Más de 24 millones de españoles han perdido poder adquisitivo en 2022

La historia reciente de los pensionistas y los asalariados, ya sea del sector público o privado, está marcada por la pérdida de poder adquisitivo. La inflación se ha comido parte de su renta, que ahora vale menos que hace un año. Un zarpazo que, además, ocurre por segundo año consecutivo. La teoría dice que las pensiones y los salarios iban a recuperar el terreno perdido este año, pero la guerra de Ucrania y la crisis energética derivada de ella impulsó...

La historia reciente de los pensionistas y los asalariados, ya sea del sector público o privado, está marcada por la pérdida de poder adquisitivo. La inflación se ha comido parte de su renta, que ahora vale menos que hace un año. Un zarpazo que, además, ocurre por segundo año consecutivo. La teoría dice que las pensiones y los salarios iban a recuperar el terreno perdido este año, pero la guerra de Ucrania y la crisis energética derivada de ella impulsó todavía con más fuerza el índice de precios al consumo (IPC) hasta cerrar 2022 con un alza media del 8,4%, según el dato provisional publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un efecto que le ha pegado un nuevo mordisco a unas carteras cada vez más mermadas.

La inflación media, la más alta registrada desde 1986 —entonces el año cerró en el 8,8%, según el INE—, ha quedado muy por encima de la revalorización de las pensiones (del 2,5% en términos generales y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas), de los sueldos públicos (3,5%) y de lo pactado en convenio en el sector privado (2,69%). Es decir, estos salarios han subido, pero no lo suficiente como para ajustarse al alza de precios de un año endiablado para el bolsillo de los ciudadanos. Así, según los cálculos realizados por EL PAÍS, hasta 24,3 millones de españoles han perdido poder adquisitivo en los últimos 12 meses.

Los que más capacidad de pago se han dejado son los 9.036.457 pensionistas, según el dato actualizado en noviembre de la Seguridad Social. En concreto, el valor de su paga baja casi seis puntos porcentuales. Esto resulta de la diferencia entre la inflación media (8,4%) y la revalorización de las pensiones en 2022 (un 2,5%, el IPC medio comprendido entre los meses de diciembre de 2020 y noviembre de 2021, como así se acordó en la reforma de las pensiones). El retroceso fue algo menor en las mínimas y no contributivas, que se apreciaron un 3% según se estableció en los Presupuestos Generales del Estado de este año. Fernando Luján, vicesecretario confederal de política sindical de UGT, destaca que este colectivo se resarcirá del golpe el próximo año: “Con la subida ya pactada del 8,5% se recuperarán”. Es decir, pierden con fuerza ahora, pero el horizonte parece favorable.

El poder adquisitivo de los pensionistas, eso sí, decreció también el pasado ejercicio, entonces un 0,6%. Llueve sobre mojado. El Gobierno confiaba en que se revertiría a lo largo de 2022 la escalada de precios del final del año anterior, pero entonces las quinielas no contemplaban el inicio de un conflicto bélico en Europa en febrero ni el acelerón de la espiral alcista de precios en la que se entró. Ahora, de nuevo, la previsión es que se revierta esta situación en 2023 y los últimos datos del IPC insuflan esperanza: parece que ya tocó techo el pasado julio (10,8%) y desde ahí ha bajado mes a mes hasta el 5,8% de diciembre, según el dato adelantado. “La lectura tiene que ser muy positiva. Ha bajado cinco puntos en cinco meses la inflación”, ha asegurado este viernes la vicepresidenta Nadia Calviño en la Cadena SER.

Retroceso para los asalariados

Los algo más de 15 millones de personas restantes que han perdido capacidad de renta son asalariados (tanto del sector público como privado). En España hay 20,5 millones de trabajadores, según la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre. De estos, hay que excluir los 3.347.442 trabajadores autónomos que había en esa fecha, según los datos del Ministerio de Trabajo, así como los 1,9 millones de empleados con convenio que incluye cláusula de garantía salarial (mecanismo que permite recuperar el poder adquisitivo perdido cuando la inflación supera un umbral fijado en la propia cláusula). De esta forma, restan 15.294.098 asalariados cuyo salario ha perdido valor: casi 11,8 millones del sector privado y 3,5 millones de empleados públicos.

En España hay 8,4 millones de trabajadores bajo el paraguas de un convenio firmado en lo que iba de año, según la estadística de convenios colectivos de Trabajo con fecha de 30 de noviembre, la última disponible. En estos acuerdos pactados con las empresas, la subida media es del 2,69%. Esto es, de media los empleados del sector privado se han dejado 5,71 puntos porcentuales de capacidad de pago, situación que habrá sido más sangrante en muchos casos. “Son dos años consecutivos de pérdidas. Si la patronal no vuelve a la mesa de negociación, tendremos que incrementar nuestras acciones”, avisa Luján.

El sindicato UGT resalta además en un comunicado que es necesario “un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que se adapte al contexto actual, donde se generalicen subidas salariales suficientes con cláusulas de revisión salarial que recuperen la capacidad adquisitiva perdida”. Pese a ello, parece que el año que viene pintan bastos de nuevo para el sector privado: según un estudio de la consultora KPMG, casi la mitad de las compañías (el 46%) subirá los salarios por debajo del IPC.

Presión con el SMI

Esta situación echa todavía más leña al fuego para la negociación entre los agentes sociales y el Gobierno donde se fije el incremento el salario mínimo interprofesional (SMI). “Subiremos el salario mínimo, como el año pasado y el anterior. Subiremos las pensiones, como en años anteriores. Protegeremos el poder adquisitivo de las familias como los demás años”, ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta a los militantes del PSOE. Una forma de presionar a las empresas: si hay alzas en el escalón más bajo, debe repercutir positivamente en la negociación salarial del resto. María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, sostiene por su parte que la pérdida de capacidad adquisitiva acumulada se prolongará: “Aunque parece que no ha tenido mucho efecto [sobre el consumo y sobre la actividad industrial], es posible que el año que viene se note más”.

Por último, están los 3,5 millones de funcionarios ya mencionados cuya nómina también se ha resentido. En su caso, en los Presupuestos se contemplaba un alza del 2%, a la que se le sumó un aumento adicional posterior del 1,5% que tuvo carácter retroactivo. En total, su salario se revalorizó un 3,5%, muy lejos igualmente del 8,4% de media con el que ha cerrado el ejercicio la inflación, aunque su acuerdo contaba con otras ventajas, según fuentes sindicales. “Los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo y los beneficios y los excedentes empresariales son la principal causa del incremento de la inflación subyacente”, ha enfatizado Unai Sordo, secretario general de CC OO, tras conocerse el dato provisional del IPC de diciembre.