El Gobierno aceptó cambios en la ley de amnistía para evitar que la tumbe el Constitucional

El Gobierno no ve la enmienda transaccional pactada con ERC y Junts como una cesión, sino como un éxito negociador que blinda la ley ante los seguros recursos al Tribunal Constitucional. La Moncloa, que dijo que la ley estaba perfecta y solo admitiría mejoras técnicas, finalmente ha aceptado un cambio importante —pasar la exclusión de los delitos de terrorismo de los que tuvieran sentencia firme a los que revistan gravedad—, pero que...

El Gobierno no ve la enmienda transaccional pactada con ERC y Junts como una cesión, sino como un éxito negociador que blinda la ley ante los seguros recursos al Tribunal Constitucional. La Moncloa, que dijo que la ley estaba perfecta y solo admitiría mejoras técnicas, finalmente ha aceptado un cambio importante —pasar la exclusión de los delitos de terrorismo de los que tuvieran sentencia firme a los que revistan gravedad—, pero que en esencia no altera el perímetro de la ley: entran los mismos que antes; esto es, prácticamente todos los implicados en el procés por cualquier delito, incluido terrorismo siempre que no haya causado una “violación grave de los derechos humanos”. Y sí supone un blindaje jurídico superior.

Era un cambio que exigía hace semanas especialmente ERC y porque temían que el Tribunal Constitucional pudiera tumbar la exclusión por la sentencia firme por el principio de igualdad. Con la nueva fórmula, que defendió el propio Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia, principal negociador de la ley por parte del presidente Pedro Sánchez, como una “mejora”, el Ejecutivo y sus socios confían en que tanto el Constitucional como la justicia europea darán vía libre a la ley. La enmienda transaccional, que no se pudo acordar la semana pasada, se cerró en la noche del lunes en una videoconferencia en la que por primera vez estaban presentes juntos representantes de ERC y Junts, que hasta ahora negociaban siempre por separado.

Lo más importante para el Ejecutivo, según explicó Bolaños, era mantener la línea roja de que el terrorismo que implica violaciones graves de derechos humanos queda fuera la amnistía. Ahí el PSOE frenó la intención de Junts, que pretendía eliminar por completo la exclusión de cualquier tipo de terrorismo, y por tanto la inclusión de todos los tipos, incluido el más grave, algo que los socialistas rechazaban de plano sobre todo por motivo políticos, pero también jurídicos. A cambio, eso sí, el Gobierno aceptó la nueva fórmula para blindar una ley que hasta ahora decían que era “plenamente constitucional” y no necesitaba ni siquiera ajustes.

Bolaños se centró en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la línea roja que, según él, el Gobierno no ha aceptado rebasar en ningún momento. “Hemos pactado con los grupos dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era solida de por sí. Se mantiene el terrorismo como delito exceptuado siempre que suponga violación grave de derechos humanos. Ya no se excluirá si tiene sentencia firme. Ahora el parámetro es si es violación grave. Por tanto los delitos graves de terrorismo quedan excluidos. La línea roja [para el PSOE] era que el terrorismo esté exceptuado de la ley de amnistía cuando sea violación grave de derechos humanos. Así se ha decidido”, insistió el ministro de Justicia. Con este cambio, los grupos también ajustan una de las cuestiones que el informe de los letrados de la Comisión de Justicia destacaba como posible inconstitucionalidad, ya que decía ese texto que “el hecho de que la exclusión de la amnistía afecte a los delitos [...] solo cuando haya recaído sentencia firme puede ser contraria al derecho europeo”.

Fuentes del Gobierno insisten en que en realidad, con la fórmula anterior, entraban todos los delitos de terrorismo, porque cuando se apruebe la amnistía, presumiblemente en abril, no habrá ninguna sentencia firme sobre posibles delitos de terrorismo en el procés, que aún están en fase de instrucción, mientras la nueva fórmula deja que sean los jueces, con muchas acotaciones legales, los que determinen si fueron delitos de terrorismo que produjeron “violaciones graves de derechos humanos” y si lo fueron “de forma manifiesta y con intención directa” o no. Esta fórmula parece pensada para que un juez como García-Castellón, instructor del caso Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, no pueda imputar el hombre fallecido de un ataque al corazón durante las protestas en El Prat de 2019 al líder de Junts y expresidente catalán Carles Puigdemont o Marta Rovira, secretaria general de ERC, u otros implicados en el caso, porque no es posible probar “la intención directa” de causar la muerte de ese ciudadano.

El ministro se centró durante su comparecencia de este martes en lo que se excluye, porque políticamente es muy relevante para el PSOE, que está asumiendo un punto muy delicado con el terrorismo y sufre el ataque del PP por este asunto. Pero lo más importante en la negociación es qué incluye. Y ahí las cosas, tras la enmienda, quedan prácticamente igual: la amnistía es muy general, e incorpora todo tipo de delitos vinculados con el procés, incluido lo que para algunos jueces, como García Castellón, de la Audiencia Nacional, es terrorismo callejero, esto es lo que pasó por ejemplo en las protestar del aeropuerto de El Prat, pero para el Gobierno y para la propia fiscalía de la Audiencia Nacional, se trata de desórdenes públicos agravados.

Para ERC y Junts era fundamental que no quedara fuera ninguno de los implicados en estos procesos por terrorismo callejero, no solo por Puigdemont o Rovira, implicados recientemente por García Castellón, sino por varias decenas de implicados en varios casos. Y este fue un pacto que se alcanzó ya en noviembre, cuando se empezó a cerrar la ley de amnistía: el PSOE asumió que entraban todos, incluidos los imputados por terrorismo, aunque los socialistas insisten en que lo consideran más bien desórdenes públicos agravados y rechazan la idea de que hubiera terrorismo en el procés y las protestas posteriores. Esto es, en ningún momento durante las últimas semanas se había planteado que los imputados por terrorismo estuvieran fuera de la amnistía. Lo que se estaba discutiendo con mucha intensidad es la fórmula empleada para meterlos, esto es la de las exclusiones —está incluido lo que no se excluye—. Y ahí había muchas dudas jurídicas, que compartían también los expertos de Sumar. Había mucho temor a que el Constitucional tumbara la idea de excluir los delitos con sentencia firme y no los que no la tienen porque es una desigualdad evidente.

Pero Junts quería ir mucho más lejos y quitar todas las exclusiones. Y ahí llegó el conflicto, con la dificultad de poner de acuerdo a ERC y Junts a la vez, algo siempre complejo. Finalmente, a última hora de la noche del lunes, llegó el acuerdo con todas las partes, con la transaccional clave sobre terrorismo. El acuerdo político para le ley de amnistía dentro de la mayoría parece salvado. Pero aún queda mucho recorrido político, la norma tiene que ir al Senado y sobre todo empezar su periplo jurídico, tanto en las cuestiones prejudiciales que varios juzgados llevarán a la justicia europea como en el recurso al Constitucional. Nadie puede saber cuánto tardará el proceso total, pero algunos calculan que un año desde que se apruebe. La amnistía, en realidad, está empezando su largo camino, pero el acuerdo entre la coalición progresista y los independentista que la avala, y que abrió paso a la investidura, parece aguantar de momento, cuando se está preparando ya la negociación de los Presupuestos.