Las comunidades autónomas reducen su deuda a los niveles prepandemia

Las cuentas públicas están intentando dejar atrás los excesos presupuestarios causados por la pandemia. Pero la losa es pesada y los márgenes para ajustes son limitados, con la economía desacelerándose, los costes de financiación al alza y la incertidumbre que sigue elevada por la guerra en Ucrania. El Banco de España ha confirmado este viernes que la deuda del conjunto de las Administraciones terminó 2022 en el 113,2% del PIB, inferior al pronóstico del Gobie...

Las cuentas públicas están intentando dejar atrás los excesos presupuestarios causados por la pandemia. Pero la losa es pesada y los márgenes para ajustes son limitados, con la economía desacelerándose, los costes de financiación al alza y la incertidumbre que sigue elevada por la guerra en Ucrania. El Banco de España ha confirmado este viernes que la deuda del conjunto de las Administraciones terminó 2022 en el 113,2% del PIB, inferior al pronóstico del Gobierno (115,2%) y 5,1 puntos por debajo de la marca de 2021, aunque lejos de los datos prepandemia. Las comunidades, en cambio, redujeron la ratio hasta niveles precovid, situándola en el 23,9% del PIB, solo dos décimas por encima del porcentaje de 2019. También la Seguridad Social y las entidades locales rebajaron su tasa de pasivo. En todos los casos, gracias al vigoroso crecimiento económico —un 5,5% en 2022— y el efecto de la inflación.

La caída media para las comunidades ha sido de 3,3 puntos desde 2019. Su deuda había subido hasta el 27,2% del PIB en 2020, un máximo histórico, con la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha a la cabeza (48,5% y 39%, respectivamente). La mejora de la actividad y las transferencias extraordinarias que el Estado concedió a las autonomías durante la pandemia han sido clave para que el desfase no fuera a más. Sin embargo, hay enormes disparidades entre territorios. La ratio de deuda variaba al cierre de 2022 desde el 13,7% del País Vasco o el 13,9% de Canarias hasta el 44,4% de la Comunidad Valenciana y el 33,4% de Cataluña y Castilla-La Mancha.

Covid aparte, las comunidades siempre han sido el alumno rezagado de las Administraciones en términos de disciplina fiscal y le han caído críticas por su escasa corresponsabilidad fiscal. España es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que más ha incrementado la deuda regional desde el estallido de la crisis financiera, del 5,8% de 2007 al 23,9% de 2022. En 2019, solo Canadá presentaba cifras superiores, según un reciente estudio de Funcas. Casi la mitad de este aumento se concentró en Cataluña y Comunidad Valenciana. Hasta Bruselas afeó en repetidas ocasiones al Gobierno que no fuera capaz de embridar los números rojos de los Gobiernos regionales.

Hay que matizar que las autonomías administran los servicios públicos básicos —salud, educación y servicios sociales—, que presionan constantemente al alza, máxime con la pandemia. Como sus ingresos son sensibles al ciclo económico, en las crisis han generado déficits, excepto cuando han recibido ayudas del gobierno, como sucedió en 2020 y 2021. Pero la reducción de estas en 2022 ha hecho reaparecer el déficit porque parte de los aumentos de gasto -sobre todo en sanidad- permanecen. Francisco Pérez, director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), añade que las diferencias de déficit y de deuda entre autonomías también se deben a los distintos niveles de ingresos resultantes del sistema de financiación. Comunidades como la valenciana o Murcia, pero también Andalucía o Castilla-La Mancha, reciben menos recursos con respecto a sus necesidades de gasto, lo que las ha llevado a endeudarse más para garantizar unos mismos niveles de servicios. “En España no hay un Estado de bienestar, hay varios por las diferencias tan grandes que existen entre comunidades”, opina. “Mientras no se ponga una solución, se irán acumulando lastres de endeudamiento e inequidad”.

Cuando la prima de riesgo de España se disparó hace una década, el Tesoro diseñó unas líneas de financiación baratas para que las autonomías se financiaran a costes más bajos que los de mercado. Por eso, el grueso de su pasivo está ahora en manos del Estado. En los últimos años se habló de desmantelarlas, pero la reciente subida de los tipos de interés pone en duda la decisión.

“Durante la pandemia el Gobierno central actuó a modo de paraguas financiero, adelantando recursos y creando fondos extraordinarios. Pero las condiciones están cambiando”, señala el informe de Funcas, elaborado por el catedrático de la Universidad de Vigo Santiago Lago. “La finalización de los programas de compra de deuda por parte del BCE, el regreso de las reglas fiscales y la subida de los tipos de interés configuran una situación en la que la vuelta de algunas comunidades autónomas a los mercados estaría sujeta a costes financieros y primas de riesgo prohibitivas”.

Tipos de interés

La ratio de deuda sobre el PIB de todas las Administraciones lleva dos años bajando, pero sigue muy lejos del 98,2% de la época prepandemia. En términos absolutos, además, ha aumentado en más de 75.000 millones hasta un nuevo máximo histórico de 1,5 billones. Lo mismo ha ocurrido con el pasivo autonómico, que se ha elevado hasta un récord de 316.937 millones. También la Seguridad Social, con una tasa de endeudamiento del 8% al cierre del pasado ejercicio, y las entidades locales (1,7%), han visto incrementar sus compromisos en millones de euros.

“La ratio de deuda desciende porque crece el denominador, que es el PIB, pero el volumen de deuda aumenta en 75.000 millones en un solo año por un déficit que sigue elevado [del 4,8% del PIB]. Es un incremento muy alto en comparación histórica y me parece preocupante”, alerta María Jesús Fernández, de Funcas. De hecho, hay que remontarse a 2013 —sin contar la pandemia— para encontrar una subida superior.

Otro foco de preocupación es el giro de 360 grados en la política monetaria del Banco Central Europeo, que con el repunte de la inflación agravado por la guerra en Ucrania ha puesto fin a una década de dinero ultrabarato. El año pasado, el Eurobanco dio por zanjado su programa de compras netas de deuda y ha emprendido una brusca subida de los tipos de interés.

España había aprovechado en el pasado la coyuntura de tipos bajos para ampliar la vida media de la deuda, lo que reduce la presión generada por el incremento de tipos. En 2022, el coste medio del endeudamiento del Estado se mantuvo casi inalterado, con un aumento por el pago de los intereses de la deuda de unos 5.000 millones.

“Pero lo que se podía lograr por el alargamiento de la vida media de la deuda ya se ha exprimido, ahora estamos en un contexto de giro abrupto en la política monetaria y los mercados están muy nerviosos”, añade Fernández. Para 2024, calcula que el coste por los intereses de la deuda habrá subido a 40.000 millones. “Y nada nos asegura que haya algún terremoto y los inversores corran hacia activos seguros y a países con cuentas más saneadas que España, disparando la prima de riesgo. La economía va a crecer menos y lo único que el Estado puede hacer para evitar riesgos es empezar a hacer ajustes”.

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