La justicia europea retira la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de Luxemburgo ha retirado este miércoles la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán Carles Puigdemont y dos de sus exconsejeros en la Generalitat, Toni Comín y Clara Ponsatí. La decisión da vía libre al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para volver a emitir una orden de detención europea reclamando la entrega a España de los tres políticos independentistas, que permanecen fugados desde octubre de 2017.

Desde Bruselas, Puigdemont ha confirmado en rueda de prensa que recurrirán la sentencia, que también obliga a los políticos d...

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de Luxemburgo ha retirado este miércoles la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán Carles Puigdemont y dos de sus exconsejeros en la Generalitat, Toni Comín y Clara Ponsatí. La decisión da vía libre al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para volver a emitir una orden de detención europea reclamando la entrega a España de los tres políticos independentistas, que permanecen fugados desde octubre de 2017.

Desde Bruselas, Puigdemont ha confirmado en rueda de prensa que recurrirán la sentencia, que también obliga a los políticos de Junts per Catalunya, dirigentes del procés independentista y hoy eurodiputados, a asumir sus gastos del juicio y los de la Eurocámara contra la que habían apelado. “Es verdad que no es la decisión que esperábamos, por la que habíamos trabajado tan duro. Evidentemente, vamos a recurrir, y es evidente que esperamos una resolución favorable [en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la instancia judicial europea superior]”, ha dicho el expresident. Su abogado, Gonzalo Boye, ha adelantado que pedirán también medidas cautelares para mantener su inmunidad hasta que llegue el fallo definitivo, pero no ha querido fijar un plazo para ello (tienen dos meses y diez días).

“Venimos defendiendo desde que llegamos al exilio que somos perseguidos políticos. Ha quedado acreditado que no nos dedicamos a traficar con drogas ni comprar armas, sino que traficamos con referéndum y votaciones. Ha quedado acreditado que se nos persigue por razones estrictamente políticas. Y hasta hoy pensamos que esto en Europa no tiene cabida. Nos lo creíamos y nos lo creemos, es mi convicción y yo no voy a dejar de insistir en esta vía”, ha subrayado Puigdemont. El actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC, ha mostrado en las redes sociales su “apoyo” a Puigdemont, Ponsatí y Comín, y ha añadido: “Queda camino en Europa. ¡A vuestro lado!”

Sobre sus opciones de regresar a España, Puigdemont ha asegurado que están “igual de lejos o igual de cerca” que antes de la sentencia. “Ganar no quería decir que podíamos volver libres a Cataluña, y perder no significa ser extraditados a una cárcel española de manera inmediata”, ha apuntado Comín. Los eurodiputados han adelantado su intención de viajar la semana que viene a Estrasburgo, en Francia, para participar en el pleno de la Eurocámara. Su defensa sostiene que los viajes a sede parlamentaria siguen protegidos.

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando Puigdemont, Comín y Ponsatí solicitaron al TGUE que anulara la decisión de la Eurocámara de aceptar, por una amplia mayoría, el suplicatorio enviado por el Tribunal Supremo desde Madrid para poder actuar contra ellos. La sentencia de este miércoles desestima el recurso de los políticos catalanes, que alegaban “persecución política” para recuperar de forma permanente la inmunidad. Y vuelve a dejar la iniciativa en manos del Supremo, que puede reactivar las euroórdenes dictadas contra ellos que estaban en suspenso a la espera de lo que decidiera la justicia europea.

El TGUE ha desestimado todos los motivos formulados por los eurodiputados, “en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados”. Además, agrega, “al examinar un suplicatorio de suspensión de inmunidad, no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, pues esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales”.

El tribunal con sede en Luxemburgo también desestima la falta de “imparcialidad” que denunciaban Puigdemont, Comín y Ponsatí debido a que el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que analizó el levantamiento de su inmunidad es el español Adrián Vázquez, de Ciudadanos. Y ese partido, según la línea de defensa de los eurodiputados catalanes, ha mostrado “hostilidad” hacia el independentismo. Al respecto, el TGUE señala que un eurodiputado, “por definición, no es políticamente neutro”, pero que “actúa no obstante en el marco de una comisión parlamentaria cuya composición refleja el equilibrio de los grupos políticos en el Parlamento”.

“La sentencia confirma lo que ya sabíamos: que el proceso de levantamiento de inmunidad del Parlamento Europeo ha sido impecable y realizado con todas las garantías”, ha celebrado Vázquez en Bruselas.

La sentencia ha sido saludada tanto por el Gobierno como por la oposición, aunque los partidos disienten en cuanto a las responsabilidades sobre la situación. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que “el Gobierno se encuentra muy satisfecho porque es un respaldo indudable a las instituciones españolas, a la justicia española y al Parlamento Europeo”. Y ha añadido: “Dejémonos de paños calientes; el ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la justicia. Y podemos decir también que gracias a la actuación de este Gobierno a lo largo de estos cinco años la ley se cumple en Cataluña; muy distinto a lo que ocurría hace cinco años, cuando había un Gobierno del PP y los responsables huían de la acción de la justicia”. El portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, no ha aclarado, sin embargo, si la nueva marca electoral de Yolanda Díaz defiende o no que Puigdemont sea entregado a la justicia española, y se ha limitado a recordar que ellos apuestan por “el diálogo y la desjudicialización”.

Para la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, la sentencia del TGUE “es un varapalo más a los fugados de la justicia, que atentaron contra nuestra Constitución y contra nuestro Estado de Derecho”. A la par, sin embargo, ha recriminado al Gobierno su papel en el laberinto jurídico de los independentistas catalanes. “Lamentamos profundamente que el sanchismo redujera, suprimiera, los delitos que cometieron estos señores en el Código Penal”, ha criticado. También Vázquez ha acusado al Gobierno de haber “antepuesto su interés para llegar a la Moncloa al interés de la ciudadanía y los derechos de los españoles (...) Invito al señor Sánchez a rectificar y que haya aprendido la lección y que no haya ningún pacto de gobierno en el futuro que anteponga el interés electoral a la defensa de los derechos y del Estado de derecho”, ha dicho en una breve comparecencia en la Eurocámara.

Una vez que el TGUE ha levantado la inmunidad, Puigdemont pierde el blindaje que hasta ahora lo hacía intocable en Europa, y se ponen de nuevo en marcha los trámites para su entrega. La situación vuelve al punto anterior a que el expresident fuera elegido eurodiputado en 2019 y, por tanto, se arriesgará a ser detenido si sale de Bélgica, como ya ocurrió en la primavera de 2018, cuando fue arrestado en Alemania mientras regresaba a Bélgica tras viajar a Finlandia.

El juez Llarena esperará a leer la sentencia dictada este miércoles, pero su intención es dictar nuevas euroórdenes por los delitos de malversación agravada y desobediencia contra Puigdemont y Comín. Ambos estaban reclamados inicialmente por sedición, pero la reciente reforma penal pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC derogó este delito y, con ello, hizo decaer esa parte del procesamiento. El Supremo, no obstante, es consciente de que la retirada de la inmunidad y la emisión de una nueva euroorden de detención no implica la entrega automática de Puigdemont por parte de Bélgica, un país que siempre se ha mostrado reacio a entregar a delincuentes reclamados por España. En el caso de Ponsatí, solo se le imputa el delito de desobediencia.

La defensa de los políticos catalanes confía en que el juez belga, que debería decidir sobre la eventual euroorden, actúe con la cautela que ha mostrado hasta ahora y no se pronuncie hasta que el TJUE emita una decisión final. Mucho dependerá además de si el TJUE decide emitir, de nuevo, medidas cautelares como las que ya les concedió en mayo del año pasado y que les devolvió provisionalmente la inmunidad, ahora de nuevo retirada.

Los políticos independentistas llevan jugando al gato y el ratón con la justicia española desde que fueron elegidos eurodiputados, en la primavera de 2019. De hecho, la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí calcula que la decisión del TJUE podría tardar en llegar entre seis y ocho meses, lo que les permitiría agotar casi por completo su mandato, ya que las elecciones europeas se celebrarán en junio de 2024. Los tres políticos cobran como eurodiputados un sueldo que supera ampliamente los 12.000 euros netos mensuales, entre salario base y dietas.

Los letrados de los dirigentes independentistas sostienen que el Supremo debería volver a pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo antes de emitir una nueva euroorden de detención. Afirman que el suplicatorio solicitado en 2020 ha perdido su validez tras la reforma del Código Penal. Fuentes jurídicas discrepan de esta interpretación y defienden que el suplicatorio se emitió por unos hechos (la participación de Puigdemont, Comín y Ponsatí en el procés) que no han cambiado, por lo que aunque se haya modificado su calificación jurídica, el permiso que concedió la Eurocámara sigue siendo válido.