Balance del primer año de la ley de memoria: 13,9 millones de presupuesto, 10.000 euros de sanción a Falange y 69.000 nuevos españoles

La ley de memoria democrática cumple este sábado un año desde su entrada en vigor. Pretendía resolver los “déficits” de la anterior, conocida como ley de memoria histórica y aprobada en 2007, durante el primer Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Al igual que entonces, el PP, votó en contra de la norma, que ...

La ley de memoria democrática cumple este sábado un año desde su entrada en vigor. Pretendía resolver los “déficits” de la anterior, conocida como ley de memoria histórica y aprobada en 2007, durante el primer Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Al igual que entonces, el PP, votó en contra de la norma, que ha criticado con dureza —“revanchista”; “totalitaria”; “destructiva”— y que ha prometido derogar si llega al poder. Los pactos de gobierno autonómicos con Vox, que en este caso mantiene un argumentario idéntico al de los populares, incluyen ya la supresión de las normas regionales en la materia. En Cantabria, donde el PRC se abstuvo en la investidura de María José Sáenz de Buruaga para que el Gobierno no dependiera de los votos de la ultra derecha, populares y Vox acaban de aprobar una iniciativa parlamentaria para redactar una nueva ley que sustituya a la de memoria. El primer aniversario de la norma que anuló las sentencias franquistas y 33 títulos nobiliarios que representaban exaltación de la Guerra y Dictadura, y por la que el Estado se comprometió a asumir —hasta entonces solo subvencionaba— el proceso de localización e identificación de víctimas llega en plena ofensiva de la derecha para desmontar el andamiaje legal de la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. La partida de los Presupuestos Generales del Estado para la aplicación de la ley asciende a 13,9 millones de euros, un 17,97% más que el ejercicio anterior.

En declaraciones a EL PAÍS, preguntado por el balance un año después de su aprobación, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, del que depende la secretaría de Estado de Memoria Democrática, responde: “Teníamos una deuda de democracia con las víctimas que se cerró con la ley, un camino democrático que culmina el emprendido por la Transición y la Constitución Española de 1978, situando, además, a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en el centro de la acción política. A todas. Un año es aún pronto para poder valorar los efectos en su totalidad, máxime cuando le queda desarrollo por delante, pero podemos decir que es una ley necesaria, que está ayudando a coser heridas que aún se encontraban abiertas en nuestro país y que nuestra democracia es hoy mejor porque se asemeja más a las democracias más avanzadas de nuestro entorno. Nunca entenderé qué puede molestar a la derecha de esta ley. ¿Les molesta que haya españoles que no sepan dónde están sus familiares y que puedan darles sepultura digna? ¿Que se repare la memoria de personas que sufrieron los efectos perversos de una guerra civil y de una dictadura? ¿Que se reconozca a las mujeres que fueron silenciadas durante 40 años? ¿Que el único mausoleo que existía en una democracia avanzada de la Europa occidental dedicado a un dictador sea resignificado? ¿O les molesta que todo esto se haga 47 años después de la muerte del dictador? Afortunadamente, la sociedad española avanza más rápido que la derecha de nuestro país hacia el tipo de democracia que aspira a ser. Ojalá España pudiera tener una derecha más parecida a la europea, que no blanquee a la extrema derecha ni se deje arrastrar por ella”.

El adelanto electoral de las generales a julio suspendió el desarrollo de parte de la ley. Este es un balance de lo que ya se ha hecho y las tareas pendientes un año después de su entrada en vigor.

Recuperación de restos y banco de ADN. El principal déficit de la norma anterior, de 2007, como admiten en el Gobierno, era que subvencionaba las tareas de localización y exhumación de fosas comunes, pero el Estado no asumía ese proceso. Ahora sí. El Gobierno trabaja en colaboración con las comunidades autónomas y locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para diseñar planes cuatrienales que permitan rescatar al mayor número de víctimas. De momento, se han realizado transferencias de tres millones de euros a los gobiernos autonómicos, Ceuta y Melilla y otra de un millón a la FEMP con ese mismo propósito. Fuentes del Gobierno señalan que algunas comunidades gobernadas por el PP han colaborado “a regañadientes” en ese proceso y han detectado un cambio a peor cuando en esos ejecutivos regionales ha entrado la extrema derecha. “Cuando gobiernan solos, el PP acepta en algunos casos las exhumaciones, pero cuando se sienten presionados por Vox, ponen obstáculos”, aseguran. Desde 2019, se han financiado más de 560 actuaciones de búsqueda y apertura de fosas comunes del franquismo. Entre ese año y 2021, antes de la entrada en vigor de la ley, pero ya con el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, se recuperaron los restos de 2.384 víctimas. En seis años de ejecutivos del PP, es decir, el doble de tiempo, 2.923. El Ejecutivo ha adquirido además, el software Bonarparte, creado a petición del Instituto Forense holandés, con el objetivo de desarrollar una base de datos de ADN para la identificación de cadáveres y personas desaparecidas. Fuentes del Ejecutivo señalan que eligieron ese programa porque era el que mejores prestaciones había ofrecido en procesos de identificación de víctimas de las últimas guerras en Europa y otros países tras asesoramiento con expertos internacionales en genética forense. Actualmente, se está formando al personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y a partir de enero se incorporarán los 13 laboratorios genéticos del país que ya realizan este tipo de análisis para que conozcan la nueva herramienta y el banco de ADN esté plenamente operativo. La ley establece que almacenará los perfiles genéticos “de víctimas de la Guerra y la Dictadura y sus familiares, así como de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos”.

Sanciones. Otra de las principales novedades de la ley de memoria democrática respecto a la anterior es la tipificación de infracciones (leves, graves y muy graves) por incumplimiento y sus respectivas sanciones. Así, el Estado abrió un expediente a Falange española por la difusión y publicidad de los actos del 20-N (aniversario de la muerte del dictador), considerado como infracción muy grave y sancionado con 10.001 euros. La organización ultra ha anunciado que recurrirá al contencioso-administrativo. El adelanto electoral frenó el desarrollo de otra de las novedades de la ley, la inclusión, como causa de extinción de fundaciones, la apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado, a la dictadura o a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, como la Fundación Franco, que incluso convoca certámenes literarios para ensalazar al dictador.

Nacionalidad española. La nueva ley amplió, como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, los criterios para obtener la nacionalidad española. Desde su entrada en vigor y hasta el pasado 31 de agosto (últimos datos actualizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores), se han aprobado 69.000 solicitudes de adquisición de la nacionalidad española al amparo de la norma: 15.000 en el Consulado de La Habana; más de 8.500 en el de México y casi 5.700 en el de Córdoba (Argentina).

Nulidad de sentencias y fiscal especializado. La ley de 2007 declaró “ilegítimos” a los tribunales franquistas y la de 2022 dio un paso más al proclamar la nulidad de sus sentencias. Era una vieja reivindicación de los familiares de las víctimas. En Castigar a los rojos (Editorial Crítica), Ángel Viñas, Francisco Espinosa y Guillermo Portilla detallan cómo el franquismo retorció el derecho para construir una “justicia de exterminio”. Solo en Málaga, por ejemplo, cuatro tribunales juzgaron en 100 días a 20.000 personas e impusieron 3.000 penas de muerte. Eran juicios sin garantías, inspirados en las tesis de la Inquisición y el derecho nazi para condenar a la población no por sus actos, sino por sus ideas. La ley de memoria democrática también estableció la creación de una fiscalía especializada, de sala (en junio fue nombrada al frente de la misma la exministra de Justicia Dolores Delgado) para la investigación de violaciones de derechos humanos durante el franquismo y se modificó la ley de jurisdicción voluntaria para introducir los expedientes encaminados a la obtención de una declaración judicial sobre la realidad y circunstancias de esos hechos.

Valle de Cuelgamuros y simbología. Uno de los grandes hitos desde la entrada en vigor de la ley han sido las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, antes llamado de los Caídos, de las víctimas allí enterradas sin el consentimiento de sus familiares. Tras una catarata de recursos judiciales interpuestos por grupos profranquistas y antimemorialistas, los forenses comenzaron a trabajar en las criptas el pasado junio y ya han logrado identificar y devolver a sus familias los restos de 11 víctimas. En el proceso de resignificación del recinto, tras el traslado de los restos de Franco en 2019, el pasado abril fueron exhumados y reinhumados en el cementerio madrileño de San Isidro los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Queda pendiente la expulsión de la comunidad benedictina, al no haber aprobado el Gobierno, por el adelanto electoral, el nuevo decreto sobre los fines del monumento. Previamente, en noviembre del año pasado también fueron trasladados de la basílica sevillana de La Macarena los restos del general franquista Queipo de Llano. Quedan pendientes, en la cripta del Alcázar de Toledo, las exhumaciones del golpista Milans del Bosch y el general franquista José Moscardó.