El cohecho en los gobiernos de Aznar: un hilo de investigación que nunca fructificó por falta de pruebas

Casi una década después de iniciarse la investigación sobre las donaciones realizadas por empresarios a la caja b del PP, supuestamente a cambio de adjudicaciones públicas (una derivada del caso Gürtel), el juez Santiago Pedraz le dio carpetazo la semana pasada. El magistrado de la Audiencia Nacional concluyó que no existe “dato incriminatorio alguno” que permita seguir adelante con estas pesquisas, las últimas que seguían viva...

Casi una década después de iniciarse la investigación sobre las donaciones realizadas por empresarios a la caja b del PP, supuestamente a cambio de adjudicaciones públicas (una derivada del caso Gürtel), el juez Santiago Pedraz le dio carpetazo la semana pasada. El magistrado de la Audiencia Nacional concluyó que no existe “dato incriminatorio alguno” que permita seguir adelante con estas pesquisas, las últimas que seguían vivas sobre esta trama y que mantenían bajo sospecha 23 contratos por casi 600 millones de euros adjudicados por los gobiernos de José María Aznar (PP). El instructor ha hecho suyos parte de los argumentos de la Fiscalía y del constructor Alfonso García Pozuelo-Asins, cuya confesión inicial había provocado paradójicamente en 2017 la reapertura de esta causa. Pero finalmente, y ante la falta de pruebas, la Fiscalía y el empresario han pedido al juez Pedraz el sobreseimiento, en sendos escritos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Y el juez ha accedido. El PSOE, personado como acusación popular, está estudiando si recurre la decisión del juez.

31 declaraciones infructuosas. Tras iniciarse en 2013 esta investigación, que indaga la relación entre la concesión de obra pública y las donaciones reflejadas en la contabilidad paralela llevada por el extesorero popular Luis Bárcenas (los famosos papeles de Bárcenas), el magistrado José de la Mata decidió en 2015 archivar el caso ante la imposibilidad de probar que la entrega del dinero a la caja b del PP por parte de los empresarios estaba vinculada a contratos públicos. Pero todo cambió en 2017: el mismo juez instructor acordó reabrir la causa por supuesto cohecho después de que García Pozuelo-Asins, presidente de Constructora Hispánica, admitiese que había pagado a la trama Gürtel a cambio de conseguir contratos. Su confesión llegó en el juicio de Época I, que acabó con la primera condena del PP por beneficiarse de la red corrupta liderada por Francisco Correa.

Desde entonces, según enumera la Fiscalía Anticorrupción en su petición de archivo enviada a Pedraz (que sustituyó a De la Mata), se ha interrogado a 22 testigos que “no han proporcionado información sobre elementos concretos de conexión” entre las donaciones de los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones. Entre las personas a las que se llamó a declarar, sin éxito, se encuentran Javier López Madrid, el exconsejero de OHL procesado en el caso Lezo por participar en la concesión irregular de las obras del tren a Navalcarnero (Madrid) por 360 millones de euros; Guillermo Ortega y Arturo González Panero, exalcaldes del PP de Majadahonda y Boadilla del Monte, respectivamente, ya encarcelados por Gürtel; Ricardo Costa, ex número dos del expresidente valenciano Francisco Camps, también condenado por su participación en la trama; y Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, mano derecha de Correa.

Según el ministerio público, solo Luis Vicente Moro, que trabajó en Constructora Hispánica, puso sobre la mesa la “existencia de rumores en la empresa sobre la generación de dinero b a través de unas gasolineras, a lo que añadía que parecía ser que ese dinero era para gastos especiales de la empresa, pero el destino concreto no lo sabía”. “Estos rumores no han sido constatados ni confirmados por otros testimonios prestados en la causa”, apunta Anticorrupción, que incide en que los nueve imputados interrogados tampoco arrojaron luz sobre los hechos: entre ellos, el propio García-Pozuelo —que se negó a declarar ante De la Mata pese a su confesión previa en Época I—, Correa y Bárcenas.

Informes de Hacienda: “No arrojan luz”. La Fiscalía subraya que se han incorporado más de una docena de informes de Hacienda, que descartan mayoritariamente irregularidades. El ministerio público se detiene especialmente en el análisis que la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), dependiente de dicho ministerio, hizo de varios contratos bajo sospecha que afectaban a la constructora Degrémont. Rafael Palencia, expresidente de dicha compañía, fallecido en octubre de 2021, reconocía pagos al PP en una grabación intervenida en el marco de la Operación Lezo —otra investigación de corrupción centrada en el expresidente madrileño Ignacio González—; y en la contabilidad paralela de Bárcenas aparecen, al menos, tres entregas de dinero (más de 80.000 euros) a nombre de Palencia entre 2000 y 2008. Pero, según Anticorrupción, las indagaciones en esta causa no hallaron “ningún tipo de discrecionalidad” en la concesión de obras que pudiera establecer una relación con las anotaciones reflejadas en los papeles de Bárcenas.

Además, el ministerio público se apoya en un informe de la IGAE del pasado 4 de noviembre que también descartaba irregularidades en las adjudicaciones bajo sospecha del Gobierno de José María Aznar a Constructora Hispánica. En esa idea ahonda, precisamente, la defensa de García Pozuelo-Asins, que pidió el archivo el 29 de noviembre: “Este informe no permite determinar la comisión, ni siquiera indiciaria, de presuntos delitos de cohecho, ni de ninguna otra clase [...] Dicho de otro modo, no arrojan luz alguna sobre cualquier elemento que pudiera hacer coincidir las presuntas donaciones de [mi cliente] al PP con las adjudicaciones a Constructora Hispánica. No consta prueba alguna, como por ejemplo: si se solicitó u ofreció dádiva, quién la solicitó o a quién se abonó, cuál fue la cuantía, en qué procedimiento de adjudicación, etc.”.

“En ningún expediente de contratación se significa irregularidad administrativa”, prosigue en su escrito el abogado del constructor: “Es más, en todas y cada una de las obras adjudicadas a Constructora Hispánica se puede apreciar, según el informe de la IGAE, que tanto los miembros de las respectivas mesas de contratación (funcionarios públicos del ministerio) como aquellos técnicos que ostentaron la función de dirección facultativa o asistencia técnica, son siempre distintos, no ostentando el mismo cargo la misma persona en ninguna de las obras analizadas por el informe de la IGAE”. Este último argumento lo recupera el juez Pedraz para su auto de archivo.

No se detecta “el famoso 3%”. En sus informes, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sí concluyó que se aprecia “una correlación objetiva, subjetiva y temporal” entre la adjudicación de obras y presuntos pagos reflejados en los papeles de Bárcenas. Además, en otro análisis de 2021, la UDEF certificaba sobrecostes millonarios en las obras de la era de Aznar y “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación”, en contra del criterio posterior de Hacienda. La defensa de García Pozuelo-Asins aprovecha su escrito de noviembre para cargar contra esta unidad policial, a la que atribuye la intención de abrir una “suerte de causa general” contra Constructora Hispánica.

El abogado del constructor apostilla: “No existe elemento que permita inferir, ya sea indiciariamente, que se han producido tales hechos [delictivos] [...] No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical, etc.” —esta última frase la reproducirá Pedraz al sobreseer—. Además, la defensa critica el método usado por la UDEF; y compara las presuntas donaciones reflejadas en los papeles de Bárcenas (tanto de García Pozuelo como de sus socios) con el total de adjudicaciones bajo sospecha, para concluir que representan un porcentaje mínimo, siempre inferior al 0,6%. “Es obvio que siempre obtendremos un porcentaje si dividimos el importe adjudicado con el supuestamente donado, porque así son las matemáticas, lo que no obtendremos son importes lógicos en este tipo de operaciones. Por decirlo de otro modo, el famoso 3%”.

Durante casi 20 años, el PP ingresó en su caja b unos ocho millones de euros, buena parte de ellos procedentes de empresarios que recibían numerosos contratos públicos multimillonarios de distintas administraciones, muchas gobernadas por el PP. Pero la Audiencia Nacional, tras nueve años de investigación, no ha encontrado las pruebas que vinculen los contratos adjudicados y las donaciones que registró en su contabilidad secreta el extesorero del PP Luis Bárcenas.