Cuando una chabola no es el peor sitio para dormir en Lepe

En el vestíbulo de la estación de autobuses de Lepe (Huelva, 28.293 habitantes) se apilan decenas de maletas y bolsas con mantas. No son de viajeros que esperan un autocar, sino de temporeros que guardan allí sus pocas pertenencias durante el día, cuando los que pueden van a trabajar a la fresa o a la recogida de la naranja, para luego recoger lo básico y buscar un lugar “en lo oscuro del polígono” para dormir al raso. Desde que comenzó la campaña agrícola de frutos rojos, alrededor de medio centenar de jornaleros pasan las noches en la calle ante la falta de techo. No solo no hay viviendas en...

En el vestíbulo de la estación de autobuses de Lepe (Huelva, 28.293 habitantes) se apilan decenas de maletas y bolsas con mantas. No son de viajeros que esperan un autocar, sino de temporeros que guardan allí sus pocas pertenencias durante el día, cuando los que pueden van a trabajar a la fresa o a la recogida de la naranja, para luego recoger lo básico y buscar un lugar “en lo oscuro del polígono” para dormir al raso. Desde que comenzó la campaña agrícola de frutos rojos, alrededor de medio centenar de jornaleros pasan las noches en la calle ante la falta de techo. No solo no hay viviendas en alquiler, sino que falta espacio en los asentamientos chabolistas del municipio, que no pueden crecer porque el Ayuntamiento ha prohibido reconstruir las infraviviendas quemadas en incendios de temporadas pasadas.

Ama, senegalés de 34 años, se está tomando un café con leche junto a otros compañeros en una mesa de la estación. Mira de reojo sus bultos apoyados en el cristal de la sala de espera antes de ir a recogerlos para irse a dormir en algún hueco o soportal del polígono El Chorrillo. “Llevo 20 días durmiendo en la calle. Antes estábamos en el centro del pueblo, pero nos sacaron, luego en la estación, pero tampoco nos dejan”, explica. Ama buscó cama en alguna chabola de los cuatro asentamientos que actualmente hay en Lepe, de acuerdo con la información facilitada por el municipio, algunos en pie desde hace 20 años. “Me pidieron 200 euros por dormir en una”, explica. Cuando algún agricultor lo contrata, lo hace por 44 o 45 euros por nueve horas de trabajo.

“Exigimos una respuesta inmediata. Esto es un problema humanitario”, señala Seydou Diop, portavoz de la ONG ASNUCI Nuevos ciudadanos por la interculturalidad. “Cuando estalló la guerra en Ucrania vimos con asombro crecer el número de camas disponibles. Es un ejemplo claro de que a nosotros nos ven solo como trabajadores, no lo hacen ni como vecinos y mucho menos como seres humanos. Es racismo puro”, denuncia Diop, que no se cansa de reclamar a las instituciones que actúen: “Cada una mira para otro lado, las administraciones, la autoridad, los empresarios… Queremos actuaciones realistas”. Su asociación abrió hace un año, gracias al crowfunding, abrió hace un año un albergue para 40 personas, en un ejemplo de que se pueden aportar soluciones efectivas si hay voluntad.

A escasos metros de la estación se levantan las paredes blancas de lo que en principio iba a ser un albergue municipal para los temporeros de Lepe, pero que el Ayuntamiento dejó abandonado a medio construir en 2011, tras una inversión de más de un millón de euros. Desde entonces, sus estancias han sido ocupadas por jornaleros y en su patio exterior, hasta este año, se acogía a los compañeros que no podían encontrar otro sitio mejor. Desde hace unas semanas, los vigilantes jurados contratados por el consistorio hacen guardia en la puerta y solo permiten acceder a los que figuran en un listado.

Un albergue público

La semana que viene, los ocupantes, alrededor de 80, de acuerdo con los datos facilitados por el Ayuntamiento, van a ser trasladados a unos módulos para que se puedan acometer las obras de reacondicionamiento y habilitar el edificio, esta vez sí, para alojar a temporeros la próxima campaña. Se trata de una iniciativa de la Junta de Andalucía para ofrecer “soluciones habitacionales” a los alrededor de 3.000 migrantes que trabajan en las campañas agrícolas en la provincia y que no tienen vivienda. El plan prevé la construcción de dos albergues públicos, uno en Lepe (en el que ya está en pie) para 152 personas en 38 módulos de cuatro plazas, cada uno, y otro en Lucena del Puerto, con cabida para 60 personas y que contará con servicios de cocina y lavandería. Para cada uno se han destinado 300.000 euros.

“A mediados del mes pasado se censó a las personas del albergue para evitar que entraran más y facilitar el traslado a los módulos”, explica una portavoz del Ayuntamiento. Aunque la rehabilitación de ese edificio forma parte de un proyecto subvencionado por la Junta, la instalación de módulos supone la primera fase de un proyecto municipal que pretende realojar a 500 temporeros, con un coste total de 600.000 euros, pero para el que sigue sin haber financiación desde que se aprobara el año pasado. “No solo basta la implicación de Lepe, hay otros municipios de la zona donde trabajan los jornaleros que duermen aquí y que también deberían implicarse”, abunda.

El consistorio no da cifras de cuántas personas pueden estar viviendo en sus asentamientos, pero un estudio realizado por sus Servicios Sociales en 2020 cifraba en 577 los que residían de forma permanente en los poblados de Lepe. La portavoz recuerda que el consistorio también ha impulsado la residencia temporal en fincas de empresarios agrícolas, aunque reconoce que no hay una solución a corto plazo para “el núcleo residual de los que acaban de llegar” y duermen a la intemperie.

Anochece y Marcial, camerunés de 32 años, empieza a extender cartones sobre unos palés todavía húmedos de la lluvia que no ha parado de caer en todo el fin de semana. Llegó de Madrid hace un mes y le prohibieron el paso al albergue. “Están sentados en la puerta y deciden quién entra a lo que no es más que otro basurero”, explica, irónico, en referencia al estado del albergue, que está justo enfrente. Bajo el techo de uralita de un aparcamiento desvencijado se apilan unos colchones donados por una ONG de Ayamonte. Sobre el de Mustafá reposa una caja de cartón. “Duermo dentro con unas mantas”, dice sonriente. Tenía una chabola en un poblado a escasos metros, pero cuando regresó de otro municipio a dónde había ido a trabajar, le habían quitado todo lo que tenía. “Venimos aquí a apoyar la economía de este pequeño pueblo y encima que nos expulsan al último rincón del último polígono y aún nos dicen que no podemos estar aquí”, explica Marcial, en alusión a los guardas jurados que muchas noches les impiden dormir en el aparcamiento. “Somos personas, no venimos a robar, lo mínimo sería que nos acondicionaran un espacio”, abunda.

El sol de la tarde ha paliado la humedad de tantos días de lluvia agravada por el riachuelo que bordea el polígono. El fin de semana el agua, que provocó muchas incidencias en el centro del municipio, anegó varias chabolas, obligando a sus residentes a levantar tiendas de campaña junto a las que otros compañeros ya habían instalado días antes, al no poder desplegarlas en el centro de la ciudad. “Hemos denunciado la situación, pero nadie ha venido a interesarse. Tampoco lo hicieron hace un año cuando la riada de la gota fría. Entonces habilitaron el pabellón con camas, pero ¿para quiénes? Para los blancos”, denuncia Diop, que recuerda que tampoco se hizo nada cuando en 2019 un incendio asoló un asentamiento de 200 infraviviendas o en el que el año pasado quemó medio centenar.

El centro de día que ASNUCI tiene en el mismo polígono se llena de temporeros cuando termina la jornada. Acuden allí para conversar, recibir ayuda y asesoramiento o guardar su documentación, pero, sobre todo, para cargar los móviles y poder estar al tanto a través de Internet de lo que pasa en sus países y hablar con sus familiares. Ni en las chabolas, pero menos en las calles, hay electricidad. Algo de lo que sí dispone Ababaká que comparte un piso de alquiler con cuatro compañeros por el que paga 110 euros.

Una excepción, como explica Raquel Muiño, trabajadora social y coordinadora de programas de la Fundación Europea para la Coorperación Norte-Sur (FECONS) que en Lepe gestiona un comedor social y un programa de mediación para el alquiler de viviendas a temporeros. “La escasez de oferta es brutal y más conforme se acerca el verano, porque muchos prefieren alquilar las casas como destino vacacional y hay muchos prejuicios”, explica. Ahora mismo tienen 12 viviendas alquiladas en casas para cuatro y seis personas. No es necesario que los inquilinos tengan documentación, basta con que confirmen que tienen ingresos, aunque FECONS asume la garantía del impago.

La luz se ha fundido entre las nubes de Lepe. Marcial acaba de colocar su tienda de campaña sobre el colchón. “Hasta el domingo vivía al raso, pero cuando vi el panorama la compré por Amazon, que es más barata que en las tiendas del polígono”, cuenta. “Parece un hotel de cuatro estrellas”, bromea cuando la compara con el cartón destartalado de Mustafá. “Al menos yo tengo una caja, él dormía sin nada”, responde señalando a Adam, un senegalés de 50 años, que llegó a Huelva hace 12 días. “Venía de Lleida y Murcia, allí vivía en habitaciones, en casas”, explica. Hasta para los que duermen peor que en una chabola hay categorías.