Reforma de las pensiones: qué se ha aprobado hasta ahora y qué queda por aprobar

La reforma de las pensiones entra desde este lunes en una nueva etapa. Después de la reforma de agosto de 2021 que vinculó las prestaciones al Índice de Precios del Consumo (IPC) y de la reforma de las cotizaciones de los autónomos, que se resolvió en julio de 2022, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aborda una tercera ronda de diálogo b...

La reforma de las pensiones entra desde este lunes en una nueva etapa. Después de la reforma de agosto de 2021 que vinculó las prestaciones al Índice de Precios del Consumo (IPC) y de la reforma de las cotizaciones de los autónomos, que se resolvió en julio de 2022, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aborda una tercera ronda de diálogo bajo la premisa de garantizar la solvencia del sistema.

Las tendencias demográficas son, según el informe anual del Banco de España 2021, uno de los principales factores que presiona a la denominada “hucha de las pensiones”. La llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom, un grupo que abarca a 7,7 millones de personas que hoy tienen entre 44 y 64 años, el aumento en la esperanza de vida o el descenso en las tasas de natalidad, son algunos de los desafíos más serios para la sostenibilidad de las pensiones.

Agosto de 2021: Las prestaciones se ligan a la evolución del IPC

En la primera parte de la reforma se llevó a cabo la vinculación de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC). De esta forma, si el coste de la vida aumenta, las pensiones también lo harán. En casos de inflación negativa —es decir, si los precios caen—, las pensiones no se recortan sino que quedarían congeladas. La actualización del importe de las pensiones se hace de forma anual, tomando como referencia el IPC medio del año anterior. Por ejemplo, en el caso de las pensiones de 2023 se revalorizarán teniendo en cuenta la inflación media del periodo que abarca desde diciembre de 2021 hasta noviembre de 2022.

Uno de los problemas que se intenta corregir con esta reforma es el desfase entre la edad legal de jubilación (66 años en 2022) y la edad efectiva a la que se retira la media de los españoles, que se encuentra ligeramente por debajo (64,8 años). Para evitar esta brecha se estableció un doble mecanismo: se buscó tanto penalizar las prejubilaciones como incentivar las demoras en la jubilación. Se establecieron incentivos para las personas que retrasasen su retiro, como por ejemplo, un incremento de la pensión del 4% por cada año extra trabajado.

La otra cara de la moneda es la prejubilación. Para acceder a ella, el trabajador debe haber acumulado al menos 35 años cotizados, lo que le permite adelantar dos años su jubilación. Con la reforma actual se intenta desincentivar a las personas a acogerse a este mecanismo recortando su pensión inicial. Si un trabajador con menos de 38 años cotizados quisiera adelantar su jubilación 24 meses, su pensión sufriría un recorte del 21%. Antes de la reforma, la penalización solo alcanzaba un recorte del 16%.

La reforma de agosto también contemplaba la derogación del factor de sostenibilidad, un mecanismo introducido en 2013 para compensar los efectos sobre el gasto en Seguridad Social derivados del aumento de la esperanza de vida. El factor de sostenibilidad actuaba sobre las prestaciones, reduciendo el importe inicial de las mismas para aliviar el gasto del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Por ejemplo, si la expectativa de vida aumentaba un 5%, la pensión inicial se reducía un 5%.

En sustitución del factor de sostenibilidad aparece el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que se carga sobre las cotizaciones de los trabajadores y no sobre el importe de las pensiones. Los asalariados aportarán durante un plazo de 10 años un 0,6% de cotización adicional. De esta cifra, el 0,5% lo cotizarán las empresas y el 0,1% los trabajadores. Dicho incremento podría permitir que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social llegase a acumular un capital en torno al 2,5% del PIB en 2032, según el Banco de España.

Finalmente, se aprobaba también en agosto la transferencia de los denominados “gastos impropios” al Estado. La Seguridad Social dejó de asumir, por ejemplo, el pago de las pensiones no contributivas o los complementos para subir las prestaciones que no alcanzaban la cuantía mínima.

Julio de 2022: Reforma de las cotizaciones de los autónomos

En la segunda ronda de reformas se alcanzó un acuerdo con los trabajadores autónomos. Este colectivo percibe pensiones de jubilación inferiores a las de los asalariados, siendo su pensión media de 854 euros, frente a los 1.494 que percibe la media de los trabajadores afiliados al régimen general, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Para tratar de aumentar su nivel de cotización y asemejarla con su nivel de ingresos reales, el Gobierno propuso una tabla de 15 tramos de rendimientos con cuotas que van desde los 230 euros a los 500 en 2023; de 225 euros a 530 euros en 2024; y de 200 euros a 590 euros en 2025. De esta forma, se trata de aumentar progresivamente las cotizaciones para acercar las bases de cotización a las ganancias reales que perciben. Según datos de las organizaciones de autónomos, dos de cada tres cotiza por la base mínima (poco más de 960 euros), de ahí que sus prestaciones sean más bajas. En el caso de los autónomos con menores ingresos, se pretendía reducir el importe mínimo a pagar.

Septiembre de 2022: Agentes sociales y Gobierno retoman las negociaciones para culminar la reforma

La tercera fase de negociaciones comienza con dos propuestas polémicas encima de la mesa: subir progresivamente la pensión máxima a la vez que se elimina el tope de la base de cotización por arriba y modificar los periodos computables para calcular las bases de cotización. La eliminación del tope de las cotizaciones máximas iría acompañada de una subida de las pensiones más altas, pero proporcionaría a la Seguridad Social una inyección de ingresos a corto plazo que, según calcula el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, “aumentará los ingresos del sistema en las décadas de los treinta y los cuarenta, que es donde el sistema sufrirá”.

La segunda propuesta que está sobre la mesa es cambiar los periodos computables, sobre los que luego se calcula la cuantía que recibirá el pensionista. Esta se determina sobre la base de los años cotizados y las cantidades abonadas a la Seguridad Social en ese periodo. Para percibir una pensión de jubilación se deben tener cotizados un mínimo de 15 años. Y para poder hacerlo a la edad que estipula la ley, se deben alcanzar los 25. En este punto, Escrivá ha afirmado este lunes que no se ampliará a 35 el número de ejercicios cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión, pero ha matizado que sí es necesario actuar sobre el periodo de cálculo de la pensión.