La vicepresidenta Aagesen sitúa a Groizard como secretario de Estado de Energía y mantiene a Morán en Medio Ambiente

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el nombramiento de Joan Groizard, hasta ahora al frente del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) como secretario de Estado de Energía, el cargo que hasta este lunes ocupaba la nueva vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. El hasta ahora secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de la máxima confianza de la ya designada número dos de la Comisión Europea, Teresa Ribera, continuará en el cargo.

Con el nombramiento de Groizard (Palma de Mallorca, 1989) y el mantenimiento de Morán (Campomanes, Asturias, 1963), Aagesen se asegura continuidad en un ministerio históricamente al sobresalto permanente y al baile de nombres. También en las políticas llevadas a cabo en la etapa Ribera: ambos tienen un perfil claramente verde.

Groizard asumirá como mano derecha de la vicepresidenta para asuntos energéticos tras un lustro al frente del IDAE, una entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico encargada tanto de la gestión de ayudas para acelerar el despegue de las renovables como de la financiación de proyectos innovadores en ese ámbito. Su perfil, muy progresista, es técnico y político casi a partes iguales.

Ingeniero en Energía y Medio Ambiente por la Universidad de Cambridge (Reino Unido), trabajó primero como consultor y en la promoción y desarrollo de proyectos eólicos y fotovoltaicos. Aterrizó en la arena política en el verano de 2015, al asumir como director general de Energía y Cambio Climático de Islas Baleares en tiempos de Francina Armengol. En noviembre de 2018 aterrizó en el IDAE como jefe de Energías Renovables y Mercado Eléctrico, apenas un año después asumió las riendas del Instituto. Ahora, con 35 años, se convierte en uno de los secretarios de Estado más jóvenes del Gobierno.

Gran defensor de la electrificación y del coche propulsado por baterías —”un mundo descarbonizado es un mundo en el que todos los usos que se pueden electrificar de forma eficiente son eléctricos”, decía en febrero en una entrevista con EL PAÍS—, hereda importantes retos para los próximos años. El primero, y quizá más importante, será la adaptación de las redes eléctricas al nuevo panorama energético, mucho más descentralizado y en el que el peso de las renovables ha crecido exponencialmente. También la mejora de su retribución, algo que tanto Red Eléctrica de España (REE, encargada de las infraestructuras de alta tensión) como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP (media y baja tensión) llevan tiempo reclamando. Las eléctricas también llaman a eliminar el tope de inversión anual en redes, actualmente ligado al PIB.

Hay más frentes abiertos con el sector. El impuesto a las energéticas, que el Gobierno y sus socios han pactado prolongar pero cuyos detalles (sobre todo, las deducciones por inversiones verdes) aún están pendientes de negociación, ha abierto un importante frente de disputa. También la nuclear, con algunas voces pidiendo la prórroga de las centrales: si continúa el calendario actual —previamente pactado con las eléctricas y que el Ejecutivo no parece tener intención de variarlo— el último reactor cerraría en 2035. Queda pendiente, además, la definición de los mecanismos de capacidad auspiciados por Bruselas, llamados a garantizar una retribución razonable a las fuentes de electricidad clave para evitar interrupciones de suministro. Entre ellos, las baterías, las centrales hidráulicas de bombeo y los ciclos combinados de gas natural. El último cabo suelto es el nombramiento del presidente o presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), recientemente recuperada.

Al frente del IDAE, el reemplazo de Groizard será Miguel Rodrigo, hasta ahora responsable del departamento de Conocimiento, Desarrollo de Nuevos Modelos de Negocio y Competitividad de este mismo instituto.

Hugo Morán

Al frente de la pata medioambiental más clásica seguirá Hugo Morán. Está al frente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente desde 2018, cuando fue elegido por Teresa Ribera para ese cargo, y es miembro del PSOE. Ha formado parte de la ejecutiva de los socialistas y ha estado ligado al área medioambiental y de transición ecológica dentro de su partido, desde donde dio el salto al ministerio. Además, ha desarrollo varios cargos en el nivel local y autonómico en el Principado de Asturias.

En las últimas semanas, Morán se ha visto obligado a bregar con las acusaciones del PP por la gestión de la mortífera dana en Valencia. De su departamento depende tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Ambos entes deben transmitir la información adecuada para que se puedan adoptar las alertas ante fenómenos extremos y los populares han intentado trasladar las culpas a estos dos entes en casos como el del barranco del Poyo.

El replanteamiento de las alertas ante episodios como esa destructiva gota fría o como las olas de calor y frío en un contexto de cambio climático será uno de los retos que deberá afrontar este departamento en los próximos meses. Además, también se deberán seguir desarrollando las políticas de aguas con un foco importante en la depuración de las aguas residuales, una asignatura pendiente en España y que ha hecho que a Comisión Europea tenga en el punto de mira al país. La deficiente depuración ha hecho que España haya recibido la mayor multa europea impuesta a España en toda la historia.

Del área de Medio Ambiente del ministerio también depende el desarrollo y declaración de nuevas áreas protegidas. Y hay en especial en el radar de este departamento: el parque nacional en las aguas de la isla canaria de El Hierro, cuyo proceso de declaración se inició en julio pero que tiene que superar todavía algunas reticencias de determinados sectores locales para que pueda salir adelante. Y también en el apartado de asuntos pendiente complicados está el cambio de modelo de reciclaje de las botellas de plástico que tendrá que operarse en España tras la constatación del fracaso del actual sistema, basado en los contenedores amarillos.