tensiones entre PSOE, Sumar o incluso Podemos, y adjetivaron el acuerdo como “histórico”. Los objetivos que se diseñaron, sin embargo, apenas se aprecian y en el Gobierno despliegan todo tipo de argumentos para distribuir la responsabilidad de que los precios sigan disparados en competencias de distintas administraciones y, especialmente, en la desgana en la aplicación de las reformas de comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP. Los populares lo niegan y apuntan contra la ineficacia del Ejecutivo, pero, además, en esta ocasión, han optado por pergeñar una ley alternativa, donde prometen la construcción de hasta 200.000 viviendas, ayudas a los jóvenes y agilizar la disposición de suelo para construir, que es una competencia que ya estaba en manos de las administraciones locales que gestiona mayoritariamente.

Pero ese mero debate, sobre modelos contrapuestos de un asunto de grave preocupación nacional y transversal, ya es una auténtica novedad en el panorama político, como subrayó este martes con sorpresa el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón. El dirigente de Sumar agradeció ese comportamiento y cambio de táctica a la hora de hacer oposición del PP, aunque lo interpretó como que empiezan a asumir casi un año después del inicio de la legislatura que este mandato va para más largo tiempo de lo que pensaban y que deberían abrir el abanico de los temas que les deberían ocupar. Su homólogo del PP, Miguel Tellado, hasta pareció reducir de pronto el nivel de sus recurrentes cataratas de invectivas contra el Gobierno para destacar este martes, tras registrar un proyecto de ley de conciliación que presentó como más avanzado que cualquiera de izquierdas, que su partido es el que en realidad está en buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos porque el Gobierno de Sánchez “ni gobierna ni es progresista”. En esa línea se ubica también la anunciada ley de vivienda del PP que todavía no está en tramitación.

En el PSOE toman nota de esas intenciones del PP, pero no se les creen, por lo que han hecho los populares en el pasado, como destacó su portavoz, Patxi López, y les piensan retratar en próximas votaciones. En Sumar aceptan, sin embargo, que están más cómodos con esa actitud y estilo de oposición del PP y, en cualquier caso, avanzan que un debate monográfico e ideológico sobre la vivienda “es urgente, una emergencia social” y se tendrá que producir en las próximas semanas “porque tiene consenso social”. Se lo han aclarado al PSOE, y dicen que los socialistas les han entendido. Ahora se afanan en buscar la mejor fórmula. Los socios y aliados del Ejecutivo querrían un pleno monográfico. Han reclamado, incluso, una comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por apelar en unas declaraciones públicas a la solidaridad de los caseros y propietarios para contener los precios de los alquileres y le reprochan su “inacción”. Todos esos socios han mostrado su solidaridad con la marcha ya convocada por el centro de Madrid para el domingo 13 por 30 asociaciones sociales y de inquilinos, bajo el lema “La vivienda es un derecho, no un negocio”.

En Sumar, además, observan al PSOE consciente del problema social con la vivienda y de que puede ser determinante en esta legislatura, pero también muy presionados por Junts, que logró tumbar in extremis con el PP, Vox y UPN hace un par de semanas una proposición no de ley para intentar limitar los precios de los alquileres de temporada. Junts, y en menor medida el PNV, ya han mostrado varias veces su distanciamiento de las fórmulas propuestas por la izquierda para frenar la escalada de precios de la vivienda. En ocasiones, alegando que las iniciativas invaden competencias autonómicas, y en otras —sobre todo en el caso de la formación catalana— que no protegen los intereses de los propietarios.

El partido de Carles Puigdemont había anunciado en primera instancia ante la PNL de Sumar que se abstendría, lo que hubiese permitido que la propuesta fuese tramitada para empezarse a discutir con un solo voto de diferencia, pero minutos antes de la votación decidió rechazarla. Junts volvió a echar por delante la defensa de los pequeños propietarios. Ese rechazo provocó que días después cientos de personas protestasen ante la sede del partido en Barcelona para reprocharle su voto en contra. El PNV votó a favor, pero expresó numerosas reticencias sobre el contenido de la iniciativa y advirtió de que si salía adelante intentaría modificarla sustancialmente. Durante el debate, su diputada Maribel Vaquero insistió en las críticas a la ley de vivienda promovida por el Gobierno y recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo vasco.

En la comisión parlamentaria de Vivienda, ambas formaciones han votado algunas veces con el PP en los últimos meses. Junts y PNV, por ejemplo, refrendaron el pasado 19 de marzo su voto en contra de una proposición no de ley del PSOE que instaba a los ayuntamientos a aplicar la ley que impone precios máximos en las llamadas zonas tensionadas por considerar también que invadía competencias autonómicas. En ese caso, incluso ERC se opuso, no así EH Bildu.