El Gobierno logra un acuerdo con la patronal y los sindicatos para la reforma laboral

Tras meses de intensas negociaciones entre los agentes sociales, polémicas entre ministros y una estrecha tutela de Bruselas, el Gobierno, los sindicatos y la patronal han acordado este jueves las líneas generales de la reforma laboral. El texto definitivo del nuevo marco legislativo que regulará en los próximos años las relaciones laborales en España, al que le restan todavía algunos detalles, es el resultado de una negociación compleja, extensa en el tiempo, y tremendamente exigente en sus últimos compases. El comité ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEO...

Tras meses de intensas negociaciones entre los agentes sociales, polémicas entre ministros y una estrecha tutela de Bruselas, el Gobierno, los sindicatos y la patronal han acordado este jueves las líneas generales de la reforma laboral. El texto definitivo del nuevo marco legislativo que regulará en los próximos años las relaciones laborales en España, al que le restan todavía algunos detalles, es el resultado de una negociación compleja, extensa en el tiempo, y tremendamente exigente en sus últimos compases. El comité ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha sido el primero en avalar la última propuesta presentada este miércoles por el Gobierno, a pesar de que algunas de las patronales (Asaja, Foment, Madrid y Anfac) se han abstenido durante una votación inicial, que no se ha repetido posteriormente ante la junta. Los comités de UGT y CC OO, por su parte, han aprobado posteriormente el texto por unanimidad.

Con esta reforma laboral, la primera de envergadura que recibe la bendición de todos los agentes sociales en más de 30 años (aunque en las de 1997 y 2006 también se fraguaron acuerdos), se busca hacer frente a la temporalidad, la principal lacra que castiga al mercado de trabajo, y persigue reequilibrar la negociación colectiva, deshaciendo algunos cambios normativos que el PP introdujo en 2012 que daban más poder a los empresarios y que abrieron la puerta a empresas multisectoriales que precarizaron las condiciones de trabajo. Todo ello, además, sin que las empresas pierdan elementos de flexibilidad interna, como exige la Comisión Europea.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no supone una derogación de la reforma del PP, como han defendido durante meses algunos sectores del Gobierno, en especial la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El texto sí que enmienda algunos de los aspectos más lesivos como el abuso de las subcontratas, y es más ambicioso en la lucha contra el auge de la citada temporalidad. Su redacción final es mucho más matizada y suavizada que la propuesta inicial de Trabajo, que ha rebajado sus expectativas en busca de un acuerdo global con los agentes sociales. De hecho, que se hayan mantenido las cuantías de las indemnizaciones por despido dentro de un ERE (de 20 días por año trabajado) se entiende como un gesto en busca del consenso con los empresarios.

Precisamente el respaldo de patronal y sindicatos era una de las demandas de la Comisión Europea, que ha supervisado de cerca el sentido de las negociaciones. Además, la mayoría de expertos laborales coinciden en que una reforma con consenso es más favorable que otra que sea más ambiciosa, pero carezca de apoyo empresarial.

Mariano Hoya, vicesecretario general de política sindical de UGT, celebra: “Es la primera reforma laboral que se hace en democracia en la que se recuperan derechos”. Tanto CEOE como Cepyme han asegurado a través de un comunicado que el acuerdo “consolida el modelo laboral actual, que ha permitido incrementar la productividad de las empresas, asegurar su competitividad y contribuir al crecimiento del empleo”; del mismo modo que “mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, asegura la libertad de empresa y la seguridad jurídica y contribuye a la paz social”.

Yolanda Díaz ha escrito en Twitter: “Acabamos el 2021 cumpliendo el compromiso del Gobierno: una nueva legislación laboral que recupera derechos en favor del trabajo decente. Gracias a las organizaciones sindicales y empresariales por todas las horas dedicadas a este acuerdo de país”.

“Todas las partes hemos trabajado intensamente y con una voluntad constructiva para poder llegar a un buen acuerdo que nos permita impulsar una recuperación más sostenida en el tiempo y más justa”, se ha sumado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño a través de un vídeo publicado por su departamento.

Los distintos órganos internos de UGT, CC OO y CEOE han sido convocados durante la mañana de este jueves para evaluar el último documento que el Gobierno puso encima de la mesa el día anterior, y en el que se recogían las líneas maestras que han guiado toda la negociación. Un armisticio que se alcanza tras nueve frenéticos meses en los que han sobresalido las tensiones internas en el seno del Ejecutivo, que han capitalizado algunos de los momentos más trascendentales de las conversaciones.

La viabilidad de derogar la reforma laboral de 2012, una afirmación que enarboló el Ejecutivo durante los primeros compases del proceso negociador, abrió la veda de los enfrentamientos en el seno de la coalición. Mientras que el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sincronizaban su ambición proclamando una derogación total de la normativa vigente, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, apelaba a una “modernización” del texto.

Sin embargo, la intervención de Calviño que más soliviantó a los agentes sociales tuvo lugar durante el congreso de CC OO a finales del mes de octubre. Entonces la vicepresidenta económica calificó como “preliminares” los encuentros celebrados hasta ese momento entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal. La chispa de aquellas palabras terminó por prender cuando, ese mismo día, Economía envió una comunicación a través de correo electrónico a Trabajo en la que se decía que sería el ministerio de Calviño el que coordinaría una negociación que ya no llevaría solo Díaz. Un movimiento que fue catalogado como una “injerencia” por parte de Unidas Podemos, que reclamó una reunión para revisar el acuerdo de coalición entre ambos partidos.

Para detener el incendio, Sánchez arropó a Calviño y estableció que a partir de ese momento, Trabajo pilotaría la negociación con patronal y sindicatos, pero sumó a la mesa a representantes de Economía y de Seguridad Social, además de delegados de otros ministerios en función del asunto que se tratase en cada momento. Un bálsamo que suturó la hemorragia, aunque ralentizó el desarrollo de los encuentros al aumentar el número de intervinientes.

Mayor frecuencia y desgaste

Para evitar la pérdida de velocidad de los encuentros, y con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes del vencimiento del plazo comprometido con la Unión Europea, el 31 de diciembre, los agentes sociales acordaron que las reuniones pasaran a celebrarse diariamente. Una marcha más que, aunque sirvió para avanzar con distintas materias, acrecentó el desgaste de los agentes sociales, que han terminado exhaustos.

A comienzos de diciembre, el panorama comenzó a despejarse y se establecieron las bases principales del texto definitivo. Se pactó el nuevo esquema de actuación contra la temporalidad a partir del establecimiento de dos únicas tipologías para este tipo de contratos (estructural y formativo), si bien se permitía usar sin causa un temporal durante 90 días en un año en un puesto; se recuperó la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa y se potenció el uso del contrato fijo-discontinuo para los trabajos de carácter estacional.

Los esfuerzos de la patronal han tratado durante toda la negociación de rebajar las aspiraciones de la reforma. Su presidente, Antonio Garamendi, ha venido advirtiendo de que la recuperación del mercado de trabajo que se está produciendo es fruto de las bases que se establecieron en la anterior reforma y, por tanto, ha intentado que el escenario variase lo menos posible. Fuentes de la CEOE, sin embargo, reconocen que el establecimiento de medidas de control de la temporalidad era un objetivo compartido. Sin embargo, han existido grandes discrepancias sobre las propuestas presentadas para su contención.

El último golpe de efecto se produjo al inicio de diciembre, cuando la patronal se descolgó planteando un contrato temporal con multitud de causas que rompía con la dinámica negociadora en ese apartado. En aquella propuesta se recogían hasta seis causas de producción que los justificaban, además de las previstas para contratas, subcontratas y licitaciones de la Administración cuando no pudieran hacerse contratos fijos discontinuos. Ese movimiento descolocó al resto de agentes sociales, que lo interpretaron como una maniobra pensada para agradar de puertas adentro en la CEOE.

Para que el marco establecido por Gobierno, sindicatos y patronal eche a andar deberá ser validado por el Consejo de Ministros el próximo martes, 28 de diciembre, y a partir de ahí su entrada en vigor dependerá de si se tramita como proyecto de ley (lo que retrasaría su aplicación) o a través de un real decreto-ley, que lo aceleraría.