Las investiduras de todos los candidatos a presidente del Gobierno de España

Este miércoles, Pedro Sánchez aspira a renovar mandato como presidente del Gobierno tras ser elegido, previsiblemente, en el Congreso. El líder socialista sigue la estela de los candidatos a la investidura que lo precedieron en 17 debates de investidura para lanzar a la sociedad, desde la tribuna de oradores, promesas más o menos abstractas o más o menos cuantificables pensadas para los siguientes cuatro años. Cuestiones sin resolver, como la reforma de la Constitución o del Senado, la financiación autonómi...

Este miércoles, Pedro Sánchez aspira a renovar mandato como presidente del Gobierno tras ser elegido, previsiblemente, en el Congreso. El líder socialista sigue la estela de los candidatos a la investidura que lo precedieron en 17 debates de investidura para lanzar a la sociedad, desde la tribuna de oradores, promesas más o menos abstractas o más o menos cuantificables pensadas para los siguientes cuatro años. Cuestiones sin resolver, como la reforma de la Constitución o del Senado, la financiación autonómica o, al menos en los primeros discursos, la recuperación de la soberanía de Gibraltar, han sobrevolado las primeras palabras de los aspirantes a inquilino de La Moncloa.

De esto hablaron y esto prometieron cuando eran candidatos a la investidura los siete presidentes de la democracia:

1979 | Suárez promete asentar la Constitución y contener los precios

Con la Constitución casi en pañales y de fondo un ruido de sables, Adolfo Suárez, que había acuñado su famoso puedo prometer y prometo en 1977, se compromete en su investidura, dos años después, a que la democracia se asiente “por primera vez en nuestra historia” en un país “viejo, de terca voluntad de convivencia entre lenguas y culturas diferentes”, que apenas ha comenzado a descentralizarse y que para el primer presidente democrático apuesta en Europa y en la OTAN sus metas internacionales. Antes, el dirigente de la UCD da ya por muerto ese consenso de la Transición que había obrado el texto constitucional, que dice que se terminará juzgando “como uno de los pilares de la España moderna”, para dar paso al pimpampum entre adversarios políticos ya maduros. Sobre las palabras de Suárez pesa la inseguridad ciudadana, el yugo del terrorismo de ETA y el malestar en sectores del Ejército, y por eso les dedica a esos ámbitos sus promesas: rejuvenecer los cuadros de mando y adecuar los sueldos de los militares a la dedicación efectiva, extender las radiopatrullas de Policía y Guardia Civil y formar a los agentes de ambos cuerpos en labores de información y lucha antiterrorista.

En lo socioeconómico, vende que su Gobierno reducirá “a tasas compatibles con un crecimiento elevado y estable” una inflación interanual del 16,2% —en el mes de su dimisión, febrero de 1981, estará en el 14%—, y que desarrollará “las regiones en las que el paro estructural tiene mayor influencia” cuando el creciente desempleo ya sobrepasa el 8% de la población activa —y subirá hasta el 12,4% a finales de 1980—. Ante unas Cortes que le darán la presidencia con 183 síes, promete también mayor escolarización entre los 14 y 16 años, una edad en la que entonces no era obligatoria, embeber los impuestos indirectos en el IVA, mayor autonomía energética y una política de vivienda que logre que se construyan unas 300.000 casas cada año. De su mención en el discurso terminarán surgiendo el Tribunal Constitucional y la figura del secretario de Estado como miembro de pleno derecho de los gobiernos.

1981 | Calvo-Sotelo se pega a la rueda de Suárez

La dimisión de Adolfo Suárez obliga a la UCD a presentar un nuevo candidato a la investidura, Leopoldo Calvo-Sotelo, que en la Cámara se deshace en elogios a su predecesor y promete que no prometerá mucho —”no esperen de mi un inventario exhaustivo de medidas”— e hila un discurso más analítico que propositivo en el que resurge el problema de la energía —el Gobierno asegurará una política de abastecimiento—, el paro y la inflación —hay que moderar subidas de salarios, seguir políticas monetarias “rigurosas” y contener el déficit público sin aumentar los impuestos—, la reconversión industrial y la liberalización de la economía. El Sáhara Occidental no se menciona explícitamente, pero ahí está, cogido con alfileres: “En el Magreb se desarrolla un conflicto, entiéndase bien, ya ajeno a nosotros y en el que hace tiempo dejamos de ser parte (...) Nos sumaremos a cualquier dinámica de paz que (...) salvaguarde otra línea que debe ser permanente en nuestra política exterior (...): la amistad con nuestro gran vecino del Sur”, Marruecos. La entrada en la OTAN será una cuestión “a dilucidar entre españoles”, y no se tolerará que la URSS la vete. Tras el catalán y el vasco, los estatutos de Galicia y Andalucía serán los siguientes, se tipificará el delito de terrorismo y se invertirá más en centros especiales para menores delincuentes porque el 40% de los presos tiene menos de 25 años, asegura ante una Cámara baja que lo respaldará con tres votos más que a su predecesor.

1982 | González cifra el cambio en promesas numéricas sobre inflación y empleo

“El pueblo ha votado el cambio y nuestra obligación es realizarlo”, lanza al Hemiciclo un Felipe González aupado al poder con 202 diputados socialistas y que “sin acritud”, su popular latiguillo, organiza su discurso en torno a tres ejes: la paz social, la unidad nacional de la España autonómica y el progreso entendido como lucha contra los privilegios. Augura un país con más presencia en el mundo. “Que la esperanza se base en la verdad y no en datos deformados o insuficientes, ni en promesas quiméricas”, asevera. Se encuentra con un 16% de desempleo, el doble que Suárez en su investidura, y una inflación que aquel noviembre de 1982 era del 13,2%. Promete crear 800.000 empleos netos en cuatro años reciclando trabajadores —la realidad se impondrá luego sobre esta promesa— para que aprendan nuevas tareas, reducir los horarios o educar para nuevas profesiones. Vende que en 1983 el PIB crecerá en torno al 2,5% (creció un 1,8%), pero sí atina con las previsiones de inflación. Hay que frenar el déficit público, plantea, pero al tiempo que se usa el gasto público “para combatir la injusticia” y “corregir las desigualdades”.

Promete mantener, mediante una “Ley de Revalorización Automática”, el poder adquisitivo de una pensiones que, salvo las mínimas, han quedado diezmadas por las subidas de precios. En el discurso aparece por primera vez el medio ambiente como “componente vital de la existencia humana”, la investigación y la ciencia como motores de progreso —y aumentará el presupuesto para esas partidas—. La educación ocupa mucho tiempo en el estrado y se promete “nivelar las oportunidades” en un país en el que “los hijos de cuadros superiores han tenido 28 veces más oportunidades de llegar a la universidad que los hijos de trabajadores modestos”. Contra el terrorismo cabe mejorar profesionalmente a los cuerpos de seguridad y es necesaria la cooperación internacional, sin que se mencione explícitamente a Francia. Sobre la OTAN ya no se dice tan claro aquello de “OTAN, de entrada, no”: “Examinaremos con toda la atención los términos de nuestra relación defensiva (...) con EE UU y reestudiaremos (...) la decisión adoptada por el anterior Gobierno español”. Se procurará el consenso para seguir desarrollando la España autonómica. El Defensor del Pueblo, que emana de la Constitución, se instaurará “cuanto antes”. González apela a la ciudadanía antes de pedir el voto de la Cámara (207 apoyos): “¿Les ilusionamos o les desencantamos?, ¿hacemos lo mejor para su futuro, que es el de nuestros hijos?”.

1986 | González renueva aupado por la entrada en la CEE y promete millones de contratos de formación

El segundo mandato del PSOE se estrena sin que las cifras de asesinatos por ETA bajen del entorno de los 40 al año. “Cuando se habla de medidas políticas, de ninguna manera se puede estar pensando en una negociación con un grupo que actúa mediante la coacción del terror y la violencia. La Constitución (...) y los Estatutos no son objeto de negociación”, asevera un renovado Felipe González, con 184 diputados. En la etapa que se abre llegará el acuerdo hispanofrancés para la lucha contra ETA y las conversaciones políticas de Argel. España ha estrenado no hace mucho membresía en la CEE y en la OTAN, y paga ya un nuevo impuesto, el IVA, que tendrá un impacto en la subida de precios, advierte el presidente, pero, con todo, el mandatario socialista augura que la inflación (por encima del 9%) se situará en la media europea y promete que en dos años bajará en torno al 3% (en julio de 1988 será del 4,7%). Asimismo, promete reducir el déficit público, que en efecto entre 1986 y 1989 bajará del 6,1% al 3% del PIB. Habrá “probablemente” más de dos millones de contratos de formación en 1986. Sobre todo, se fía mucho a Europa y el efecto “de disponer de un mercado de 320 millones de personas”. Se asegura que los únicos estatutos pendientes, los de Ceuta y Melilla —una vieja promesa en anteriores programas electorales del PSOE—, se aprobarán en los cuatro años venideros, pero habrán de esperar hasta 1995. España verá mejorar sus infraestructuras con más inversión pública y la llegada del dinero de Europa.

1989 | González recapitula ante su tercer mandato y vende un aumento del parque de viviendas

El socialista ha adelantado las elecciones tras la falta de acuerdo con los sindicatos que lo habían desafiado con una huelga general. Aprovecha para recapitular. Quedan atrás los años de la reconversión industrial, las amenazas golpistas, la crisis económica que hundía sus raíces en los 70. Y es cierto que el PIB ha experimentado uno de sus mayores periodos de crecimiento desde 1982. Cree González que, de mantenerse el ritmo, a finales de siglo España duplicaría cada año su capacidad de crear riqueza, pero la inflación repunta al 7% y crece el desequilibro comercial.

En lo institucional, apela a que se avance en el papel del Senado como cámara de representación territorial, un lugar común que se filtra en numerosos discursos de investidura, y aboga por progresar en el ámbito competencial de las comunidades autónomas. La vivienda sigue siendo un bien caro y escaso: “Hay que aumentar la oferta y combatir la especulación” y, modificando la Ley del Suelo y la de Arrendamientos Urbanos y con estímulos financieros y fiscales, se debe “facilitar el acceso a la vivienda en propiedad y (...) fomentar las de alquiler”. 1992, con la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, es un acicate. “Pondremos en marcha el tren de alta velocidad”, promete (y cumplirá) González, que reducirá la mili de 12 a 9 meses (ya se había acortado en 1987), un nuevo Código Penal (que llegará en 1995), y esfuerzos para acabar con un terrorismo derrotado “políticamente” en el terreno operativo. Las menciones a Gibraltar, presentes en las investiduras anteriores, se esfuman del discurso y no volverán hasta Aznar.

1993 | PNV y CiU, muletas parlamentarias para un último mandato de González marcado por la crisis

El PSOE pierde la mayoría absoluta y necesitará al PNV —con un compromiso de gobierno— y a CiU —con uno programático— para lograr 181 apoyos en la cuarta y última investidura de González. Una nueva crisis económica castiga a España y sube el paro, y González promete, usando un tono algo más abstracto que en anteriores investiduras, corregir los desequilibrios y aprobar “las reformas estructurales que nuestra economía precisa” para combatir el galopante déficit público, incentivar la inversión y el ahorro, y crear empleo mediante un pacto social. Apela al “esfuerzo colectivo”, si se quieren “mantener los logros sociales alcanzados (...) en el pasado decenio”. Es el preámbulo a la reforma del mercado de trabajo, que venía recogido en el programa socialista: supresión de los contratos de fomento del empleo (una de las 14 modalidades eventuales), incentivar el tiempo parcial y de relevo entre jubilados y jóvenes. Volverán los aprendices. Medio billón de pesetas irá a un Programa Nacional de Formación Profesional; 200.000 millones, a la formación continua de los trabajadores en activo. La sombra de la corrupción política planea sobre las cabezas de los políticos: González dice querer que el Poder Judicial tenga “mayores poderes”, que haya una ley que regule las fuentes de financiación de los partidos, que deberán limitarse a la pública y la privada que provenga de personas físicas (con posibilidad de desgravación fiscal). Ahora sí, llegarán los estatutos de Ceuta y Melilla, y el reto de la integración económica de España en Europa marcará, afirma el socialista, los siguientes años.

1996 | Aznar y sus “compromisos inteligentes” con nacionalistas catalanes, vascos y canarios

El primer gobierno del PP se estrena con acuerdos con CiU, PNV y Coalición Canaria. José María Aznar dice que “no se renuncia a las convicciones políticas por alcanzar compromisos inteligentes en busca de las mejores soluciones posibles”, que hay que proteger “a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de (...) sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones”, y logrará la presidencia del Gobierno con 181 votos a favor, los mismos que González en su última investidura. De ahí nacen las promesas de reformar el modelo de financiación autonómica —que para entonces gastan más del 25% del total de la Administración—, la sustitución de los gobernadores civiles por subdelegados del Gobierno, procurar el desarrollo del Estatuto de Gernika, atender a la condición ultraperiférica canaria. En lo económico, el líder popular pide que se cree una oficina para controlar la ejecución de los Presupuestos y enmarca su programa en la modernización del sistema económico. Acucia “la falta de empleo”, “el paro femenino”, las deficiencias de “los servicios públicos” y la cuestión de “que no haya suficientes empresas en España”. Sobre todo, que el país no cumpla “ninguno de los criterios de convergencia para incorporarse a la Unión Económica y Monetaria” de 1999, pero además hay que darse prisa porque para superar el corte solo restan 18 meses. Por eso el déficit público (5,86% en 1996), apunta, quedará en el 3% en 1997 (será mayor, del 3,86%).

Un “compromiso de austeridad” se concreta en que el gasto público no crezca por encima de la inflación. Hay que “impulsar el camino de la desregularización y privatización” —habrá un plan específico para lo segundo—. “La privatización producirá (...) efectos beneficiosos como la ampliación de los mercados de capitales españoles y la difusión de la propiedad”. La fiscalidad empresarial será “netamente mejorada” y las comunidades participarán hasta en un 30% en el IRPF. Y se cambiará la legislación sobre el suelo porque se ha convertido “en un recurso artificialmente escaso” (los precios de la vivienda terminarán disparándose). En lo educativo, Aznar dice que promoverá que la gratuidad de la enseñanza se extienda de los tres a los 16 años, y la libre elección de centro. Del Senado, otra vez, se dice que hay que reformarlo. De los jueces, que si han ocupado cargo público pasarán un periodo de espera antes de volver a vestir la toga.

2000 | Aznar: “Es el momento de trabajar por acercarnos al pleno empleo”

España ha entrado en la Unión Monetaria Europea. El paro baja del 20,1% de mayo de 1996 —primera investidura de Aznar— al 13,61% a finales de 2000. “Es el momento de trabajar por acercarnos al pleno empleo”, alienta en el inicio de su segundo mandato, que ha prometido será el último. El país y otros europeos, asevera, impulsan un proceso para alcanzar el pleno empleo hacia 2010. También asegura que el gasto público, que ha ido bajando año tras año, estará por debajo del 40% del PIB y así será. El IAE se eliminará para la inmensa mayoría de pymes y autónomos. Se pagará menos por IRPF. Augura normas para mejorar la gobernabilidad de los ayuntamientos tras las elecciones municipales, asegurar la máxima transparencia en la financiación de los partidos, regular las televisiones y radios públicas.

España se sumará al Tribunal Penal Internacional, se revisarán las penas y aumentará el control de cumplimiento, se reformará el derecho procesal civil. Aparece por primera vez la referencia a la “violencia doméstica” y el fenómeno de la inmigración (en cambio, en los discursos de Suárez, Calvo-Sotelo y el primero de González se hablaba de los emigrantes españoles). Se reforzarán con conferencias sectoriales los órganos de cooperación entre la Administración central y las autonómicas. El precio de la vivienda sigue disparado, pero Aznar asegura que se puede abordar reformando las haciendas locales. Habrá un ministerio para la ciencia y la tecnología. “El debate sobre el Senado no debe permanecer abierto de manera indefinida”, dijo. Otra referencia a la Cámara alta más. El final de la mili, para 2001. Aznar, con 202 votos afirmativos, se queda a solo siete del récord de González en 1982.

2004 | El inesperado Zapatero promete medidas a las víctimas del terrorismo

Tras los atentados del 11-M, José Luis Rodríguez Zapatero gana las elecciones generales y consigue la presidencia con 183 votos (PSOE, IU, ERC, CC, BNG y Chunta Aragonesista). Promete reformar la atención a las víctimas y sus familias, crear un mando único operativo de las fuerzas de orden, y más cooperación internacional para combatir a los terroristas “de todo tipo”, pero eso sin caer “en el error de proponer, en aras de la seguridad, restricciones en nuestro sistema de libertades”. A renglón seguido, asegura que combatirá “toda forma de xenofobia”. “¿Es que no han muerto, con los de nuestro país, decenas de hijos de otras naciones?”, pregunta al hemiciclo. El empleo, la vivienda, la dependencia, la educación, el poder adquisitivo de salarios y pensiones protagonizan su discurso, con un apartado institucional en el que promete crear la Conferencia de Presidentes e incorporar al Consejo de Estado, como vocales permanentes, a todos los expresidentes del Gobierno. La reforma del Senado “es imprescindible” dentro de un “proceso consensuado” para reformar la Constitución, que también modificará la ley de sucesión de la Corona para que pueda reinar una primogénita (y se hizo), incluirá la denominación de las 17 comunidades autónomas (aún no), e incluirá a una referencia a la finalmente no nata Constitución Europea.

Las críticas al control por parte del anterior Gobierno de los medios de comunicación públicos se concretan en una promesa en sentido contrario. Y otro de los principales motivos de disgusto contra el segundo Ejecutivo de Aznar, la participación de España en la guerra de Irak, deriva en que Zapatero prometa que España estará en misiones internacionales siempre que haya un mandato de la ONU u otros organismos multinacionales y que lo respalde el Parlamento. Referencias a más becas y más dinero para I+D+i (el presupuesto para esa partida crecerá un 25% cada año). Una subida del SMI (hasta 600 euros a final de legislatura) y las pensiones más bajas llenan las palabras del socialista, que promete una Ley Integral contra la Violencia Doméstica y la reforma del Código Civil para reconocer a los homosexuales en pie de igualdad con el resto de ciudadanos. El matrimonio LGTBI, otra promesa de investidura, llegará un año más tarde.

2008 | Zapatero augura que la crisis económica será solo “transitoria”

“Muchos españoles se interrogan por el futuro de nuestra economía y sienten incertidumbre”, asegura ante el que será su último mandato Zapatero. El panorama “para la primera fase de la nueva legislatura [es de] tasas de crecimiento inferiores a las del pasado cuatrienio y un comportamiento menos favorable. (...) Es el panorama más inmediato para nuestra economía, pero no es un horizonte prolongado, sino transitorio”. Luego se verá que varias consecuencias de la Gran Recesión se extenderán más de una década. En el terreno de lo concreto, el presidente socialista promete una reducción de 400 euros en el IRPF, adelantar las devoluciones del IVA a la empresas, reducir impuestos para la rehabilitación de viviendas, un plan para recolocar a los crecientes parados de la construcción, facilitar que se amplíen los plazos del pago de las hipotecas. Y reducir la temporalidad en el empleo al 25% al final de la legislatura, que en efecto se redujo, aunque acompañada de un paro galopante que afecta también a los inmigrantes (se incentivará que retornen a su país capitalizando el paro generado).

El SMI se subirá, dijo, a 800 euros (subida que quedará en unos pírricos 41 euros más en 2011) y las pensiones mínimas con cónyuge a cargo a 850; a 750, las de viudedad para mayores de 65 años. Las promesas en dependencia se cifran en 650.000 personas atendidas. Habrá una renta de emancipación para 360.000 jóvenes en 2008. En derechos sociales, se presentará una Ley Integral de Igualdad e Trato para acabar con la discriminación por orientación sexual, se coordinarán mejor las administraciones contra la violencia de género. También habrá reformas en el aborto para “dar garantías plenas a las mujeres que deciden”. La reforma y la renovación de la justicia, como en la actualidad, plantea problemas. “Es un objetivo crucial e inaplazable”. “Hay que evitar que se produzcan situaciones de bloqueo institucional (...) Aseguraremos el cese efectivo del Consejo [General del Poder Judicial] cuando concluya su mandato”. Se reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial. Más policías y guardias civiles para llegar a los 140.000, se destinará un 0,7% del PIB a la Ayuda al Desarrollo y se prometen cambios en la financiación autonómica. Zapatero es elegido solo por los diputados socialistas, 169.

2011 | Rajoy deja traslucir una dura reforma laboral

El primer presidente popular tras Aznar, Mariano Rajoy, presenta un discurso de investidura de párrafos mínimos, casi a razón de uno por frase, y salda su primer discurso como candidato con más análisis de “un panorama [que] no puede ser más sombrío” que propuestas concretas. El paro está en un 25% aquel diciembre de 2011: “Debemos sembrar con urgencia, si queremos que brote lo antes posible la nueva cosecha de empleos en España”. Promete diálogo abierto a todos y cifra en 16.500 la reducción del déficit público, que casi se ha doblado en porcentaje el PIB desde 2007, para 2012. Su Gobierno, dice, se centrará en la estabilidad presupuestaria. Y viene impuesta por Europa. La segunda modificación de la Constitución desde que se promulgara la incluye desde unos meses antes, con Zapatero aún en La Moncloa, y el apoyo del PP y UPN.

Se saneará y se reestructurará el maltrecho sector financiero, que deberá vender los pisos terminados que están en sus manos e impulsar fusiones entre las entidades. Y en materia laboral, Rajoy anuncia una “profunda modernización de la legislación” que derivará en la contestada reforma laboral del 2012, que se dice que se alcanzará con los agentes sociales, pero luego se llenarán las calles de manifestaciones en su contra. Los autónomos y las pymes no pagarán el IVA hasta que no lo hayan cobrado, se ayudará fiscalmente con 3.000 euros por la contratación de un primer trabajador, se recupera la deducción por inversión en vivienda habitual. Rajoy garantiza “unas enseñanzas comunes en todo el territorio nacional”, renovar el Tribunal Constitucional, suprimir las prejubilaciones salvo en casos excepcionales. Sale elegido con sus 186 diputados y el apoyo del de Foro Asturias.

2016 | Sánchez pierde su primer envite prometiendo una ley de segunda oportunidad

Las elecciones generales de 2015 dibujaron un hemiciclo muy fragmentado y dejaron tocado al bipartidismo. Rajoy, el más votado, renunció a presentarse a la investidura. Lo hizo en su lugar el candidato del segundo partido más votado, el PSOE de Pedro Sánchez, que acordó con Ciudadanos su apoyo, pero el de nadie más. Sánchez subió a la tribuna para prometer gobernar mediante pactos que cuenten con el mayor respaldo parlamentario posible, en un discurso con ríos de tinta para alabar el espíritu de la coalición, pero reconociendo: “[Que] los votantes de izquierdas de este país lo sepan. No hay mayoría suficiente en este Parlamento para sumar un Gobierno de izquierdas”. En un discurso carente en general de promesas cuantificadas concretas, atacando el “modelo anterior obsoleto y anacrónico” y la “rebaja fiscal electoralista” del Ejecutivo precedente. Sánchez, que no contaba con apoyos suficientes y perdió la investidura, abogó por renegociar con Bruselas las medidas de austeridad, un cambio de modelo de crecimiento “basado en la innovación” y medioambientalmente sostenible, y la mejora de la productividad. En lo poco de específico, auguró que el déficit público quedaría en torno al 1% en 2019 y prometió una Ley de Segunda Oportunidad, otra de cambio climático (apoyada en un pacto de Estado por la energía), una gestión “eficiente” del agua y la protección de las costas. Tras la fallida investidura, España fue de nuevo a elecciones generales.

2016 | Rajoy se dirige a Cataluña: “Nuestra primera obligación (...) es preservar la soberanía nacional”

Tras 315 días de Gobierno en funciones, Rajoy fue investido el 30 de noviembre de 2016 sumando 170 votos a favor (los de los diputados del PP, los de Ciudadanos y el de Coalición Canaria) y la abstención de 68 diputados del PSOE, y con 111 votos en contra. El presidente del PP concurrió a dos sesiones de investidura. En su primer discurso, el 30 de agosto, lo hacía aupado por los buenos datos de creación de empleo (afirmando que 1.600 españoles encontraban trabajo al día), de reducción del déficit público y afirmando que hasta la fecha, salvo en los gobiernos de mayoría absoluta, ningún partido ganador (137 escaños) había quedado tan lejos en votos del segundo (85). Rajoy pretendía reformar el régimen de cotización de los autónomos para hacerlo más “flexible” y ampliar la tarifa plana de costes sociales de 50 euros mensuales de los seis meses vigentes al año. Para los desempleados, vendió un “cheque formación” para escoger los cursos; para los trabajadores: reducir la dualidad del mercado de trabajo. En educación, aseguró que se aprobaría un Estatuto del Personal Docente para el desarrollo profesional de los enseñantes. Cuando aún estaba caliente el descontento de muchos ciudadanos con las instituciones por los casos de corrupción, acordó con Ciudadanos que fuera imposible conceder indultos a un condenado por ese tipo de delitos, como también los de terrorismo y “violencia doméstica”. Cataluña asomó en sus discurso: “Nuestra primera obligación (...) es preservar la soberanía nacional”. En el segundo debate, sumó los apoyos de Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias y Partido Aragonés, prometió diálogo social y retomó uno de los lugares comunes de muchos candidatos: la negociación de la financiación autonómica.

2019 | Sánchez promete derogar los aspectos “más lesivos” de la reforma laboral

“Lo que les pido que permitan que España tenga un Gobierno. Lo que les pido, lo que les exijo, es que España avance”, así cerraba Sánchez su segundo discurso de investidura, que también resultaría fallido y terminaría llevando a una repetición electoral, en el que recalcó la “precariedad laboral” y la temporalidad (casi del 26%) que sufrían “muchos españoles y españolas” y que se traduce en un “permanente estado de incertidumbre”. “Catorce de cada cien personas que trabajan en nuestro país son trabajadores pobres”, proclamó el candidato socialista. Las palabras kelly y rider se cuelan por primera vez en una investidura. “Esta legislatura debe alumbrar un nuevo Pacto de Toledo que salvaguarde la clave de bóveda de nuestro Estado de bienestar, que es el sistema público de pensiones”, avanzó, para detallar que las pensiones se actualizarían conforme al IPC real. Prometió actualizar de forma integral el Estatuto de los Trabajadores, derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral impuesta en 2012. También adelanta una ley de igualdad y un nuevo plan de retorno para trabajadores inmigrantes, además de diálogo con los agentes sociales para un pacto de rentas que mejore los salarios. En otros ámbitos, augura una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación y la modificación de la Ley de Identidad de Género. En Educación, señaló: “Vamos a universalizar la escolarización de 0 a 18 años, no mediante la obligatoriedad, sino promoviendo una oferta suficiente de plazas públicas”.

2020 | Sánchez esboza el primer Gobierno de coalición y augura que “no se va a romper España”

Sánchez se hizo con la presidencia del Gobierno en 2018 tras ganar la moción de censura contra Rajoy. Refrendó luego el cargo tras las elecciones generales y pactó, por primera vez en democracia, que el Gobierno fuera de coalición, PSOE y Unidas Podemos. Y comenzó su discurso de investidura de enero de 2020 con una afirmación tajante: “No se va a romper España. No se va a romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles”, dice en mención a la Cataluña que dos años antes había vivido una declaración ilegal de independencia. El presidente socialista promete “reducir mediante la política y el diálogo la tensión territorial y comenzar a superar el contencioso político catalán”.

El discurso se trufa con referencias a la justicia social, la pobreza infantil, la desigualdad extrema. “El dinero no está como siempre mejor en el bolsillo de quien posee una fortuna, como estamos escuchando últimamente. A menudo el dinero está mejor, por ejemplo, en las escuelas públicas, bibliotecas, hospitales”, asevera y recalca que su noción de la libertad es incompatible con la ley mordaza del PP (que finalmente no se logró modificar durante su mandato). Apela a la obligatoriedad de las zonas libres de emisiones en todos los municipios de 50.000 habitantes, que se aprobó luego, aunque todavía hoy quedan ciudades sin aplicarlo. En educación, una inversión al final de la legislatura equivalente al 5% del PIB anual. El mismo porcentaje, pero para 2025, irá dedicado a becas. En trabajo y pensiones, renovar el Pacto de Toledo, recuperar los derechos laborales perdidos (con una modificación de la reforma laboral de Rajoy de 2012), un nuevo Estatuto de los Trabajadores, la subida del SMI al 60% del salario medio e integrar en el régimen de la Seguridad Social a las empleadas del hogar. En política fiscal, subir los tipos a las rentas superiores a los 130.000 euros anuales. En derechos, erradicar la prostitución, una ley de eutanasia y otra de bienestar animal y la luego polémica del solo sí es sí. Sánchez es investido con los 167 votos de su partido, UP y otros fuerzas de izquierda, nacionalistas y regionalistas.

2023 | Feijóo promete acuñar el delito de deslealtad institucional y reducir el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros anuales

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la formación más votada en las elecciones generales de julio, prometió el pasado septiembre en su debate de investidura que no habría autodeterminación ni amnistía para los cargos involucrados en el procés, que incorporará al Código Penal un delito de deslealtad institucional y que aumentará las penas por malversación de fondos públicos. También auguró pactos en regeneración institucional, territorial, por el saneamiento de la economía o por el agua, una ley para los enfermos de ELA, que en la dirección de la Guardia Civil y Policía estén mandos profesionales y la equiparación salarial de sus agentes. Entre otras promesas, ofreció la incorporación de 1.000 jueces y magistrados nuevos en los próximos cinco años y una ley de reforma de elección del Poder Judicial, y ofreció crear una comisión de investigación sobre el cambio de posición español sobre el Sáhara Occidental. En el plano económico, apostó por reducir el IRPF a quienes cobren menos de 40.000 euros anuales y extender la rebaja temporal del IVA a carnes, pescados y conservas. También, reformar la Administración para hacerla más “ágil” eliminando “tres normas vigentes por cada una que se apruebe”. Que los pequeños emprendedores no paguen impuestos en los dos primeros años de su actividad y que se prime a los médicos de familia que quieran ejercer en el medio rural (y más doctores para salud mental).

Feijóo perdió la investidura con 172 votos a favor ((los 137 diputados de su partido, los 33 de Vox, la de Coalición Canaria y el de UPN), 177 en contra y un voto nulo de un escaño de Junts.