La Complutense comunica a sus facultades que tienen que gastar un 30% menos: el ahogo económico llega a las universidades madrileñas

Que las seis universidades públicas de Madrid están arruinadas es un secreto a voces desde hace años, pero las sentencias ganadas en 2015 en el Tribunal Supremo a su Gobierno regional ―280 millones (más los intereses de demora) para inversiones prometidos y no transferidos por Esperanza Aguirre― han mantenido a sus rectores callados y con las cuentas medio saneadas. Pero la partida se acaba de agotar y, a falta de fondos ―Madrid es la comunidad que menos invierte en sus campus por alumno―, llegan los tijeretazos. El...

Que las seis universidades públicas de Madrid están arruinadas es un secreto a voces desde hace años, pero las sentencias ganadas en 2015 en el Tribunal Supremo a su Gobierno regional ―280 millones (más los intereses de demora) para inversiones prometidos y no transferidos por Esperanza Aguirre― han mantenido a sus rectores callados y con las cuentas medio saneadas. Pero la partida se acaba de agotar y, a falta de fondos ―Madrid es la comunidad que menos invierte en sus campus por alumno―, llegan los tijeretazos. El primer gran recorte en salir a la luz es de la Complutense (UCM), la universidad presencial más grande de España, que ha comunicado por escrito a sus facultades que tienen que recortar el gasto un 30%.

La gerente de la universidad, Ana Cantalejo, ha comunicado en una carta a sus decanos y a los gerentes de sus 26 facultades que se va a “proceder a efectuar una retención de no disponibilidad por el 30% de los saldos de créditos disponibles, a fin de racionalizar y contener el gasto ordinario”. De modo que “excepcionalmente, para poder proceder a cualquier compra que se vea afectada por dicha retención, será necesario la autorización previa”. A partir de ahora, las facultades (regidas por los decanos) van a tener que “priorizar sus gastos hasta final de ejercicio en función de la importancia y la necesidad, no ejecutando o aplazando a nuevo ejercicio aquellos gastos considerados no esenciales”. La UCM declina hacer declaraciones a este diario sobre la rebaja presupuestaria.

Los sindicatos no han sido informados, aunque hay una mesa sindical convocada para el jueves. El 25 de junio hubo consejo de Gobierno y, aunque se aludió a la mala situación económica, nadie propuso un recorte presupuestario, según Comisiones Obreras. “Lo vivimos con preocupación. La falta de información genera más incertidumbre”, lamenta Jesús Escribano, responsable de este sindicato en la UCM y en las universidades madrileñas.

El profesor de Matemáticas imagina que la tijera va a afectar a obras previstas para el segundo semestre, a la ayuda para estancia en congresos o a las suscripciones a revistas científicas, entre otras pérdidas. La poda no puede afectar a los sueldos, pues estos salen del presupuesto del rectorado. Escribano remarca la demora que hay en las convocatorias de plazas de profesor titular a catedrático, para ahorrarse unos meses un salario más alto. No es grave la tardanza, pero sí significativa.

Los receptores de la carta están convocados a una reunión el 22 de julio en el rectorado, a la que presumiblemente acudirá el rector, Joaquín Goyache. El catedrático de Veterinaria ha pasado de ser respaldado por el PP de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del curso pasado ―consideraban erróneamente a su oponente, Esther del Campo, como la candidata de Podemos― a estar en la picota por la contratación de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Goyache, que según fuentes universitarias y políticas está recibiendo presiones del PP para que dimita, tendrá que acudir después del verano a dar cuenta de la cátedra en una comisión en la Asamblea de Madrid.

“Atendiendo a los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales (...) Madrid es la región que registra menos transferencias corrientes y de capital recibidas por alumno, así como la de mayor recaudación por alumno en concepto de precios públicos (algo más de 1.700 euros) [lo que pagan las familias]”, se afirma en el análisis Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2024. Madrid, que acaba de publicar la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCyD), que agrupa a grandes empresas españolas.

En el curso 2021-2022, estas transferencias, según el informe, supusieron 4.779 euros por matriculado en grado de media en Madrid, cuando la media española estaba en 6.118 euros. La Politécnica de Madrid, por su carácter práctico, es la única que se situó por encima, con 6.246 euros. En gastos en personal por empleado, también Madrid ―con la renta per cápita más alta de España― salió mal parada: invirtió 34.738 euros, frente a la media española de 35.688.

Le sigue en el furgón de cola financiero Cataluña, con la diferencia de que esta autonomía tiene “una capacidad de captación de recursos competitivos nacionales e internacionales por encima de la media estatal y en niveles equiparables a las medias europeas”, describe FCyD. “Esto es así, pese a una financiación insuficiente que merma las capacidades y las competencias”, prosigue la fundación. Igual que ocurre en Madrid.

Según tres fuentes consultadas por este diario, cinco de las seis universidades públicas de Madrid ―hay 13 privadas― están en números rojos o los bordean. “Con los fondos recibidos no cubrimos los gastos de personal”, alertaron los seis rectores el pasado abril. Los rectores calculan que necesitarían 200 millones para “salvar los muebles” a corto plazo. En torno al 80% del presupuesto se va en las nóminas, un 15% en “abrir cada día” y lo que queda, para investigación, congresos, becas propias...

El rector de la UCM puso un ejemplo en un acto en Madrid: la Universidad de Cambridge tiene 2.000 millones de presupuesto, 1.000 de ellos para investigación, mientras su institución recibe 380 millones, de los que ya solo en complementos salariales por antigüedad (trienios, sexenios y quinquenios) gastan 50 millones, “que no nos permiten ser mejores”.

Se da la coincidencia de que el 10 de julio está convocado el Consejo Universitario de Madrid, órgano en el que se va a presentar la ley de educación superior que, entre otras novedades, prevé por fin un plan de financiación plurianual para las universidades públicas madrileñas. Eso permite a las instituciones académicas hacer planes a medio plazo, pues hoy no saben de cuánto dinero van a disponer ni el próximo curso y mucho menos los cuatro siguientes, como conocen por ejemplo las universidades de Andalucía y Aragón, gobernadas también por el PP.

Nuevo modelo de financiación

Tras el acto protagonizado por los rectores el pasado abril, que sirvió como excusa para denunciar su ahogamiento financiero, Javier Nicolás Casas, director general de Universidades de Madrid, admitió la falta de fondos a este diario: “Somos perfectamente conscientes de la situación [financiera] de las universidades”. “Estamos intentando pisar el acelerador. El equipo lleva desde julio [de 2023] y el presupuesto estaba prácticamente cerrado y no teníamos margen de maniobra para este año. De cara a 2025 queremos sacar un nuevo modelo de financiación”. Lo que no está claro es si este plan va a ir acompañado de más dinero. “Seguimos trabajando en los Presupuestos de 2025″, afirma un portavoz de la Consejería de Educación de Madrid. La falta de fondos está provocando que el sistema madrileño no sea capaz de competir con los de Navarra, Cataluña y País Vasco en investigación y docencia.

Paradójicamente, pese a no querer invertir en sus universidades públicas, el Ejecutivo madrileño se resistió este junio hasta última hora a que el Estado contratase a 1.091 profesores ayudantes doctor si la comunidad corría con el sueldo de otros 657 y asumía el salario de todos los docentes pasados seis años. La enorme presión de las universidades surgió efecto. Pero para entonces, su consejero de Educación, Emilio Viciana, ya había publicado un artículo en El Debate atacando al Gobierno central: “Estamos ante una extorsión que obliga a firmar un manifiesto ideológico de adhesión a las políticas de [el presidente Pedro] Sánchez para poder recibir dinero que el ministerio está obligado a dar; una trampa para la autonomía universitaria”.

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