Columna

Europa: ¿dilución o fraternidad?

La inmigración obliga a precisar las referencias de las sociedades democráticas

Los ministros de Interior de Alemania, Austria e Italia durante una rueda de prensa en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior en Innsbruck.DANIEL KOPATSCH (EFE)

Dos mensajes contradictorios: la reunión de Innsbruck del jueves no ha llegado a un acuerdo sobre la política migratoria de la UE. Frente al eje Austria-Alemania-Roma, apoyado por los países del Este, que quiere cerrar las fronteras al 100% y crear —aún no se sabe con quién— “plataformas exteriores” para externalizar la demanda migratoria, el resto de los países ha preferido posponer la decisión hasta nuevo aviso. Desde 2015, la falta de una visión común facilita el retorno de las políticas nacionales. Es el mensaje de la dilución de Europa.

Por su parte, el Consejo Constitucional franc...

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Dos mensajes contradictorios: la reunión de Innsbruck del jueves no ha llegado a un acuerdo sobre la política migratoria de la UE. Frente al eje Austria-Alemania-Roma, apoyado por los países del Este, que quiere cerrar las fronteras al 100% y crear —aún no se sabe con quién— “plataformas exteriores” para externalizar la demanda migratoria, el resto de los países ha preferido posponer la decisión hasta nuevo aviso. Desde 2015, la falta de una visión común facilita el retorno de las políticas nacionales. Es el mensaje de la dilución de Europa.

Por su parte, el Consejo Constitucional francés acaba de tomar una decisión fundamental: afirma que facilitar la entrada ilegal de un extranjero es ilícito, pero ayudar por una causa humanitaria a una persona ya presente en el territorio nacional no es un delito, sino que constituye respeto a la fraternidad humana. Pues el valor de fraternidad inscrito en la Constitución francesa desde 1789 es también un principio constitucional que genera efectos jurídicos. La sentencia es inequívoca: “Se infiere del principio de fraternidad la libertad de ayudar al otro, con finalidad humanitaria, sin consideración de la regularidad de su estancia en el territorio nacional”. Así que los ciudadanos que ayudan a los refugiados en Francia no cometen ningún delito, sino que hacen uso de su derecho a la libertad garantizado por la Constitución. Es el mensaje de esperanza de Europa.

El telón de fondo que se dibuja, poco a poco, para las próximas elecciones europeas está claro. Por un lado, la extrema derecha, la crisis económica que está pudriendo culturalmente a la opinión pública y los Estados que corroen los derechos de las personas, han creado una situación de obsesión patológica sobre la inmigración. Por otro, la justicia y muchos ciudadanos europeos se resisten a dejar paso a la neofascisación de la Europa ilustrada.

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Estamos frente a una gigantesca batalla. La inmigración obliga a precisar las referencias de las sociedades democráticas. Contra los partidarios del repliegue, la profundización del Estado de derecho es lo más adecuado. En el caso francés, el poder constitucional abre una seria oportunidad para reflexionar, más allá de la solidaridad, sobre la misma condición humana como base del derecho de la inmigración. El principio de solidaridad existe ya en la jurisprudencia europea, pero la decisión francesa puede transformarlo en norma jurídica vinculante. Es una filosofía radicalmente opuesta a la xenofobia que quieren imponer los ministros del Interior de gobiernos de extrema derecha. Cedric Hourou, el militante francés condenado por ayudar a refugiados y que provocó la decisión apelando al Consejo Constitucional, enarbola con valentía la visión ilustrada europea frente a los maestros del odio. Contra el racismo, afirma: “Seguiré defendiendo la humanidad, cualquiera que sea su color, procedencia, origen o religión”. Sí, la humanidad…

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