La presión de Bruselas complica al Gobierno los cambios en la reforma laboral

Es tiempo de reformas pero no de contrarreformas. En el ánimo del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos conviven ambos impulsos, pero las negociaciones en Bruselas sobre el fondo europeo para hacer frente a la crisis del coronavirus apuntan a c...

Es tiempo de reformas pero no de contrarreformas. En el ánimo del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos conviven ambos impulsos, pero las negociaciones en Bruselas sobre el fondo europeo para hacer frente a la crisis del coronavirus apuntan a condiciones más exigentes de las inicialmente previstas. Los llamados países frugales aprietan a España para que no suavice leyes laborales y para que replantee el sistema de pensiones. En ese contexto, abordar de inmediato la derogación de la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy puede no ser prioritario, señalan fuentes del Gobierno.

“No renunciamos a derogar la reforma laboral”, aseguran en Unidas Podemos. “No vamos a desistir de eliminar las partes más dañinas”, afirman fuentes del PSOE sobre la ley aprobada por Mariano Rajoy en 2012. El acuerdo firmado en diciembre de 2019 por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un Gobierno de coalición dice expresamente: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperemos los derechos laborales arrebatados”. Pero ambos partidos interpretan de forma distinta ese compromiso y la negociación en Bruselas del fondo de recuperación por la crisis del coronavirus amenaza ahora con retrasar esos planes, lo que puede abrir una nueva grieta entre los socios del Ejecutivo.

Ambos partidos insisten en que su compromiso sigue vigente, pero trimestre a trimestre, esa reforma de la reforma va posponiéndose. El calendario para abordarla y su alcance acaba de entrar en zona de sombra. Tanto la contrarreforma laboral como el sistema de pensiones vigente en España pueden chocar frontalmente con las exigencias de Bruselas en la negociación para aprobar el fondo europeo por el coronavirus del que España aspira a ser uno de los principales receptores.

Pero el asunto ya era delicado para el Gobierno antes de la negociación con Bruselas, porque Unidas Podemos y el PSOE tienen distintas visiones sobre la ley. El plan era renunciar a que la derogación fuera íntegra, a cambio de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abordase un nuevo estatuto de los trabajadores. Pero la pandemia lo ha trastocado todo.

España necesita la ayuda del fondo europeo que el presidente, Pedro Sánchez, negocia desde hace tres días en Bruselas en un clima de clara divergencia con Holanda, que encabeza y abandera a los llamados países frugales, que quieren imponer condiciones, vigilar y vetar a los receptores si no cumplen con lo que ellos creen que hay que hacer para recibir el dinero. Todo lo que se hace en Bruselas afecta a la política nacional, pero la reforma laboral y las pensiones son uno de los aspectos más sensibles del proyecto político firmado en el acuerdo del Gobierno de coalición. Por ello, las fuentes gubernamentales consultadas, aún sin poder precisar y prever cómo terminará la negociación, admiten que entorpecerá los planes sobre esa materia. La intención era empezar en septiembre el estudio de la reforma laboral, aunque sin entrar en algunos aspectos. “Con 300.000 empresas con ERTE no se puede abordar aún completamente la reforma. Estamos en medio de una pandemia”, afirman fuentes del Gobierno.

Podemos y los sindicatos quieren que la negociación se produzca sin demora en septiembre. Aunque un sector del PSOE se alinearía con los ministros de Unidas Podemos, singularmente con la de Trabajo, Yolanda Díaz, la parte socialista del Gobierno de coalición ve dificultades para abordar la reforma laboral a tan corto plazo. El Ejecutivo logró recientemente un acuerdo de empleo con la patronal y los sindicatos, pero los primeros señalan la derogación de la reforma laboral como una línea roja y los segundos apremian para que se haga, ante la previsión de una fuerte caída de los salarios en otoño, y empiezan a impacientarse.

La reforma laboral ya ha dado varios quebraderos de cabeza al Ejecutivo de coalición. El pasado 21 de mayo el PSOE y Unidas Podemos firmaron un acuerdo con Bildu para derogar la norma del Gobierno de Rajoy. Pero el texto acordado duró un suspiro. Los socialistas empezaron a matizar los términos y dos vicepresidentes exhibieron públicamente sus discrepancias. Iglesias insistió en que la derogación era íntegra. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, aseguró que eso era “absurdo” y mantiene que no debe tocarse nada por ahora. Finalmente, a petición suya, se rehizo la redacción del documento con Bildu. Ya no se fijaban tiempos. Portavoces de Unidas Podemos aseguran que para ellos la reforma laboral es una prioridad, pero añaden que no pondrán en peligro la coalición de Gobierno por “el ajuste” que haya que hacer.

Sacrificios económicos

No solo el primer ministro holandés, Mark Rutte, se opone a tocar, para suavizar, leyes laborales. El Gobierno también tendrá en frente a un sector del Parlamento, especialmente, el del padre de la norma, el PP, que defenderá tanto en España como en Europa que la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy siga vigente. Los populares han estado, además, especialmente atentos para señalar y explotar discrepancias en el Ejecutivo de coalición, especialmente en el ámbito económico, donde insisten en transmitir la idea de que manda Podemos.

Aunque en las últimas 72 horas Pedro Sánchez ha estado centrado en la durísima negociación comunitaria, tiene claro cómo afectan a España las exigencias para la reconstrucción, apuntan fuentes gubernamentales. El presidente no ha anunciado aún ningún sacrificio económico ni cambio de planes, pero estos llegarán, señalan fuentes gubernamentales. Se verá entonces hasta dónde puede llegar el Gobierno de coalición respecto a la reforma laboral, el mantenimiento de las pensiones con subidas anuales o el sueldo de los funcionarios.