Batalla por la igualdad
El debate de la ley trans y los ataques homófobos agitaron el año y abrieron nuevos debates sociales
Junio de 2020: el Consejo de Ministros español aprobó en primera vuelta la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como ley trans. Fue “un paso de gigante en los derechos de las personas trans y LGTBI”, según la ministra de Igualdad, Irene Montero. En la práctica, y si no hay modificaciones durante su tramitación, supondrá que una persona pueda cambiar el sexo registral en su DNI sin necesidad de informes médicos ni dos años de hormonación —dos ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Junio de 2020: el Consejo de Ministros español aprobó en primera vuelta la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como ley trans. Fue “un paso de gigante en los derechos de las personas trans y LGTBI”, según la ministra de Igualdad, Irene Montero. En la práctica, y si no hay modificaciones durante su tramitación, supondrá que una persona pueda cambiar el sexo registral en su DNI sin necesidad de informes médicos ni dos años de hormonación —dos requisitos que se piden ahora— y que deberá ratificar su decisión tras un plazo de tres meses. La ley no lo cita con ese nombre, pero es lo que se conoce como autodeterminación de género, un asunto a debate en medio mundo y que mantuvo durante meses en una dura pugna a los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos.
El motivo principal de ese enfrentamiento es la alerta de una parte del movimiento feminista, que ve en la autodeterminación de género una amenaza seria contra la igualdad. La propuesta española incluye medidas similares a otras normativas ya aprobadas en Dinamarca, Portugal, Noruega y Argentina, entre otros países. Y hay lugares, como el Reino Unido, donde la tramitación se ha parado en seco ante las protestas de las organizaciones de mujeres y por posibles riesgos para los menores, ante el incremento de tratamientos hormonales dirigidos a niños, niñas y adolescentes.
En España, las organizaciones feministas que piden frenar la ley para abrir “un debate más amplio” señalan que la norma trasciende al tema de la transexualidad y amenaza la consideración del sexo como una realidad biológica y una categoría jurídica, lo que consideran que hace tambalearse todos los avances construidos sobre las diferencias existentes entre los hombres y las mujeres, como las leyes de igualdad o las aprobadas para combatir la violencia machista. No es un debate sencillo y sí a ratos muy bronco, sobre todo en las redes sociales. Los grupos de mujeres que quieren parar la ley trans reclaman que la agenda política feminista se centre en otros asuntos, como reducir las brechas de género en el trabajo, redistribuir mejor la carga de los cuidados o combatir con más fuerza una violencia que no cesa y que deja 1.119 mujeres asesinadas desde 2003 por sus parejas o exparejas, además de 330 menores huérfanos y 44 niños y niñas asesinados desde 2013.
La iniciativa de sacar adelante una normativa para mejorar la vida del 0,5% de la población —el porcentaje de personas transexuales, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud— se ha convertido en una batalla dentro del feminismo y en un punto de desunión entre las mujeres y el colectivo LGTBI, que ahora más que nunca comparten una amenaza común: el negacionismo del ultraderechista Vox, un partido enfocado en derogar las leyes que protegen tanto a unas como a otros. Este 2021 deja también un crimen que pareció de otra época. Una madrugada de julio, el joven de 24 años Samuel Luiz fue asesinado a golpes al grito de “maricón” en el paseo marítimo de A Coruña. Su muerte provocó una oleada de protestas por toda España. “Su amor no hace daño, vuestro odio, sí”, decía una de las pancartas escritas en su memoria.