Sánchez y Díaz blindan la coalición frente a la crisis de Sumar y retoman la iniciativa con Cataluña en el aire

A su alrededor, la política española está en llamas, pero en el Consejo de Ministros todo es aparente normalidad. El de este martes, un día después de que Yolanda Díaz anunciara que deja el liderazgo de Sumar y de que la unión de los independentistas para conformar la mesa del Parlament haya disparado las especulaciones sobre repetición electoral en ...

A su alrededor, la política española está en llamas, pero en el Consejo de Ministros todo es aparente normalidad. El de este martes, un día después de que Yolanda Díaz anunciara que deja el liderazgo de Sumar y de que la unión de los independentistas para conformar la mesa del Parlament haya disparado las especulaciones sobre repetición electoral en Cataluña en otoño e incluso de un adelanto de las generales en la misma fecha, fue muy tranquilo. No estaba Pedro Sánchez, de viaje en Jordania —lo presidió María Jesús Montero—, pero sí Díaz, que trasladó una calma absoluta. El presidente, la vicepresidenta segunda y sus equipos se han conjurado para blindar la coalición y el Gobierno frente a la crisis en Sumar, según diversas fuentes del Ejecutivo. Tanto los ministros del PSOE como los de Sumar han hecho esfuerzos en las últimas horas para que el conflicto interno que ha llevado a Díaz a renunciar al liderazgo de Sumar después de los malos resultados en las europeas no contamine al Gobierno.

La rueda de prensa tras el Consejo de Ministros fue un ejemplo de ese esfuerzo, con dos ministros del PSOE —Teresa Ribera y Pilar Alegría— y dos de Sumar —Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy— mostrando sintonía, minimizando los efectos reales de la decisión de Yolanda Díaz y garantizando que la legislatura va a seguir. Y este miércoles ese mensaje de continuidad, de que aquí no ha pasado nada y el Gobierno sigue adelante con la única gran incertidumbre de qué pasará en Cataluña, se reforzará con la presencia de Sánchez y Díaz en la sesión de control del Congreso y con una entrevista que el presidente ha concedido a TVE justo después de ese cruce en la carrera de San Jerónimo con Alberto Núñez Feijóo, a las 10 de la mañana.

Sánchez y Díaz tienen intención así de retomar cuanto antes la iniciativa política y acelerar los proyectos estrella que tienen previstos, entre ellos el plan de regeneración democrática que prometió el presidente para cuando pasaran las europeas, y en el caso de la vicepresidenta la reforma del Estatuto de los Trabajadores para reducir la jornada laboral por primera vez desde 1983.

Ambos también tienen pendiente una decisión muy relevante, esto es, qué hacen para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. La Moncloa estaba esperando a que pasaran las europeas para ver si Feijóo se decidía al fin a renovar. Pero cada vez hay menos esperanzas, dado el tono del líder de la oposición, que insiste en pedir un adelanto de las generales cuando aún quedan tres años de legislatura. Díaz tiene muy clara la solución: ella defiende que se cambie la ley para rebajar las mayorías y renovar el CGPJ sin el PP. Sánchez tiene dudas de esta salida, que fue criticada por la Comisión Europea, y Félix Bolaños trabaja en fórmulas alternativas. Pero en cualquier caso habrá un último intento de negociación con el PP y después se tomará una decisión para que los grupos del Congreso promuevan una reforma, posiblemente en julio, según fuentes del Ejecutivo. En cualquier caso, la decisión no parece cerrada y Sánchez tiene la última palabra. De momento parece que abrirá de nuevo la puerta al PP a ver si hay algún movimiento.

Sánchez y Díaz quieren retomar la iniciativa cuanto antes, aunque tienen el problema mayúsculo de la inestabilidad en Cataluña, el complejo ecosistema en el que habitan dos socios clave del Gobierno, Junts y ERC, en teoría enemigos irreconciliables, pero que acaban de ponerse de acuerdo para dar el control de la mesa del Parlament a Junts. Esta decisión ha disparado todas las especulaciones que de Carles Puigdemont usará ese poder que le ha dado ERC —que renunció a la presidencia que le ofrecía el PSC— para intentar forzar una repetición electoral, que parece ser su principal objetivo.

Diversos ministros consultados siguen pensando, pese a todo, que la lógica dice que a ERC no le interesa una repetición electoral —llegaría sin candidato claro, porque Oriol Junqueras no va a poder presentarse mientras se resuelven las cuestiones prejudiciales que sin duda se plantearán sobre la ley de amnistía, con el partido en plena guerra interna y con un congreso en noviembre— y, por tanto, en algún momento asumirá la realidad y permitirá que Salvador Illa sea elegido president, aunque eso suponga que una parte del independentismo los critique con dureza. Pero nadie en el Gobierno tiene información real de lo que se está fraguando ahí y tampoco hay ninguna certeza. Una repetición electoral en Cataluña haría ya casi inviables los Presupuestos de 2025 en este año, que ya son muy complicados incluso aunque se consiga formar gobierno en esta comunidad. Y de nuevo volverían las especulaciones de adelanto de las generales.

El escenario parece muy complejo, casi imposible, incluso para una coalición progresista que ha logrado sortear situaciones muy difíciles. Pero en La Moncloa siguen empeñados en que estas europeas, en las que creen que Feijóo ha perdido el plebiscito que planteó contra Sánchez, eran el último cartucho para la oposición y ahora vienen dos años por delante para hacer política y gestión con calma. La portavoz Alegría fue muy clara: “De ninguna manera va a haber adelanto electoral. Lo siento mucho, pero quien agite la bandera de las elecciones que abandone cualquier esperanza. Señor Feijóo, espere sentado, quedan por delante tres años y nos vamos a dedicar a lo importante”, lanzó. También los ministros de Sumar hablaron en la misma línea. Urtasun fue claro: “Nuestra prioridad es seguir gobernando. Quien espere inestabilidad en el Gobierno se equivoca, vamos a seguir desplegando el acuerdo de coalición. Según el FMI, un millón de trabajadores han salido de la pobreza en España por la subida del salario mínimo. Nosotros trabajamos para ayudar a la gente”. Bustinduy insistió: “nuestra convicción y nuestro compromiso con el Gobierno se ve hoy, en los proyectos que estamos presentando [Urtasun la ley del cine y Bustinduy un ambicioso plan con 1.300 millones para cambiar el modelo de los cuidados y pasar de enviar a los ancianos a las residencias a atenderlos en sus casas, como desean el 90% de ellos]. Nuestro compromiso es seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de la gente. Así respondemos con hechos a cualquier duda o suspicacia”. Urtasun fue el encargado de explicar que en realidad la decisión de Díaz no cambia nada sustancial, porque sigue liderando el sector de Sumar en el Gobierno y sigue dirigiendo el grupo parlamentario, los dos instrumentos más importantes. “Mantenemos la máxima estabilidad institucional del gobierno, del grupo parlamentario, este gobierno tiene mucho que hacer.

El sector socialista del Gobierno, ahora que Díaz ha mostrado un flanco débil evidente, parece decidido a reforzar la coalición y cuidar a sus socios, conscientes de que sin ellos no hay Gobierno ni mayoría. Varios ministros socialistas consultados creen que Sumar tiene ahora mucho tiempo por delante —tres años si se agota la legislatura— para recomponerse y buscar una fórmula que una a todos los grupos a la izquierda del PSOE. Alegría fue especialmente amable al hablar de la decisión de la vicepresidenta segunda de dejar el liderazgo de Sumar. “Con estas decisiones se manifiesta una cultura democrática que suele ir ligada a los partidos de izquierda. Se abren procesos de reflexión, se hacen lecturas, y esos procesos suelen abrir fases de fortalecimiento. A diferencia de otros que ocultan sus pactos y hasta sus programas electorales”, remató en referencia al PP. En los pasillos del Senado, María Jesús Montero comparó la situación con el momento en que Díaz fue nombrada por Pablo Iglesias máxima responsable de Unidas Podemos en el Gobierno, e interlocutora de Sánchez, pero no tenía ningún cargo orgánico en la coalición de Unidas Podemos. Todos minimizan, pues, el impacto real de la decisión de Díaz, y se conjuran para seguir como si no hubiera pasado nada y tratar de encarrilar la legislatura para empezar a salir de la sensación de parálisis de los últimos meses.