Obstrucción tributaria

Con graves reticencias, que comprometen la credibilidad de la institución, la Agencia Tributaria ha entregado al juez Ruz un cálculo sobre el presunto delito fiscal cometido por el PP por impago del impuesto sobre sociedades en 2008 sobre donaciones ilegales al partido. Con expresiones inusuales en un organismo así, la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, transmite al juez “por imperativo legal” y “para evitar acciones legales” que la cuota impagada, según el criterio que le exige el juez, sería de 220.167 euros. El informe se reitera en ...

Con graves reticencias, que comprometen la credibilidad de la institución, la Agencia Tributaria ha entregado al juez Ruz un cálculo sobre el presunto delito fiscal cometido por el PP por impago del impuesto sobre sociedades en 2008 sobre donaciones ilegales al partido. Con expresiones inusuales en un organismo así, la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, transmite al juez “por imperativo legal” y “para evitar acciones legales” que la cuota impagada, según el criterio que le exige el juez, sería de 220.167 euros. El informe se reitera en el principio de que las donaciones ilegales están exentas de tributación y expone la atrevida hipótesis de que el caso fiscal del PP sería similar a supuestas donaciones a Cáritas o la Cruz Roja.

La ONIF (y, por extensión, la Agencia) se ha comportado en este caso de forma obstruccionista hacia la justicia. En primera instancia, se negó a calcular la cuantía de la cuota fiscal impagada por donaciones ilegales; ahora invoca el “imperativo legal” —la misma fórmula usada en su día por Herri Batasuna para acatar la Constitución— para presentar, arrastrando los pies, un informe que, por cierto, fue precedido por un escrito apócrifo filtrado a ciertos medios de comunicación; y en el informe se añade, sin petición de parte, una simulación “alternativa” de lo que debería pagar el PP, quizá para confundir la valoración jurídica con otra de carácter económico que haría desaparecer el carácter de delito fiscal de las cuotas impagadas en 2008.

La argumentación técnica de Hacienda tiene todos los visos de ser incorrecta y parcial. El auto de junio de 2013 de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional establece que sólo están exentas de tributación las donaciones privadas que cumplan con el criterio legal de transparencia; las que no cumplan con esos criterios (como las aportadas al PP) no lo están. Igualmente dudoso es el cálculo alternativo, que ofrece la Agencia sin venir a cuento. Después de efectuar operaciones de resta y desgravación el autor concluye que el resultado a pagar sería un poco superior a 25.000 euros. Pero en las donaciones no hay cómputos de desgravación fácilmente aplicables, porque no hay gastos. No hay más que una opción tributaria viable: el PP dejó de pagar 220.000 euros y esa base es suficiente para que el juez considere que hay delito fiscal. Esto es, finalmente, lo más importante.

Las instituciones se desprestigian cuando dan pie a la sospecha de que se comportan de manera sectaria. La Agencia Tributaria tiene que defender la legalidad e imponer el pago de los impuestos debidos. La conducta de sus directivos permite sospechar un uso parcial de los instrumentos del Estado en favor del partido investigado. Por eso es aconsejable que la directora de la ONIF sea relevada de su cargo y que el ministro —a quien también pediremos explicaciones por las actividades del despacho que fundó y que hoy revela este diario— comparezca en el Congreso para aclarar la preocupante cadena de errores interpretativos que han enturbiado este caso.