El fiscal suizo archiva la investigación sobre los 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí

La justicia suiza ha archivado la investigación iniciada en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca, según informó la Fiscalía suiza mediante un comunicado. El cierre de las diligencias supone un levantamiento de la imputación por presunto blanqueo agravado de capitales que ...

La justicia suiza ha archivado la investigación iniciada en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca, según informó la Fiscalía suiza mediante un comunicado. El cierre de las diligencias supone un levantamiento de la imputación por presunto blanqueo agravado de capitales que pesaba sobre Corinna Larsen, la examante de Juan Carlos I; Arturo Fasana, el gestor de la cuenta del rey emérito en el banco Mirabaud & Cie; y Dante Canonica, el abogado y director de la fundación Lucum, a cuyo nombre el rey emérito recibió en 2008 una transferencia de 100 millones de dólares (65 millones de euros) del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí.

El carpetazo de Yves Bertossa a esta investigación, a la que ha dedicado más de tres años, no ha causado sorpresa y en medios judiciales ginebrinos era un secreto a voces. Desde hacía meses sus pesquisas le habían conducido a un camino sin retorno. Para condenar por blanqueo es necesario demostrar el delito precedente, es decir que los 65 millones recibidos por Juan Carlos I de Arabia Saudí tenían un origen ilegal. Y el fiscal jefe de Ginebra no ha logrado acreditarlo. Bertossa renunció, incluso, a enviar una comisión rogatoria al país árabe para preguntar sobre el dinero porque sabía que no habría respuesta.

Ánimo de ocultación

Pese al archivo, el fiscal destaca que el “uso de una fundación (Lucum) y de empresas domiciliadas por parte de los distintos protagonistas demostraban una voluntad de ocultación”. Y añade: “Las cantidades implicadas, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de este a favor de Corinna Larsen), así como la cronología de los hechos, constituyeron pruebas contra los acusados”.

No obstante, reconoce que la investigación “no ha permitido establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida [por el rey emérito] de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad”. “La información recibida de las autoridades españolas no permitió confirmar las sospechas de un vínculo entre la transferencia de USD 100.000.000 [dólares] y un posible pacto de corrupción relacionados con la construcción del citado tren. El envío de una comisión rogatoria a Arabia Arabia en este punto con toda probabilidad estaría condenada al fracaso. La obtención de pruebas en este Estado se considera muy difícil”, señala el auto de archivo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La investigación se inició, en agosto de 2018, tras la publicación de artículos de prensa en los que se vinculaba a Juan Carlos I con el cobro de comisiones por la citada obra obtenida por un consorcio de empresas españolas. Los artículos recogían las manifestaciones de Corinna Larsen al comisario jubilado José Manuel Villarejo grabadas durante una reunión que mantuvieron en Londres en 2015. El 3 de marzo de 2020, este diario reveló las pesquisas secretas de Bertossa y la donación de los 65 millones a Larsen.

Larsen recibió seis millones de Kuwait y Baréin

El fiscal Yves Bertossa ha condenado a pagar una multa de 48.000 euros al banco Mirabaud & Cie por no haber informado al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), un organismo suizo que vigila las transacciones bancarias y combate el blanqueo de capitales, de una transferencia de cinco millones de dólares (4.4 millones de euros), que en diciembre de 2010 recibió Corinna Larsen del banco Nacional de Kuwait y otra de dos millones de dólares (1,7 millones de euros) desde Baréin, según revela el auto de archivo. La primera ya era conocida. La segunda fue, el 5 de mayo de 2014, sobre la cuenta de sociedad GDI. En ambos casos el dinero llegó días después de visitas del entonces jefe del Estado a ambos países.

La consultora alemana argumentó que se trataba de un pago por las gestiones que ella llevó a cabo en favor de distintas empresas. Luc Thevenoz, el representante del banco, señaló ante el fiscal que el ingreso de Kuwait se justificó “con una carta más que un contrato”.

Entre 2007 y 2011 Larsen abrió cinco cuentas en el Mirabaud, según detalla Bertossa en su auto. Una personal a su nombre, otra a nombre de la sociedad panameña Gulf Development Inititive; una tercera a nombre de de la sociedad Riverhouse Partners S. A.; otra a nombre de Siam Partners S. A.; y finalmente otra a nombre de su madre. Larsen manejó 12 sociedades distintas en diversos paraísos fiscales. Bertossa destaca el flujo millonario de dinero entre la fundación Lucum y las cuentas de Larsen desvelados por este periódico. Parte de las propiedades de la consultora en, la estación de esquí de Villars-sur-Ollon y en Londres se compraron con “préstamos y donativos” del rey emérito.

La Fiscalía señala en el auto de sobreseimiento que “numerosos elementos requerirían que el banco procediera a una comunicación, principalmente las informaciones publicadas por la prensa, el carácter poco habitual de los fondos recibidos en esa cuenta y los diferentes flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la citada y la de la fundación Lucum, de la que Juan Carlos I tenía el derecho económico”.

El archivo de la causa supone, también, la exoneración de responsabilidad de Yves Mirabaud, presidente del banco, que había sido imputado durante la investigación por falta de diligencia en el control de la cuenta de Juan Carlos I y por no haber informado al MROS del ingreso de los 65 millones. La existencia de la cuenta del rey emérito solo la conocían los seis socios del banco y el contrato se guardó en una caja fuerte.

Las últimas investigaciones del fiscal suizo se centraron precisamente en esta banca privada que durante todo el procedimiento ha permanecido imputada como entidad jurídica por blanqueo de capitales. Las últimas personas que declararon ante Bertossa, hace solo varias semanas, fueron los responsables del departamento de Compliance (Cumplimiento) y jurídico de la entidad. Los socios del Mirabaud ocultaron a estos departamentos la existencia de la cuenta del entonces Jefe del Estado.

Larsen, Fasana y Canonica han tenido que pagar 50.000 francos suizos (unos 50.000 euros) por los gastos de la investigación judicial que se ha prolongado durante más de tres años, tal y como establece el Código Penal suizo.

El rey emérito no fue llamado a declarar

Toda la investigación del fiscal jefe de Ginebra se ha basado en los 65 millones que recibió el rey emérito de Arabia Saudí y en la donación que este último hizo de este dinero a una cuenta de Corinna Larsen en Nassau (Bahamas) en 2012, pero Juan Carlos I no ha sido llamado a declarar durante todo el procedimiento. El entonces jefe del Estado no declaró ese dinero a la Hacienda española y lo donó de manera “irrevocable” a Larsen semanas después de sufrir el accidente de Botsuana. Lo hizo una vez que el banco Mirabaud & Cie le obligó a cancelar la cuenta y por temor a que trascendiera, según han reconocido a Bertossa sus socios y directivos.

Durante estos tres años, el fiscal Bertossa investigó si el ingreso del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz a la cuenta del ex jefe del Estado obedecía al pago de una comisión por la rebaja de un 30% que las empresas españolas adjudicatarias de la obra hicieron en la puja final del AVE entre Medina y La Meca.

Fasana, gestor externo de la cuenta de Juan Carlos I, declaró durante la instrucción que se trataba de un regaló del rey saudí, gestionado por su embajador en Washington Abdel Al Jubeir, y que el ingreso no tenía que ver con contraprestación alguna.

Las defensas de Larsen, Fasana y Canónica coincidieron en argumentar que los 65 millones se recibieron en la cuenta del entonces jefe del Estado tres años antes de que se licitara la obra. También esgrimieron que, por regla general, las comisiones las pagan los adjudicatarios de la obra y no el país donde se llevó a cabo.

Bertossa no ha solicitado información al Gobierno de Arabia Saudí, pero sí pidió informes al Instituto Suizo de Derecho Comparado de Lausana. Este prestigioso organismo, adscrito al Departamento Federal de Justicia y Policía de Suiza, emitió un informe en el que cuestionó la donación de 65 millones. En opinión de este centro una donación de estas características hecha por un funcionario público habría violado la legislación de ese país al haber causado un daño a sus arcas públicas. Las defensas de todos los investigados presentaron sus propios informes donde se concluye la tesis contraria: el rey Abdalá bin Abdelaziz tenía potestad para donar ese dinero sin violar la ley.

Ante el fiscal, también declaró como testigo al inicio de la causa, Álvaro de Orleans, el primo lejano del rey emérito, titular de la fundación de Liechtenstein Zagatka que abonó más de ocho millones a Juan Carlos I y tres a Corinna Larsen en vuelos en aviones privados. Por estos pagos en especie el rey emérito se vio obligado a regularizar su deuda con la Agencia Tributaria y a abonar 4,4 millones.

El fiscal jefe de Ginebra ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo todos los movimientos de las cuentas de la fundación Zagatka en dos bancos suizos. La investigación que se sigue en España sobre el rey emérito por diversos indicios de delito quiere acreditar que la cantidad regularizada por Juan Carlos I en una declaración voluntaria se corresponde con los pagos que recibió de esta fundación. El retraso en el envío de parte de esta información ha provocado que la Fiscalía General del Estado haya ampliado otros seis meses las diligencias de investigación, que previsiblemente serán archivadas.

Larsen señala en un comunicado que el archivo de la causa ha demostrado su inocencia y añade que, “mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes”. La examante de Juan Carlos I ha presentado una demanda civil contra él por supuesto acoso y espionaje que se tramita en los tribunales de Londres. Estos tienen que dirimir ahora si el rey emérito goza de inmunidad ante la ley británica.