El PP pasa de ofrecer un pacto al PSOE a alertar de un riesgo de ruptura de España si sale investido Sánchez

Dirigentes populares airean el peligro para la unidad del país de un pacto entre el Gobierno en funciones y Junts

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y la secretaria general, Cuca Gamarra durante su asistencia a la Junta Directiva Nacional de la formación para analizar el resultado electoral del 23-J Foto: J.P.GANDUL (EFE) | Vídeo: EPV

El Partido Popular salió este martes en tromba contra un posible acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Lo hizo solo 24 horas después de que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, ofreciese al PSOE, “un partido de Estado”, según lo definió, un acuerdo de investidura para impedir que los extremismos decidiesen el futuro Gobierno de España. Pese a la mano tendida de Feijóo —después de...

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El Partido Popular salió este martes en tromba contra un posible acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Lo hizo solo 24 horas después de que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, ofreciese al PSOE, “un partido de Estado”, según lo definió, un acuerdo de investidura para impedir que los extremismos decidiesen el futuro Gobierno de España. Pese a la mano tendida de Feijóo —después de llevar meses defendiendo la necesidad de “derogar el sanchismo”—, el PP salió el martes en distintos foros a descalificar a los socialistas por sus intenciones de pacto con Junts para garantizarse cuatro años más de Gobierno.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, defendió que “para que pueda haber otra opción” distinta a la investidura del líder del PP, “la capital de España dejaría de estar en Madrid para pasar a Waterloo dirigida por un prófugo de la justicia”, en relación con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y a su ciudad de residencia en Bruselas. Los populares insistieron el martes en que el futuro de España solo puede pasar por la investidura de Feijóo o un bloqueo que conduzca a la repetición de elecciones a finales de año.

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones este miércoles en el Congreso. MARISCAL AGENCIA EFE (EFE)

Jaime de Olano, portavoz del PP en la Diputación Permanente que se reunió el martes en el Congreso de los Diputados, dedicó parte de su discurso sobre el decreto ley de medidas anticrisis a airear el peligro de un pacto entre el Gobierno en funciones y Junts para la investidura de Sánchez. Olano reivindicó el derecho del PP a formar Gobierno tras ser la fuerza más votada en las pasadas elecciones, pero admitió la posibilidad de que sea Pedro Sánchez quien pueda sumar los votos necesarios para la investidura. Ese hecho lo llevó a criticar un posible acuerdo con hasta 18 formaciones políticas distintas —aquí incluyó a los 15 partidos de izquierda reunidos en torno a Sumar— entre las que se encontraban varias fuerzas separatistas que persiguen la independencia de Cataluña y Euskadi.

A la estrategia del PP de agitar el miedo a un posible pacto de los socialistas con las fuerzas independentistas para la investidura de Sánchez se sumó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que llegó a sugerir, sin ninguna prueba que lo avale, que ya existe un pacto entre el PSOE y el expresidente catalán Carles Puigdemont: “Es mi deber alertar de que Pedro Sánchez va a aprovechar estos días de agosto, con España de vacaciones, para asegurarse el poder a toda costa y cerrar sus pactos a espaldas de los españoles. Nuevamente, está mintiendo a la nación, puesto que ya tiene un pacto con Puigdemont para vender nuestra nación en dos semanas”. Ese pacto, según Ayuso, pasa por cambiar la estructura territorial de España.

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El PP no aclaró el martes si estos ataques al hipotético pacto de Junts con el PSOE para la investidura de Sánchez dejan en papel mojado la oferta de acuerdo que hizo el pasado martes al partido de Pedro Sánchez. O si simplemente se trata de manifestar su escepticismo ante la posibilidad de que esa negociación, que aún no tiene ni fecha, pueda dar algún fruto. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, emplazó en cualquier caso al presidente del Gobierno en funciones a contestar la semana que viene a la llamada de Feijóo para sentarse a negociar ese posible acuerdo.

Los ministros María Jesús Montero y Félix Bolaños, este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso. MARISCAL AGENCIA EFE (EFE)

Por su parte, el PSOE rechaza cualquier posibilidad de pacto con el PP sobre la investidura y el futuro Gobierno de España. El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y la ministra en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, argumentaron que el PP no ha ganado “porque en realidad ha fracasado en un sistema parlamentario donde gobierna el que más apoyos consigue”. Y constataron que los populares no tienen a nadie con quien pactar y están en una “terrible soledad” tras años de “faltar al respeto e insultar” a otros grupos.

La dificultad del actual Gobierno en funciones para revalidar el poder pasa por convencer a los siete diputados de Junts en el Congreso para que se abstengan o voten a favor de Sánchez en la sesión de investidura —si es que el voto exterior, que se contará en los próximos días, no cambia los resultados del domingo—. Junts está dirigido por Carles Puigdemont, prófugo de la justicia al que el magistrado Pablo Llarena pretende traer a España para que pueda ser juzgado por los delitos de desobediencia y malversación agravada.

Puigdemont ya no podría ser juzgado en España por el delito de sedición, por el que fueron condenados en 2019 a altas penas de cárcel algunos de sus compañeros del Gobierno catalán: el Ejecutivo de Pedro Sánchez, presionado por ERC, reformó en 2021 el Código Penal para eliminar el delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos, con menos pena de cárcel.

Sin embargo, los magistrados del Supremo que juzgaron a los dirigentes independentistas catalanes han considerado que ese nuevo delito no encaja en los hechos ocurridos en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Por esa razón, la reforma legal permite que si Puigdemont decide regresar a España y se entrega a la justicia, pueda ser condenado por los mismos hechos a menos años de cárcel que sus excompañeros en el Ejecutivo catalán.

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