Una juez investiga retrasos intencionados para diagnosticar silicosis a operarios de Cosentino

“La primera vez que me diagnosticaron silicosis fue directamente complicada, de grado B, trabajaba ya con el 35% de los dos pulmones. Solo seis meses antes, el médico de Quirón me había dicho que estaba espectacular, limpio, perfecto. ¿Qué falló? La mutua, Cosentino, Quirón o la mala intenció...

“La primera vez que me diagnosticaron silicosis fue directamente complicada, de grado B, trabajaba ya con el 35% de los dos pulmones. Solo seis meses antes, el médico de Quirón me había dicho que estaba espectacular, limpio, perfecto. ¿Qué falló? La mutua, Cosentino, Quirón o la mala intención, porque una silicosis no se coge en medio año. ¿Por qué no me sacaron de ahí? Encima el médico de Cosentino me decía que tenía que hacer mucho deporte, a pesar de que me asfixiaba. Pienso que podía estar provocando un infarto y así ya el pulmón desaparecía como problema”. Francisco García pasó 22 años en las tripas del gigante almeriense Cosentino, elaborando encimeras de cocina, hasta que hace cinco años sus pulmones dijeron basta.

Este operario calibrador ha denunciado, junto a otros cuatro excompañeros, una supuesta mala praxis para retrasar su diagnóstico por silicosis de manera intencionada y retenerlos en sus puestos en la multinacional andaluza, con 5.425 empleados en todo el mundo. La dolencia de la que padece se desarrolla cuando los trabajadores aspiran sílice cristalino. El tejido pulmonar reacciona desarrollando nódulos fibróticos y produciendo cicatrices alrededor de las partículas de sílice atrapadas.

La juez Ángeles Carreño, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Huercal-Overa de Almería, investiga esos supuestos errores clínicos intencionados. “El médico se reía de mí y tengo audios grabados con su risa. Hasta que le dije que lo iba a inhabilitar, y entonces se le cambió la cara. Cojo dos garrafas de agua y tengo que soltarlas porque me asfixio”, relata con acritud García sobre su dolencia avanzada, que es la primera enfermedad profesional en Andalucía.

Un excompañero, que también denunció la dilación de su diagnóstico y pide anonimato, lamenta: “Yo ya tenía nodulillos en los pulmones [primer síntoma de la silicosis], pero los médicos se hacían los tontos y me decían que estaba hecho un cañón. ¿Por qué me lo ocultaron? ¿Por qué no me echaron a la calle y me dejaron vivir? Aunque ahora me indemnice la empresa con mucho dinero, no hay nada que compense, con dos niños pequeños que tengo. Solo veo maldad detrás de esto, es una trama de película. Ahí no miran personas, solo buscan pulmones nuevos y, tras años, los rotan y se quitan los viejos”.

Sobre el lapso de tiempo necesario para adquirir una silicosis complicada, el segundo grado de esta patología laboral que ha rebrotado con fuerza los últimos años, Cristina Martínez, coordinadora del área de enfermedades respiratorias de origen ocupacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, aclara: “Una silicosis complicada no se adquiere en un mes. De no tenerla a tenerla, debe ser una persona con muchísimo riesgo laboral y pasar al menos un periodo mínimo de un año”. Cuando los nódulos superan los 10 milímetros, la silicosis pasa de simple a complicada para los neumólogos.

En el juzgado almeriense, las pesquisas avanzan a ritmo lento tras dos años de instrucción y, entre los investigados, figuran Quirón Prevención y Aspy Prevención, cuyos médicos y profesionales examinaron e hicieron pruebas médicas a los trabajadores de la empresa. De momento, la firma líder del sector de encimeras de cocina no está investigada. “Al no ser diagnosticados a tiempo, los operarios siguieron en sus puestos de trabajo bajo la cobertura de los servicios de vigilancia de la salud en Cosentino para detectar la enfermedad, de ahí la querella”, censura el abogado Raúl Carballedo.

Los operarios fueron diagnosticados por las mutuas contratadas por la multinacional y luego derivados al sistema público de salud andaluz, por lo que la empresa Mutua Universal no abonó sus tratamientos médicos. Y esa es la tónica general en España: de los 4.809 procesos asistenciales registrados entre 1997 y 2020 con la silicosis como diagnóstico principal, las mutuas solo asumieron la financiación del 6,8% de los casos en pacientes treintañeros y el 1,8% en operarios de entre 40 y 49 años, según demuestra una investigación para el Ministerio de Sanidad del catedrático de Historia de la Ciencia Alfredo Menéndez, de la Universidad de Granada, y la socióloga Catherine Cavalin, del Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS) en París.

Ambos investigadores han peinado el histórico de casos de silicosis atendidos por el Sistema Nacional de Salud esos 23 años para evidenciar que la inmensa mayoría de enfermedades adquiridas en el entorno laboral no son financiadas por las mutuas. “La clave son las mutuas, porque son juez y parte, al ser los responsables del reconocimiento de los casos a la vez que del pago de las prestaciones. Respecto a las enfermedades profesionales, sus funciones de alerta fallan de manera estrepitosa. Y desde el punto de vista asistencial, la mayor parte de sus centros están orientados a los procesos traumatológicos, no a las enfermedades laborales”, censura Menéndez.

La asociación Aspa, que reúne a las 18 mutuas y cubre a casi todos los trabajadores del país ―17,5 millones―, echa balones fuera. “La silicosis puede derivar en cánceres de pulmón y poco podemos ayudar en asistencia sanitaria, no tenemos medios para atender los problemas oncológicos y no los podríamos resolver”, alega su director, Pedro Pablo Sanz, que cada año gestiona 16.000 millones. Menéndez responde que “resulta sorprendente que la atención no sea financiada por las mutuas dado el carácter cancerígeno de la sílice y que muchos de esos casos deberían ser considerados enfermedad profesional. Para las mutuas, el cáncer laboral es inexistente”.

La clave está en que el Sistema Nacional de Salud, universal y financiado mediante impuestos, asume una enorme parte de las enfermedades profesionales que corresponderían al Sistema de Seguridad Social, financiado por las cotizaciones y administrado por las mutuas, y que cubre las lesiones y enfermedades de origen laboral.

Cuando vienen a medir nuestra exposición al polvo, nos prohíben barrer y no se dice la verdad, las mediciones con los aparatos son falsas.

Operario de Consentino

Fernando García Benavides, catedrático de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra, tilda de “escandalosa” la infradeclaración de enfermedades profesionales. “La excusa de que, al tratarse de procesos oncológicos, las mutuas no se pueden hacer cargo, es una falsedad inaceptable”. El bajo reconocimiento de enfermedades profesionales es un problema social y económico que repercute en el bienestar del trabajador afectado y en los presupuestos de los hospitales, alertan los expertos.

El problema económico, aunque está extendido en Europa, es más acuciante en España. En Francia por ejemplo, para compensar el desajuste, la Ley de Financiación de la Seguridad Social prevé una transferencia anual para que la rama de enfermedades profesionales compense en cierta medida la pérdida financiera del régimen general de salud. La última evaluación del Tribunal de Cuentas francés realizada en 2021 fijó esa transferencia entre 1.200 millones y 2.100 millones anuales.

Prevención de riesgos laborales, coja en España

La manipulación del aglomerado de cuarzo es un trabajo de riesgo y una de las medidas de seguridad ignoradas en Cosentino y casi todas las marmolerías del país ha sido el test de ajuste de mascarillas a la cara de cada trabajador, para así evitar la entrada de polvo por nariz y boca. Mientras en España es opcional, la prueba para proteger a los operarios que se impuso en EE UU es ya obligatoria en países como Reino Unido, Italia o Bélgica. “Es una garantía doble: el trabajador va sereno a su puesto porque se sabe protegido y el empresario sabe que no será demandado porque justifica la protección suficiente. Pero en España estamos siempre a la cola de Europa en la cultura de prevención de riesgos laborales”, critica Roderick Pinto, director comercial de la empresa navarra de seguridad y protección laboral Dacar.

Hace casi dos meses, el empresario Francisco Martínez Cosentino admitió haber ocultado que la manipulación de su producto estrella, el aglomerado de cuarzo Silestone, provocó la mayoría de los casos de silicosis entre 2007 y 2019, que afectaron a 1.856 operarios, según datos oficiales. ¿Han mejorado las condiciones laborales para que los operarios de la fábrica principal en Cantoria (Almería) no absorban el polvo de sílice y evitar que aguijonee sus pulmones?

El testimonio de los operarios es sombrío y opuesto al de los dirigentes del gigante empresarial. “La empresa se preocupa y nos da mascarillas y filtros cuando los pedimos, pero el método de limpieza en las prensas [donde se pulen las encimeras] sigue siendo el mismo: seis operarios con mangueras de aire extensible que levantamos mucho polvo. Cuando vienen a medir nuestra exposición al polvo, nos prohíben barrer y no se dice la verdad, las mediciones con los aparatos son falsas. Todo se hace por la rapidez de la producción”, denuncia un operario que exige anonimato. “Mientras, las inspecciones de trabajo siguen viniendo avisadas y el día que llega el inspector nos dicen ‘hoy no entráis en esa máquina’. No está pagado todo el polvo que tragas por 1.800 euros y aún hay muchos trabajadores que desconocen la silicosis”, concluye este trabajador.

Fuentes de la empresa niegan la mayor: “No tenemos conocimiento de discrepancias en los métodos de limpieza y las mediciones de exposición a polvo de sílice cumplen la norma establecida. Además de las mediciones personales, que siempre cubren las ocho horas de trabajo de un turno laboral, se realizan las mediciones ambientales en un punto fijo de la fábrica”. Cosentino destaca que sus máquinas mezcladoras cuentan con equipos de extracción localizada para evacuar gases y de sistemas de renovación de aire.

En paralelo, la ley obliga a que los trabajadores expuestos a agentes cancerígenos dispongan de un máximo de 20 minutos al día para “aseo personal”. A pesar de que el comité de empresa de Cosentino denunció el incumplimiento ante la Inspección de Trabajo hace ya dos años, este sigue sin solucionarse. Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social alegan que no pueden precisar detalles de este caso concreto y no aclaran por qué persiste la omisión. A pesar del riesgo evidente que supone el polvo de sílice, la higiene no parece ser la prioridad.

Amenazas para el 93% del negocio de Cosentino

El 93% del negocio económico y de las ventas de la multinacional Cosentino se hacen en el extranjero ―sobre todo EE UU―, y solo el 7% se lleva a cabo en España. Y los pasos de varios gobiernos como el australiano para frenar el auge de casos de silicosis amenazan ese boyante volumen de ventas de encimeras de cocina, que llevó al gigante almeriense a facturar 1.401 millones en 2021 y, hace meses, a estudiar su salida a Bolsa.

”El Gobierno australiano estudiará la prohibición de importar los aglomerados, incluyendo la consulta a Estados y territorios y otros interesados”, difundió el Ejecutivo hace un mes, tras las quejas de los sindicatos nacionales por el auge de la silicosis. En paralelo, el organismo Safe Work Australia, que vela por la seguridad y salud en el trabajo, elaborará un informe al respecto los próximos seis meses tras otro muy crítico elaborado por el Ministerio de Salud hace dos años, que abogaba por la prohibición del Silestone y productos similares si no mejoraba de manera drástica la seguridad en el trabajo. Australia ha tenido 488 casos de silicosis la última década.

Mientras, la asociación médica Woema, que representa a 500 médicos especialistas de cinco estados en EE UU, recomendó hace un mes a sus gobiernos que impusiera leyes y medidas más drásticas para frenar el auge de casos de silicosis. “Los casos registrados demuestran que el aglomerado es peligroso para los trabajadores”, aclaran fuentes del Departamento de Salud Pública de California.

La gravedad de la epidemia de silicosis en España la explica bien un contraste de datos: en 2019 California, con una población de 39 millones de habitantes, registró seis casos de silicosis por manipulación de aglomerados. Ese mismo año en España, con 47 millones de personas, la cifra se disparó hasta los 303 casos por productos minerales no metálicos, y nueve de cada 10 de esta categoría corresponde a los aglomerados de cuarzo, según cifras oficiales. En 2016 la Comisión Europea cifró en 1,4 millones los trabajadores españoles expuestos a la sílice cristalina, y el segundo país de la lista era Alemania, con 600.000 empleados, menos de la mitad. Hoy el panorama es sombrío: la federación nacional de marmolerías, Fedesmar, estima que el 70% de sus marmolerías tienen uno o varios empleados enfermos de silicosis.

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