Catarsis ético-pública

La gran diferencia entre el caso Cifuentes y otros escándalos políticos que hemos presenciado es que su juicio ha sido “público”. Todos lo son, pero lo digo en el sentido de que aquí no se ha pasado por el filtro del complejo mundo judicial, con sus largas tramitaciones, sus tretas procesales, su complejo entramado de testigos y evaluación de pruebas. Contrariamente a los abigarrados casos de la Gürtel, la Púnica, Lezo y tantos otros, los hechos y los medios de prueba estaban a la vista de todos, limpios de los farragosos sumarios de cientos o miles de folios. Bastó una hábil y pautada publica...

La gran diferencia entre el caso Cifuentes y otros escándalos políticos que hemos presenciado es que su juicio ha sido “público”. Todos lo son, pero lo digo en el sentido de que aquí no se ha pasado por el filtro del complejo mundo judicial, con sus largas tramitaciones, sus tretas procesales, su complejo entramado de testigos y evaluación de pruebas. Contrariamente a los abigarrados casos de la Gürtel, la Púnica, Lezo y tantos otros, los hechos y los medios de prueba estaban a la vista de todos, limpios de los farragosos sumarios de cientos o miles de folios. Bastó una hábil y pautada publicación en prensa de hechos y declaraciones puntuales.

En ese sentido ha funcionado como un juicio popular. Los protagonistas en la evaluación de los cargos no han sido los jueces, sino el mismo público. Quizá por eso mismo se nos ha hecho tan insoportable. A pesar de que el asunto enjuiciado —la obtención de un máster sin seguir los debidos trámites— era nimio en comparación con los otros casos mencionados, su impacto fue mucho mayor. Las mentiras salían a la luz con una facilidad y velocidad pasmosa, sin mediaciones encubridoras. Qué lejos de esos otros donde la legítima presunción de inocencia y las tramitaciones de más de un lustro permiten tirar balones fuera y dilatar la asunción de responsabilidades políticas. A este respecto el caso Cifuentes resulta ejemplarizante.

También, porque ha sacado a la luz cómo existen distintas varas de medir los componentes morales de un caso en función de que esté o no en juego el poder. Sólo así hay que interpretar la declaración de Rajoy de que Cifuentes “hizo lo que tenía que hacer”. Si no dimitía, el PP perdía la Comunidad de Madrid. ¡Hasta ahí podríamos llegar! La dimensión moral del caso pasaba a un segundo plano, al final lo que de verdad importa, siempre, es el poder.

Y está, por último, el asunto del famoso vídeo, lo que precipitó lo inevitable. Aquí la indignación moral ya dio paso al asco. La repugnancia que produce el saber que hay mafias de cloaca dispuestas a despellejar a cualquiera traficando con datos de su vida privada. O el indisimulado jolgorio, casi euforia, con el que se acompañó en algunos medios o en las redes. Que encima se tratara o no de fuego amigo es a estos efectos indiferente.

Todo este sórdido espectáculo ha provocado una nueva vuelta de tuerca en la fatiga civil, la depresión cívica o como queramos llamarlo. Pero debería tener un efecto catártico, que de la contemplación de esta tragedia desplegada en dosis casi diarias podamos recobrar fuerzas para insistir en la imprescindible regeneración ética de nuestra democracia. Que tenga un efecto purificador. Y ya se sabe que en democracia el mejor purgante, el máximo oxigenador, siempre acaba siendo el voto.