El Gobierno y la mayoría de autonomías deciden aplazar la nueva Selectividad frente a un PP que rompe los puentes de la negociación

La Conferencia Sectorial de Educación, que reúne al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas, ha confirmado este martes que la nueva Selectividad se retrasará un año: la primera fase del cambio tendrá lugar en 2025 y la definitiva, en 2028. La transformación de la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) persigue hacer una prueba más competencial y coherente con la forma de enseñar que contiene la nueva ley educativa, la Lomloe....

La Conferencia Sectorial de Educación, que reúne al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas, ha confirmado este martes que la nueva Selectividad se retrasará un año: la primera fase del cambio tendrá lugar en 2025 y la definitiva, en 2028. La transformación de la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) persigue hacer una prueba más competencial y coherente con la forma de enseñar que contiene la nueva ley educativa, la Lomloe. Esa nueva forma de enfocar la docencia debería estar aplicándose desde septiembre en todos los cursos impares (entre ellos primero de Bachillerato), pero los retrasos en la aprobación de los currículos educativos y la falta de suficientes programas de formación para el profesorado han hecho que, en la práctica, el cambio no haya llegado a la mayoría de las aulas. Los primeros borradores sobre la reforma generaron, además, protestas de representantes de las disciplinas académicas afectadas, como los filólogos y los filósofos, y de instituciones vinculadas a las mismas, como la RAE. Y el aplazamiento dará tiempo al ministerio para escuchar sus propuestas y pulir el diseño antes de tomar una decisión.

El aplazamiento ha sido apoyado por las nueve comunidades gobernadas por el PSOE, así como por Cataluña, Euskadi y Cantabria. En la reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial, celebrada el 2 de diciembre, tres comunidades del PP, Galicia, Andalucía y Murcia, también votaron a favor del aplazamiento. Al término de aquella reunión, la dirección nacional del PP anunció la ruptura total de la cooperación con el ministerio en la reforma de la Evau. Y, en línea con aquella decisión, este martes las cinco autonomías del PP (las anteriores, además de Madrid y Castilla y León) no solo no han apoyado el aplazamiento sino que han planteado una especie de enmienda a la totalidad sobre los trabajos realizados hasta ahora que hacen prácticamente imposible la negociación. Sus consejeros han reclamado que las negociaciones empiecen de cero, que no se implante la llamada prueba de madurez académica (una prueba en torno a las competencias clave que según los primeros documentos del ministerio iría incorporando progresivamente en una misma prueba los ejercicios de las asignaturas comunes, primero los idiomas y después Historia de España e Historia de la Filosofía), y que haya una Evau única en toda España. Un planteamiento que fuentes socialistas consideran muy influido por la cercanía electoral.

El ministerio ha señalado, sobre el formato que tendrá la nueva Selectividad, que el aplazamiento da tiempo para seguir pensando en su diseño. Y que, si bien la idea planteada hasta el momento pasa por que la fase obligatoria conste de dos ejercicios, uno general en torno a las competencias clave, y otro de una materia de modalidad del bachillerato cursado (con una ponderación del 60% para el primer ejercicio y del 40% para el segundo), y la fase voluntaria (para subir nota) de un máximo de cuatro ejercicios de materias de modalidad, todavía no hay nada decido. Sobre la realización de una prueba única, los representantes socialistas en la reunión han insistido en que dicha opción no es viable, ya que las comunidades autónomas tienen la competencia de completar el currículo educativo del Bachillerato —cosa que hacen las 17 autonomías en todas las materias—, y ello provoca que los contenidos que estudia el alumnado no sea, en parte, el mismo en los diversos territorios. La ministra también ha recordado que la Selectividad sirve para ordenar la entrada en la Universidad en aquellas carreras en las que no se ofertan suficientes plazas para cubrir la demanda, pero su objetivo no es dar el título de bachiller, un extremo que corresponde a los centros educativos tras las evaluaciones que realizan los docentes. “Y confiamos en nuestro profesorado, de la pública y de la privada”, ha dicho Alegría.

En los 14 años y medio que han gobernado España, ha agregado el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, el PP no puso en marcha dicha Selectividad única que ahora reclaman. Hace poco más de un mes, por otro lado, Madrid planteó un sistema con dos pruebas de Evau (una para los alumnos que quisieran plaza en la misma comunidad donde hubieran estudiado el Bachillerato y otra para quienes quisieran matricularse en una Universidad situada en otra autonomía).

Clima electoral

El plante de las comunidades del PP respecto a la reforma de la Selectividad, en la que pese a la discrepancia venían colaborando (está por ver si sus representantes asisten finalmente o no a las próximas reuniones de las mesas técnicas que están en marcha sobre la misma) pone de manifiesto que el margen para llegar a acuerdos educativos, incluso pequeños, va a ser a partir de ahora muy escaso, debido al clima electoral. En marzo se disolverán los parlamentos regionales, a finales de mayo se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales, y más tarde, en principio a finales de año, las generales. En Educación creen que la decisión del PP de endurecer su postura educativa también se debe, en parte, al hecho de que la ministra Pilar Alegría es desde julio la portavoz del PSOE, un cargo le ha dado un perfil más político y ha reforzado los incentivos del principal partido de la oposición para bloquear cualquier consenso.

La postura del PP también tendrá entre sus consecuencias empujar al Gobierno a medir todavía más sus pasos en materia educativa hasta el final de la legislatura. La pujanza reformista con la que el ministerio arrancó la legislatura ha ido reduciéndose progresivamente, especialmente desde que la anterior titular de la cartera, Isabel Celaá, dejó el Ejecutivo tras sufrir un gran desgaste para aprobar la Lomloe. Pero aun así el impulso ha continuado. En parte porque la Lomloe exigía una serie de desarrollos inaplazables, como los decretos de los currículos de cada etapa educativa y otros mandatos de carácter más genérico, relacionados por ejemplo con la reforma del profesorado o un nuevo marco legal para las enseñanzas artísticas.

La gran reforma para darle la vuelta al sistema de enseñanza español, que se quedó descolgado la década pasada de los cambios educativos emprendidos en los países de su entorno, seguirá en algunos puntos. Pero de forma general cabe esperar que aquello susceptible de generar polémicas —y en educación casi todo está demostrando ser capaz de hacerlo— entre en una fase de hibernación a la espera de ver cómo termina el ciclo electoral. Un primer ejemplo de ello es la propia Selectividad. El retraso de su entrada en vigor durante un año significará, en paralelo, que no se tome ninguna decisión definitiva antes del fin de la legislatura ante la impresión (reforzada de nuevo este martes por la actitud de las comunidades gobernadas por el PP) de que todo paso que dé el ministerio en un sentido u otro será utilizado para atacar al Gobierno por el flanco educativo.

La selectividad de 2024

Durante su intervención en la Conferencia Sectorial, la ministra Alegría ha enviado un mensaje de tranquilidad al profesorado y al alumnado, asegurando que a final de este curso, en junio de 2023, se tendrán los modelos y características definitivas de la prueba que realizarán en junio de 2024 los estudiantes que ahora están en primero de Bachillerato (que inicialmente iban a estrenar la nueva Selectividad y finalmente tendrán una prueba más parecida a las que se han venido celebrando hasta ahora).

La ministra también ha aclarado que los fondos del Gobierno para financiar nuevas plazas de cero a tres años deben destinarse a la creación de plazas públicas, porque así lo ha aclarado la Unión Europea (de quien proceden los fondos), frente a la petición de algunas comunidades, como Andalucía. Alegría ha indicado por último que las ayudas a la escolarización de alumnado ucraniano del ministerio ascienden de momento a 13 millones de euros, el 50% del cual ha ido a parar a la Comunidad Valenciana porque este territorio ha acogido a la mitad de estos estudiantes.

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