¿Un acuerdo hecho trizas?
Los primeros 100 días de Gobierno de Iván Duque muestran sus escasos compromisos con los Acuerdos de Paz, cuando se cumplen dos años de su firma
El récord en producción de cocaína – las hectáreas de matas de coca han crecido un 356 % desde 2013–, su traición a la búsqueda de la verdad y su falta de compromiso con la redistribución de la tierra –el 1 % de los propietarios controlan el 81 % de la tierra– evidencian que las “modificaciones importantes” que Duque prometió hacer sobre el acuerdo podrían realmente hacerlo trizas.
El acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC ha sido internacionalmente reconocido por tener la potencia para construir, no solo un país menos violento, sino también un país más justo y equitativo, preparado para superar las causas estructurales del conflicto armado. Tristemente, todo indica que no va a cumplir con estas expectativas, sino que el conflicto se está reconfigurando como ha pasado tantas veces en los últimos 70 años en Colombia.
Un principio fundamental en el acuerdo de paz era que todos los actores involucrados, directa o indirectamente en el conflicto armado, deberían comparecer ante el Tribunal para La Paz y la Comisión de La Verdad creados para este fin. El objetivo era esclarecer La Verdad sobre el conflicto, poniendo al descubierto a los últimos responsables y a las causas reales de tantos años de violencia y asesinatos. Según el acuerdo, era obligatorio que todas las personas que hubiesen cometido delitos graves en el marco del conflicto armado comparecieran ante la Jurisdicción Especial para La Paz, en la cual el Tribunal para La Paz forma parte. La lógica era que el aporte a la verdad contribuyera al desmantelamiento de las estructuras criminales, que aún existen, responsables de los crímenes, incluyendo sus financiadores, como base para la reconciliación y el establecimiento de garantías de no repetición. Sin embargo, las modificaciones realizadas por Duque van a evitar la vinculación y comparecencia de actores que pueden ser clave para esclarecer la verdad.
“Tanto el Congreso de la República como la Corte Constitucional introdujeron modificaciones, entre ellas, la comparecencia no obligatoria de los terceros. Esto impide la obtención de la verdad acerca de la forma en la que operaron las estructuras criminales, las alianzas, sus redes de apoyo, sus financiadores", afirma Soraya Gutiérrez, presidenta del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), organización socia de InspirAction/Christian Aid en Colombia. Esto, sostiene, "vulnera los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad sobre estas responsabilidades”.
La desigualdad en la distribución de la tierra ha sido siempre reconocida como una de las causas estructurales del conflicto armado. El 1 % de los propietarios controlan el 81 % de la tierra mientras que el 99 % solamente controla 19 % de la tierra. Esto significa que Colombia tiene el nivel más alto de desigualdad en Latinoamérica en cuanto a la tierra. El acuerdo de paz contaba con provisiones para un fondo de tres millones de hectáreas de tierra para tratar de solucionar este problema. Sin embargo, los avances en la creación de este fondo han sido pocos y las fuerzas políticas que se oponen a estos cambios han ganado mayor respaldo con el nuevo Gobierno.
Paralelamente, el nivel de producción de cocaína, una de las economías ilegales en Colombia, que fomenta el conflicto, está batiendo récords. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a finales de 2017 había 171.000 hectáreas de matas de coca, un aumento enorme desde 2013 con 48.000 hectáreas registradas. El acuerdo de paz contempla una sustitución voluntaria negociada con los productores, generalmente campesinos pobres que viven en zonas del país donde hay muy escasa presencia de autoridades estatales civiles. A cambio de firmar estos acuerdos de sustitución, recibirían apoyo para iniciar nuevos proyectos productivos complementados por una política integral de desarrollo rural en las zonas más afectadas por el conflicto.
Tristemente, el nuevo Gobierno, un aliado geopolítico de Estados Unidos, ha preferido retomar prácticas que ya han demostrado su fracaso rotundo en Colombia, como son las fumigaciones con glifosato o la erradicación forzada, que implica choques violentos con los cultivadores. Colombia continúa siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Al mismo tiempo, los líderes cultivadores de coca que se han asociado bajo la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) para promover la sustitución voluntaria, son atacados por los enemigos de la paz. Desde la firma del acuerdo, han asesinado a 47 de ellos. En general, los asesinatos contra líderes sociales y defensores humanos, que luchan por recuperar su tierra, por la paz y contra megaproyectos, se han disparado fuertemente desde la firma del acuerdo de paz.
Realmente, lo más positivo, dos años después de la firma de los acuerdos, es que las FARC han dejado las armas y ahora en vez de usar armas, están usando mecanismos democráticos para luchar por sus ideas. Como resultado se han salvado cientos o tal vez miles de vidas de soldados, guerrilleros y civiles. Eso se podría llamar paz con minúscula, pero las comunidades que tanto han sufrido en Colombia quieren Paz con mayúscula.