Objetivo: salvar el Estado del bienestar

Dos generaciones se sientan a la mesa. Antonio Méndez, un jubilado zaragozano de 78 años, refleja en el rostro la tranquilidad que supone ver cubiertas todas sus necesidades básicas tras una vida de trabajo. Frente a él, su nieta Laura Garrido, que a sus 25 años convive entre la incertidumbre y la esperanza: teme que el futuro no le ofrezca ese grado de estabilidad. Compagina su trabajo en un establecimiento comercial con la oposición de educadora infantil. Cobra algo más del salario mínimo, por lo que solo ha podido independizarse gracias a la ayuda de su abuelo, que percibe la prestación máx...

Dos generaciones se sientan a la mesa. Antonio Méndez, un jubilado zaragozano de 78 años, refleja en el rostro la tranquilidad que supone ver cubiertas todas sus necesidades básicas tras una vida de trabajo. Frente a él, su nieta Laura Garrido, que a sus 25 años convive entre la incertidumbre y la esperanza: teme que el futuro no le ofrezca ese grado de estabilidad. Compagina su trabajo en un establecimiento comercial con la oposición de educadora infantil. Cobra algo más del salario mínimo, por lo que solo ha podido independizarse gracias a la ayuda de su abuelo, que percibe la prestación máxima, actualizada a la inflación. El futuro “pinta feo”, dice resignada. “Creo que sí nos podremos jubilar, pero veo imposible que tengamos pensiones como las de hoy”. Este contraste de expectativas entre abuelo y nieta pone sobre el tapete un debate de calado que coge fuerza a medida que pasan los años y crece la tensión fiscal de los países. ¿Ha tocado techo el Estado del bienestar? ¿Puede el sistema seguir sosteniéndose y ofreciendo las mismas garantías?

En las respuestas hay espacio para la duda y argumentos de sobra para el recelo. Los países asumen nuevas obligaciones derivadas de la transición verde mientras los tambores de guerra redoblan la presión para incrementar los gastos en defensa. Todo ello en un contexto en el que la vuelta de las reglas fiscales obliga a los socios comunitarios a vigilar con mano de hierro sus déficits y a prescindir del comodín del endeudamiento. España, además, va reduciendo poco a poco su brecha recaudatoria con la Unión Europea, por lo que el margen fiscal se va agotando. Al mismo tiempo, el desembolso en pensiones y dependencia crece irremediablemente al calor del aumento de la esperanza de vida y la jubilación de la pobladísima generación del baby boom. Todos estos mimbres ponen el futuro del Estado del bienestar contra las cuerdas y obligan a tomar medidas. “No puede ser que los jóvenes hayan perdido la confianza y piensen que no van a tener pensiones”, alerta Elisa Chuliá, investigadora de Funcas.

El concepto del Estado del bienestar y su alcance no tiene una definición estática y absoluta. “Depende exclusivamente de cuánto queramos gastar como porcentaje de nuestro PIB. Y no hay una cifra mágica, sino que la marcamos como sociedad”, explica José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea. El problema, prosigue Toni Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), es el “creciente tensionamiento” de las capacidades fiscales de los Estados por la crisis climática, el envejecimiento y las presiones geopolíticas, un cóctel que “pone en riesgo la viabilidad del sistema tal y como lo conocemos”. Es un fenómeno que sucede en más países y regiones, añade Chuliá, pero como Europa ha convertido al Estado del bienestar en un rasgo característico, “el debate ya es incluso de identidad”. Esto, al menos, abre una ventana de oportunidad para propiciar el intercambio de ideas e impulsar una serie de modificaciones.

Antes de nada, hay que entender la magnitud del fenómeno. España se encuentra tradicionalmente por debajo de la eurozona en gasto sobre el PIB en todas las partidas tradicionales del Estado del bienestar, según los datos de la oficina estadística europea, Eurostat. En sanidad, la media de los países que comparten moneda se situó en 2022 en el 7,9% del PIB, un punto porcentual por encima de España. En educación, la brecha fue algo menor: 4,6% frente a 4,4% del PIB. La misma tónica se registró en vivienda, en protección social y en el resto de servicios generales. Es una tendencia que se repite en la serie histórica. Por eso, en un contexto en el que el crecimiento económico se va moderando, en el que hay que corregir el déficit y en el que los Estados tienen nuevas obligaciones, la única alternativa si se quieren mantener o aumentar estos porcentajes es tirar de nuevas fuentes de ingresos.

Lo mismo sucede con el envejecimiento poblacional, el “gran reto” de cualquier modelo del bienestar, tal y como recalca María Josefa Rubio Lara, profesora titular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Según las previsiones de la autoridad fiscal (Airef), España alcanzará los 50,3 millones de habitantes en 2050, llevando el gasto sanitario y el gasto en pensiones hasta el 8,4% y el 16,3% del PIB, respectivamente.

Llegados a este punto, “la viabilidad del Estado del bienestar es una cuestión meramente política”, apunta Berna León, director gerente del centro de estudios Future Policy Lab. Por ahora, añade, parece que la sociedad española aboga por mantener intactos sus pilares, sus prestaciones y su esencia. Lo mismo cree Rubio Lara, quien recuerda que las políticas públicas siguen siendo útiles para sortear los riesgos socioeconómicos. El Estado del bienestar en Europa, explica, “se desarrolló como respuesta al atractivo que podía generar el bloque soviético, pero también por una revisión de la economía clásica ante la necesidad de que los Estados pudieran brindar protección a la ciudadanía”. Hoy, esa política de bloques que dividía al mundo entre capitalismo y socialismo ya no existe, pero sí continúa habiendo conmociones y sacudidas, ya sea en forma de crisis financiera, de pandemia o de inflación.

Esto obliga, coinciden todos los expertos, a tomar decisiones: “Si queremos gastar tanto o más que ahora y a la vez corregir el déficit no queda otra que aumentar los ingresos”, resume Conde-Ruiz. Las soluciones son variopintas. Unas voces apuntan a cuestiones como la productividad y el envejecimiento, mientras que otras ponen el foco en cómo conseguir más músculo financiero y en afianzar las políticas fiscales que sufragan las capacidades del Estado.

¿De dónde se saca más dinero?

El primer paso para entender si son necesarios más ingresos pasa por definir cuál es el tope del sistema del bienestar. En opinión de Iñigo Macías, responsable de investigaciones de Oxfam Intermón, las sociedades piden cada vez más prestaciones y servicios al Estado, “por lo que no sería correcto pensar que el modelo ha tocado techo, puesto que estamos ampliándolo y haciéndolo más alto”. Es decir, hay más necesidades de gasto en un momento en el que “el corsé se va apretando”. Esta situación, continúa, tiene su riesgo, pero también abre una ventana de oportunidad “interesante”, puesto que se empiezan a poner sobre la mesa cuestiones que hace años habrían sido impensables.

Macías se refiere principalmente a la nueva imposición a la riqueza vía renta y patrimonio, a los gravámenes sobre los beneficios empresariales extraordinarios o al mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades, medidas que “nos recuerdan que el debate sobre el futuro del Estado del bienestar debe ir acompañado de otro que nos lleve a decidir cómo lo financiamos”. A medida que la discusión vaya cogiendo forma y las contradicciones se agudicen, añade, “quizá algún día, en la discusión sobre las reglas fiscales, se empiece a hablar de umbrales mínimos recaudatorios o de una armonización fiscal dentro de la UE”.

Pero hay más aristas. Para Matilde Mas, investigadora en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), el gran reto es reducir el paro y, sobre todo, mejorar la productividad. “Solo así podremos aumentar los salarios para tener más cotizaciones y recaudar más”. Es decir, sea cual sea la definición del Estado del bienestar, y sean cuales sean sus límites, “necesitamos más renta per cápita para poder redistribuirla, y eso solo se consigue con más productividad”. Si se tira la toalla en esto “tendremos un problema, porque nos quedamos sin balas”.

La frustración de los jóvenes

Ben Lambert y Elena Sanz tienen 32 y 33 años, respectivamente. Son pareja desde hace tiempo y viven de alquiler en el centro de Madrid sin grandes apuros económicos. Desde hace unos meses se plantean comprar una casa por la zona y ronda por sus cabezas la posibilidad de tener un hijo, aunque no están seguros de dar este último paso por las dificultades que prevén a la hora de conciliar, por unos ingresos que, con un bebé, serían insuficientes, y por las pocas ayudas que, creen, tendrán. “Sabemos que en nuestra zona es muy difícil encontrar plaza en guarderías públicas”, explica Sanz. Ella, al igual que la joven Laura Garrido, cree que el sistema actual se “ha olvidado de nosotros mientras sigue premiando a los mayores”.

En España, la riqueza se mide por el inmobiliario. A finales de los ochenta, bastaban tres años de salario íntegro para poder comprarse una vivienda. Ahora, son necesarios más de siete. Y si hace dos décadas los menores de 35 años tenían una riqueza media de 108.000 euros, ahora no llegan a los 70.000, según la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España.

La brecha generacional y la sensación de desamparo que manifiesta la juventud es una de las tareas pendientes que encara esta reconversión del modelo. “Hay una frustración creciente entre los jóvenes, que sienten que el Estado del bienestar no les protege o no les arropa”, apunta León. Esto, junto a la guerra generacional que puede agravarse por esa percepción de abandono, “es más peligroso para la supervivencia del sistema que las tensiones demográficas”, añade. Este experto aboga por llevar a cabo ciertas medidas que contribuyan a la solidaridad intergeneracional, como limitar algunas ayudas y la revalorización de ciertas pensiones, pero siempre en función de la renta y no de la edad. El objetivo es “no subvencionar a jubilados que tienen dos casas alquiladas a jóvenes de clase baja y tienen más que asegurado su nivel de vida”, explica a modo de ejemplo.

Todo esto, insiste Rubio Lara, “no quiere decir que haya que descuidar políticas tradicionales” como la sanidad o la cobertura a la vejez. El reto, añade la profesora, es dar una respuesta adecuada a la desregulación del empleo actual, la cual ha dado paso a un nuevo escenario en el que el mercado de trabajo se caracteriza por la inestabilidad y la precariedad, a diferencia de lo que sucedía en pleno apogeo del sistema del bienestar.

Según los últimos datos del supervisor, cuando se analizan los ingresos y no la riqueza, las diferencias entre jóvenes y mayores no son tan abultadas. En 2020, por debajo de los 35 años, la renta media se quedó en los 31.000 euros anuales, por encima de los 27.000 de los mayores de 75 años. Por eso, “el problema no es la revalorización de las pensiones, sino la precariedad laboral y salarial de los jóvenes”, señala León.

Esto no quita que para un sector de los economistas haya que “revisar ya el sistema de pensiones”, recuerda Conde-Ruiz. “Es innegable que una parte del gasto público tiene que aumentar para cubrir las necesidades asociadas al envejecimiento, pero ¿está justificado que crezca más porque no se reforma el sistema?”, se pregunta. No hay una regla irrefutable sobre lo que se debe hacer, “pero es un debate que tenemos que tener como sociedad para atajar esta brecha intergeneracional”. Tanto Conde-Ruiz como Mas rescatan en este punto el concepto de longevidad. Y recuerdan que, quizá, sería lógico ajustar el sistema a la nueva esperanza de vida. “Envejecimiento significa gasto, pero longevidad puede implicar más ingresos”, resume la investigadora del Ivie. Todo rediseño en esta materia, puntualiza Chuliá, debe hacerse con tiempo y teniendo siempre en cuenta las diferencias de oportunidad de unas generaciones y otras: “Si alguien se merece tener una buena jubilación, esos son los pensionistas de hoy. Muchos nacieron en los años de posguerra, en una época difícil”.

Hacia un nuevo modelo

“Tenemos por delante un reto estructural evidente de aumento de gasto, pero, por suerte, el Estado del bienestar tiene una dimensión más a largo plazo”. Con estas palabras, Roldán insiste en que el sistema no es ni inerte ni inmutable, por lo que es susceptible de evolucionar y convertirse en más personalizado y eficiente y, en consecuencia, sostenible. “Estamos en un momento de transición tecnológica que nos puede permitir destapar potenciales de productividad y eficiencia enormes. Es el reto de nuestra generación”, explica.

Para armar este argumento, Roldán recuerda que los avances tecnológicos y digitales pueden propiciar un aumento de la productividad que redunde en mayores ingresos y menores costes. Para ello, tanto León como Más recuerdan que se tiene que apostar como país por sectores de mayor valor añadido, y que el Estado vertebre con un objetivo claro esa transformación sostenible y coordinada de la economía. Pero hay otros elementos relevantes, como la eficiencia y la personalización de las políticas sociales. “Hay una revolución de datos y de técnicas de evaluación que pueden eliminar gastos superfluos y concentrar las actuaciones del Estado del bienestar en los sectores de la población y en las partidas más importantes”, resume Roldán.

El modelo, recalca Rubio Lara, ha venido modificándose con ahínco desde los años ochenta y noventa del siglo pasado. “Está sometido a cambios constantes por la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias sociales, económicas y políticas”. Es posible que este desafío sea hoy más pronunciado dadas las tensiones demográficas y fiscales recientes, pero el sistema solo adolece “de soluciones técnicas y políticas factibles de alcanzar, no de legitimidad social”.

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