Vivienda da la luz verde definitiva al control de precios de alquiler en Cataluña

El control de precios de alquiler en Cataluña es inminente. Fuentes del Ministerio de Vivienda señalan que del departamento que dirige Isabel Rodríguez han salido este jueves las dos órdenes ministeriales que lo harán posible. Una es la que pone en marcha el sistema de precios de referencia,...

El control de precios de alquiler en Cataluña es inminente. Fuentes del Ministerio de Vivienda señalan que del departamento que dirige Isabel Rodríguez han salido este jueves las dos órdenes ministeriales que lo harán posible. Una es la que pone en marcha el sistema de precios de referencia, del que ya se preveía su publicación en el BOE este viernes. Y finalmente, confirman dichas fuentes, este irá acompañado de la declaración de área tensionada que engloba, tal y como pidió la Generalitat, a 140 municipios de Cataluña. Si se cumplen los plazos previstos, los topes a las rentas echarán a andar el sábado, un día después de su aparición en el boletín oficial.

A modo de preludio, este mismo jueves ha sido publicada en el DOGC, el diario oficial de la Generalitat, una modificación de la resolución por la que declararon el área tensionada. Esta era necesaria para solventar algunos errores y que se pudiera rebajar, conforme a los requisitos que estipula la ley estatal de Vivienda, la definición de gran tenedor (una categoría clave en la nueva legislación) a quienes poseen al menos cinco casas. La orden ministerial de Vivienda, firmada por el secretario de Estado, David Lucas, simplemente dará cotejo a esa publicación.

La ley de vivienda, aprobada el pasado mayo, fue muy complicada de negociar precisamente por las diferentes posturas en torno a los topes de renta. Estos se circunscriben a las denominadas áreas tensionadas de precios y su declaración es competencia de las comunidades autónomas, por lo que de momento solo se aplicarán en Cataluña. Pero aprobada la ley, faltaba el sistema de referencia para restringir los precios, un paso que, convocatoria electoral y formación de nuevo gobierno mediante, se prolongó hasta finales del pasado febrero. Y también entre tensiones entre Cataluña y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, e incluso entre los propios socios de gobierno.

Prueba de ello es que, al presentarse el sistema, el Gobierno dio un plazo de consulta pública. Cuando este finalizó, el pasado martes, el ministerio tuvo que retrasar unos días la publicación en el BOE para ver si finalmente habían entrado objeciones también por la vía autonómica. Y así fue: llegaron, por ejemplo, desde Cataluña y Madrid. En total se recibieron seis, todas ellas descartadas, y detrás hay desde ciudadanos particulares hasta Asval, la asociación de propietarios de vivienda de alquiler a la que pertenecen algunos fondos y empresas que gestionan miles de arrendamientos en España, según las citadas fuentes. Pero la más llamativa llegó de Sumar, que planteó hasta una docena de objeciones al índice. Este ha sido contestado en Cataluña y por los sindicatos de inquilinos por contemplar una horquilla y no un único importe, algo que creen que hará que los caseros se acojan al rango más elevado.

Segundo intento

Esta será la segunda vez que se ensaya un control de precios en España en los últimos años. La primera acabó mal porque se circunscribía a Cataluña y se basaba en una norma autonómica que, según dictaminó el Tribunal Constitucional, invadía competencias estatales. Esta vez también se hará solo en territorio catalán porque de momento es la única comunidad que lo ha pedido (Vivienda sostiene que extraoficialmente también han mostrado interés Asturias y Navarra). Pero contará con la cobertura de la ley estatal, sobre la que también penden varios recursos de inconstitucionalidad. También será más amplia: en el primer intento que se hizo en Cataluña los controles englobaban a 60 municipios, un número que había crecido hasta 77 que lo habían solicitado en el momento en que llegó la declaración de inconstitucionalidad.

Los topes se aplicarán ahora en los 140 municipios del área tensionada y operarán de manera distinta en función del propietario de la vivienda. De entrada, no altera los contratos vigentes, que siguen su curso hasta finalizar. Pero en las renovaciones o en los nuevos contratos que se firmen, el precio quedará congelado por lo que marcara el anterior contrato. Para grandes tenedores (los que tienen cinco viviendas en el área tensionada o más de 10 fuera de esta), no basta además con esa limitación. Si el sistema de precios de referencia arroja un importe inferior, no podrán sobrepasarlo. Y lo mismo pasa con pisos que no hayan estado alquilados en los cinco años anteriores, que deberán atenerse al índice oficial tanto si son de un gran propietario como de un particular con una sola vivienda.

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