España retocará su propuesta sobre las lenguas cooficiales para intentar tranquilizar a sus socios europeos

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha anunciado este martes en Luxemburgo que España presentará una “propuesta adaptada” de su petición de hacer del catalán, el euskera y el gallego idiomas oficiales de la UE, un nuevo texto en el que se incluirán argumentos suficientes, afirma, para garantizar que la iniciativa española no sentará un precedente para otros países. La posibilidad de que la iniciativa española ...

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha anunciado este martes en Luxemburgo que España presentará una “propuesta adaptada” de su petición de hacer del catalán, el euskera y el gallego idiomas oficiales de la UE, un nuevo texto en el que se incluirán argumentos suficientes, afirma, para garantizar que la iniciativa española no sentará un precedente para otros países. La posibilidad de que la iniciativa española genere un efecto dominó en una Unión con unas 60 lenguas regionales o minoritarias y múltiples conflictos nacionalistas es lo que más recelos despierta en parte de los socios europeos para aprobar una medida que requiere el sí de los 27 Estados miembros.

“La propuesta reformada se circunscribe exclusivamente al caso de España, dado que cumple unos requisitos únicos en la Unión, y por tanto, otras lenguas no podrán ampararse en esta reforma si el Estado miembro no lo desea”, ha sostenido Albares tras una reunión con ministros y altos representantes de asuntos europeos en Luxemburgo, donde la petición española ha abierto el orden del día.

La propuesta, presentada por España el 19 de septiembre en Bruselas y que responde a una de las exigencias de los partidos independentistas catalanes para apoyar una eventual investidura de Pedro Sánchez, había sido recibida con recelo por varios países, que subrayaban que aún quedan muchas preguntas sobre sus implicaciones “legales, prácticas, organizativas y financieras”. “Es un tema que se llevó muy rápidamente a discusión, sin ninguna preparación ni realmente ninguna presentación sobre a qué podría conducir, desde un punto de vista legislativo, económico”, lamentó a su llegada a Luxemburgo el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Anders Adlercreutz, que dijo esperar “recibir esas respuestas” en esta nueva cita.

El ministro de Exteriores letón, Krisjanis Karins, fue más allá incluso al cuestionar la oportunidad de la propuesta en el apretado calendario de la UE. “No creo que sea ahora mismo el tema número uno que tengamos que discutir, tenemos muchas cuestiones sobre la mesa, la geopolítica y la posición estratégica de Europa en el futuro, y creo que deberíamos dedicar nuestro tiempo a centrarnos en eso ahora”, declaró, sin llegar a manifestar una oposición explícita a la iniciativa, cosa que según fuentes diplomáticas tampoco sucedió a puerta cerrada. A la salida de la reunión, se limitó a declarar que la propuesta española “está siendo evaluada”. También Lituania manifestó dudas durante la conversación de los ministros, preocupada por el posible impacto en países como el suyo con minorías rusas, pero España sostiene que la “especificidad” de las lenguas cooficiales españolas las convierte en un “caso único” en la UE.

“La reforma indicará que se produce solo en el caso español, por el estatus del que gozan las lenguas dentro de nuestro ordenamiento constitucional, por utilizarse ya en el Parlamento español, por contar ya con acuerdos administrativos que rigen su uso en instituciones de la UE desde hace décadas y por financiarlo íntegramente España”, ha enumerado Albares en rueda de prensa las condiciones que incluirá el nuevo texto de la propuesta, que será trasladado a los socios europeos “próximamente”.

Fuentes presentes en la reunión indican que Albares aseguró además, ante las dudas de los ministros bálticos, que la propuesta española especifica que la lengua, para ser declarada oficial, debe ser originaria de un Estado miembro, no de un tercer Estado que no pertenezca a la Unión Europea. En su defecto, deberá haber un reconocimiento constitucional de dichas lenguas, que deben ser ya lenguas de trabajo en el Parlamento nacional del Estado miembro en cuestión, extremo que cumple España precisamente desde el 19 de septiembre, cuando se celebró el primer pleno del Congreso de los Diputados con todas las lenguas cooficiales.

En rueda de prensa, el jefe de la diplomacia española también ha indicado que otro de los requisitos propuestos es que “tendrán que haber sido depositadas copias certificadas de los tratados ante el consejo de la UE” en las lenguas solicitadas. “Todo este grupo de condiciones solo lo cumplen las lenguas cooficiales españolas en la UE”, ha insistido Albares, que ha recordado de igual manera que las lenguas cooficiales españolas, especialmente el catalán, son habladas por más ciudadanos que algunas de los idiomas ya oficiales de la UE. No aludió, sin embargo, a un elemento del que carecen las tres lenguas cooficiales españolas: ninguna de ellas es oficial en toda España (solo lo son en determinadas comunidades autónomas), al contrario que las 24 lenguas actualmente oficiales en la UE, que lo son también en el conjunto de sus respectivos Estados.

Respecto a la intención de España de asumir “íntegramente” los costes que genere la iniciativa, que ya se adelantó en septiembre, Albares ha explicado este martes que ya se han solicitado, hace justo una semana, informes de impacto presupuestario y material a los servicios de la Comisión Europea, la responsable de estas evaluaciones, para saber el coste que tendría la traducción e interpretación en las tres lenguas cooficiales españolas. En cuanto se reciba esa información, para la que no ha aventurado plazos, España “dará los pasos” necesarios para “formalizar” su oferta de asumir unos costes de los que tiene estimaciones que no ha querido revelar pero que califica de “perfectamente asumibles por España”. De hecho, ha recordado, España ya paga estos gastos desde que se firmaron, a partir de 2005, acuerdos administrativos con casi todas las instituciones europeas que permiten un amplio uso ya de las lenguas cooficiales en Bruselas. Y “nunca se ha planteado ninguna dificultad ni problema en su financiación”, ha recordado.

Al tratarse de una reforma del reglamento europeo, la propuesta española requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros para ser aprobada. Desde que se lanzó la iniciativa, uno de los objetivos de España ha sido que esta no quede frenada precisamente por un veto que daría al traste con todo. Algo que, ha subrayado Albares, no ha sucedido por el momento. “Ningún Estado se ha opuesto a que se circule esta propuesta adaptada, ningún Estado se ha opuesto a seguir avanzando en esta senda, que es lo más importante”, ha dicho el jefe de la diplomacia española. “Cuando se trata de unanimidad, no importan los votos, importan los vetos. Y no hay vetos”, ha insistido ante periodistas.

No obstante, las reticencias demuestran que el camino de la propuesta española puede ser todavía largo. Sobre todo porque los socios europeos no comparten las prisas españolas, donde la fecha tope de una investidura de Sánchez, el 27 de noviembre, hace que el calendario apriete. De hecho, nada más conocer las declaraciones de Albares, Junts per Catalunya ha exigido desde Barcelona al Gobierno que “intensifique los esfuerzos diplomáticos” y anuncie ya “una fecha para la aprobación definitiva de la oficialidad del catalán en la Unión Europea”, informa Marc Rovira. En un comunicado, Junts “constata” que “se han producido avances” en la propuesta de hacer oficial el catalán, pero avisa al Gobierno: “Tiene que ser consciente de que estamos en tiempo de descuento”.

Todavía queda un Consejo de Asuntos Generales ordinario antes del fin del plazo de la investidura. Está programado para el 15 de noviembre y la idea es que el asunto de las lenguas vuelva a ser debatido, aunque aún no está fijada la agenda ni está claro si el informe de costes de la Comisión estará listo. La vicepresidenta de la Comisión para Democracia y Demografía, Dubravka Suica, se ha limitado a decir que el Ejecutivo europeo está “dispuesto a coordinar y ayudar a preparar” el informe de costes.