La desigualdad o el mal endémico de Paraguay

Crear medio millón de empleos nuevos en cinco años. La promesa de campaña de Santiago Peña sería difícil de cumplir en cualquier país. En Paraguay, donde la población activa está formada por 3,5 millones de personas, podría ser la misión imposible de Peña, que el 30 de abril ganó las elecciones a la presidencia como candidato del hegemónico Partido Colorado, de corte liberal.

En su favor, el presidente electo tiene el respaldo de dos décadas de estabilidad...

Crear medio millón de empleos nuevos en cinco años. La promesa de campaña de Santiago Peña sería difícil de cumplir en cualquier país. En Paraguay, donde la población activa está formada por 3,5 millones de personas, podría ser la misión imposible de Peña, que el 30 de abril ganó las elecciones a la presidencia como candidato del hegemónico Partido Colorado, de corte liberal.

En su favor, el presidente electo tiene el respaldo de dos décadas de estabilidad macroeconómica y una economía que, según el FMI, podría crecer este año hasta el 4,5%. Pero los factores en contra son al menos igual de poderosos: una deuda pública que en diez años se ha multiplicado por más de cuatro, una recaudación tributaria insuficiente, y un modelo económico basado en la exportación de recursos naturales con poca capacidad de generar empleo.

Después de retroceder hasta un 0,8% en el peor año de la pandemia, el PIB lleva en terreno positivo desde 2021, cuando se recuperó con un generoso rebote del 4,1%. El 4,5% que se espera para 2023 tiene a la exportación de soja y de carne de vaca como principales motores de una economía que también apuesta por el maíz y por la producción agroforestal con una fiscalidad cada vez más baja para la inversión extranjera.

Los impuestos nunca han sido el punto fuerte de Paraguay, cuya recaudación tributaria ascendió a solo el 9,5% del PIB en 2020, según los datos del Banco Mundial (sus vecinos, Argentina y Brasil, están por encima del 30%). Pero el aporte del sector de la soja es aún más irrisorio, con una presión fiscal que en años recientes bajó hasta el 0,16%, según un estudio de la economista Sarah Zevaco. “Paraguay es el único país donde la producción de granos no está gravada”, explica Alhelí González Cáceres, de la Sociedad de Economía Política de Paraguay (SEPPY).

La creación de empleos es el argumento que se usa para justificar la exención de impuestos. El problema de una producción altamente mecanizada como la agropecuaria es que no necesita a muchos trabajadores. La concentración de las tierras, por otro lado, evita que esa riqueza se reparta entre pequeños propietarios. De acuerdo con los datos del último censo agrícola (2008), al menos el 85% de la tierra está en manos de un 2,5% de la población.

Apostar por explotaciones agropecuarias extensivas no solo atenta contra la redistribución de la riqueza. También pone en riesgo a las comunidades indígenas que ven sus bosques talados, a la biodiversidad del país y a la soberanía alimentaria. “Salvaguardar la diversidad productiva de la economía campesina paraguaya es fundamental para la alimentación de los sectores vulnerables y de la clase media baja en las ciudades”, explica Dionisio Borda, que ejerció como ministro de Hacienda durante el Gobierno progresista de Fernando Lugo (2008-2012).

En Paraguay existe además el problema de las tierras mal habidas, como llaman a los más de siete millones de hectáreas que el dictador Alfredo Stroessner —afiliado al Partido Colorado, gobernó de facto entre 1954 y 1989— entregó a militares, políticos y empresarios afines. Hace un año se creó una comisión para poner en manos de los pequeños campesinos estas tierras obtenidas de manera ilegítima, pero por el momento no ha habido grandes avances.

El movimiento campesino tenía cierta capacidad de presión pero, con la presidencia de Mario Abdo Benítez, se pasó una ley que criminaliza la protesta campesina, en palabras de Borda, lo que ha hecho aún más difícil la recuperación de esas tierras mal habidas. “Los pequeños productores necesitan un apoyo del Gobierno, no solo por el problema de las tierras, que es fundamental, sino para que los ayude con mejoras tecnológicas y de crédito”, dice Borda.

Otra característica que distingue a la economía paraguaya es el gigantesco caudal de energía generado por dos grandes hidroeléctricas que comparte con Argentina (Yaciretá) y Brasil (Itaipú). Mientras socios como Brasil lo han aprovechado para su desarrollo industrial, Paraguay nunca hizo las inversiones necesarias en tecnología de transmisión que habrían permitido al país adoptar un modelo económico con mayor capacidad de generación de empleo. En opinión de Luis Rojas, economista del centro de estudios Henoi, ese esfuerzo industrializador no llegó porque el Partido Colorado ha preferido hasta ahora vender a Argentina y Brasil los excedentes de energía paraguaya para obtener recursos con los que financiar al Estado, que emplea a unas 338.000 personas (datos de junio de 2022). Según Rojas, tener a casi el 10% del censo electoral trabajando para el Estado es una estrategia ganadora cuando llega el día de las elecciones. “El único factor de industrialización que ha habido en los últimos años son las maquilas para procesos industriales de Brasil, con leyes muy favorables y exoneración de impuestos y aranceles... Eso ha traído muchas empresas pero la transformación es mínima y en seguida el producto se vuelve a exportar, no deja un proceso industrial instalado”, dice.

Cuando este 15 de agosto ocupe la presidencia, una de las tareas urgentes de Peña será renegociar el tratado que regula la venta a Brasil de los excedentes de energía paraguaya en Itaipú. Según Borda, hay dos variables clave en esa negociación: subir una tarifa que lleva 50 años calculándose de acuerdo con el coste de producción (y no por el precio de mercado), y obtener la libertad para vender los excedentes a terceros países como Argentina o Uruguay. “En el período de Lugo se logró un acuerdo con Lula por el que el pago de la energía que vendía Paraguay a Brasil pasó de unos 120 millones de dólares al año a unos 360 millones, pero no sé si con este Lula va a ser posible, porque está muy presionado por su sector empresarial y tiene menos libertad”, dice Borda.

Cuentas públicas

La deuda pública también es motivo de preocupación. Cuando ocupó la presidencia Horacio Cartes (2013-2018, también del Partido Colorado) ascendía a 3.500 millones de dólares y representaba un 10% del PIB. En diez años se ha situado en 15.000 millones y un 37% del PIB. Hasta el FMI, dice Borda, está aconsejando aumentar la recaudación tributaria para enfrentar esta carga y mejorar las gravísimas deficiencias en salud y educación. “El impuesto indirecto sobre el consumo, que pagan el pobre y la clase media baja, representa más de la mitad de la recaudación tributaria”, explica Borda.

Una cifra que parece inconcebible en un país donde una de cada cuatro personas es pobre y dos de cada tres trabajadores no tiene protección social. Borda cree que la reforma tiene que incluir progresividad en el impuesto a la renta, “que hoy no pasa del 10% por muchos que sean los ingresos”, aumentos en el impuesto a las rentas de las empresas, “que está en un 8%”, y sobre todo incrementos en el impuesto al patrimonio. “La gente que especula con la tierra en Paraguay lo hace en primer lugar porque es barata, pero también porque el impuesto que pagan por la tierra es irrisorio”.

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