Los expertos del Libro Blanco de Montero ven insuficiente el paquete tributario y consideran que no es una reforma fiscal

¿Reforma fiscal o simple ajuste? El paquete aprobado en noviembre en el Congreso, tras negociaciones agónicas entre las formaciones políticas, solo ha abordado de refilón —o directamente ha pasado por encima— los problemas medulares del sistema impositivo español, como la necesidad de impulsar los impuestos verdes, reformar la tributación patrimonial y revisar los beneficios fiscales. Todo ello, pese a estar disponible desde ha...

¿Reforma fiscal o simple ajuste? El paquete aprobado en noviembre en el Congreso, tras negociaciones agónicas entre las formaciones políticas, solo ha abordado de refilón —o directamente ha pasado por encima— los problemas medulares del sistema impositivo español, como la necesidad de impulsar los impuestos verdes, reformar la tributación patrimonial y revisar los beneficios fiscales. Todo ello, pese a estar disponible desde hace más de dos años un detallado vademecum al respecto: el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, presentado en 2022 y encargado por el entonces Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a 17 académicos. La mayoría de ellos, consultados por este periódico, coinciden en que las medidas aprobadas no suponen ni de lejos esa revolución que el sistema fiscal español necesita, aunque algunas van en línea con sus recomendaciones. “La mayoría de las decisiones tomadas tienen coherencia con las recomendaciones, pero quizá el Gobierno debería haber hecho más uso del Libro Blanco para abrir debate en temas de más injundia y trascendencia”, sugiere Jesús Ruiz-Huerta, presidente del comité de sabios que seleccionó la vicepresidenta Montero.

Este economista, de la órbita socialista, recuerda que el prolijo informe presentado al Ministerio de Hacienda en febrero de 2022 estaba pensado para llevar a cabo una reforma de carácter estructural, por lo que ponía el foco en los impuestos ambientales, patrimoniales y empresariales, además de incluir, por iniciativa de los expertos, recomendaciones para el IRPF y el IVA, las dos grandes figuras del sistema. Por eso, lamenta Ruiz-Huerta, se echan de menos medidas de mayor profundidad, como una revisión de las exenciones y beneficios fiscales para ampliar las bases imponibles. “Es un paso con medidas interesantes y es positivo, vista la dificultad para encontrar apoyos políticos. Pero no es la reforma. El Libro Blanco tampoco es un proyecto de ley, es el inicio de un debate. Lo peor de este paquete es cómo se ha llevado. No está estructurado, con más de veinte disposiciones”, comenta a modo de resumen otro de los miembros de la comisión.

La queja de los dos economistas es directamente proporcional a la dificultad que tiene el Gobierno de coalición para legislar, estando en minoría y teniendo que negociar con las demás formaciones del bloque de investidura, con almas políticas muy distintas, como Podemos, ERC, PNV y Junts. Este tira y afloja quedó reflejado en el camino hacia el paquete fiscal. El Gobierno lo coló con enmiendas en la transposición de una directiva europea, la que introduce un impuesto mínimo para las multinacionales, en lugar de presentar una propuesta aparte. La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó el dictamen tras un debate convulso, en el que decayeron muchas de las iniciativas inicialmente previstas. Como broche final, la votación en el Congreso se torció. Una de las medidas pendiente desde hace años, la subida de la fiscalidad al diésel, fue rechazada, aunque con la posibilidad de retomarla en un futuro.

Solo vieron la luz la prórroga del impuesto a la banca —y el difícil compromiso de extender el energético—, un alza fiscal a los vapeadores, una subida a las grandes inversiones en el IRPF y un cambio para frenar el fraude en el IVA de los hidrocarburos, además del mínimo a las multinacionales y una corrección técnica en el impuesto de sociedades. El debate, lejos de desenredarse, ha vuelto a poner contra las cuerdas el Gobierno esta semana: Junts y PP han introducido una enmienda para tumbar el impuesto del 7% que grava producción eléctrica. El partido independentista vincula esta petición y el cumplimiento de los compromisos asumidos en la investidura de Pedro Sánchez a su apoyo a los Presupuestos, lo que ha llevado el Ejecutivo a desconvocar la comisión en la que debería votarse la supresión del tributo eléctrico, prevista para este jueves. También hay desencuentros para la conversión en permanente del impuesto a las energéticas. Este miércoles por la tarde se celebró una reunión entre el Gobierno y los socios para intentar acercar posturas que se saldó sin avances.

Violeta Ruiz Almendral, una de las expertas que firmó el prolijo documento, de casi 800 páginas, alude a la falta de modificaciones de calado en el IRPF y el IVA para explicar por qué “esto no es una reforma fiscal completa”. Estos dos impuestos “suponen con mucha diferencia la mayor parte de la recaudación, por lo que una reforma tributaria real debe plantear cambios en ambos, con el objetivo añadido de intentar interconectarlos”. Es una crítica que comparte Julio López Laborda, otro de los sabios: “Se debería haber examinado cada impuesto y las relaciones entre ellos para dar más coherencia al sistema fiscal en su conjunto y ampliar las bases”. Como nada de esto se ha hecho, el economista concluye que la relación con el Libro Blanco es “mínima, prácticamente inexistente”. Y añade: ”Se han hecho pequeños retoques, pero no de manera sistemática. No puede decirse ni por ambición ni por resultados que sea una reforma fiscal”.

Para Olga Cantó, otra de las expertas, el paquete fiscal no aborda la integración del IRPF y las prestaciones sociales, “crucial para aumentar el take-up [el alcance] del ingreso mínimo vital y del complemento para la infancia”. Tampoco, la conversión del mínimo familiar en un impuesto negativo, “y esto sigue siendo de una inequidad manifiesta”. Además, continúa, “no se plantea eliminar reducciones del IVA completamente injustificadas, como el 10% de la hostelería y otros servicios turísticos con los que podríamos recaudar cantidades ingentes de dinero para hacer políticas sociales urgentes”. De la misma manera que, pese al alza para las rentas del capital en el IRPF, se mantengan muy bajo los tipos que afectan al capital improductivo, como los alquileres. Todo ello, sumado a que no se plantean otra serie de cambios como el rediseño de los impuestos de sucesiones, hace que no se pueda hablar de reforma.

Guillem López Casasnovas, otro miembro del comité, tampoco cree que el paquete aprobado sea una “reforma al completo”, pero destaca que “hay varias medidas que coinciden con las propuestas de Libro Blanco”, sobre todo en la fiscalidad corporativa, como los incentivos aprobados para el aumento de los fondos propios de las empresas y la reducción del impuesto de sociedades para las pequeñas compañías. “Lo que no cuadra es la fiscalidad de los hidrocarburos [en referencia a la subida del diésel], que continuamos dilatando, pero lo puedo entender por el temor a la subida de la inflación”.

Impuestos verdes

La fiscalidad medioambiental es uno de los grandes retos pendientes del sistema tributario español. El Libro Blanco presenta una amplia batería de propuestas en este ámbito, desde la ya mencionada subida del diésel —que ahora se beneficia de un incentivo fiscal con respecto a la gasolina— a la introducción de un impuesto a los billetes de avión y, en general, una subida de la tributación cuánto más se contamine. Este capítulo podría brindar hasta 15.000 millones más en recaudación, según los cálculos hechos en 2022, además de favorecer la electrificación y crear incentivos para la transición. Cantó insiste en la importancia de ligar entre sí todas las figuras fiscales y recuerda que “la universalización del IRPF será crucial para abordar la transición energética y climática con compensaciones a los más humildes”.

Xavier Labandeira, catedrático de la Universidad de Vigo, especialista en políticas ambientales y miembro del comité, se posiciona de la misma forma. “La igualación de la fiscalidad de diésel y gasolina hubiese sido un paso relevante”, considera. También sugiere modificar el impuesto de matriculación para favorecer los vehículos eléctricos, gravar tanto los billetes como los combustibles aéreos —una medida que el Gobierno no comparte, pues acaba de pronunciarse a favor de extender la bonificación a los combustibles de aviones y los barcos en la reunión de ministros de Finanzas de la UE—, y acompañar todas estas medidas, muchas de corte regresivo, con compensaciones directas a los menos pudientes, tal y como apunta el Libro Blanco.

También defiende la supresión del impuesto a la producción eléctrica, que han propuesto Junts y PP y era una de las ideas del Libro Blanco, pues sostiene que favorecería la electrificación. En todo caso, considera que esa supresión debe ser introducida a la vez que se elevan otros impuestos ambientales para compensar pérdidas recaudatorias y efectos regresivos —”la supresión sería una medida progresiva”, explica—, tal y como también contempla el Libro Blanco. Respecto a las medidas tributarias recién aprobadas, considera que “claramente, no se cumplen las condiciones para poder hablar de una reforma fiscal”. “No se trata de un paquete que busque modificar el sistema fiscal con una visión integral y previsible, tal y como defendía el Libro Blanco, ni implica un volumen de recursos importantes”, señala.

“La gran área de desarrollo futuro, que es la tributación medioambiental, no se toca. Tampoco se dice nada del IVA, en el que hay mucho que hacer, y poco del IRPF, los dos impuestos más importantes del sistema. Por no hablar de la imposición patrimonial, que es obsoleta. No se han abordado los grandes problemas. Echo en falta todo. Está claro que no es una reforma fiscal y no es la implementación del Libro Blanco. Es un paquete fiscal con un claro interés recaudatorio”, zanja otra experta.