Reforma laboral: qué separa a PSOE y Podemos

En la mesa de negociación sobre la reforma del mercado de trabajo donde se dirime la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral del PP se entrecruzan posturas discrepantes. A falta de menos de dos meses para que se cumpla el plazo comprometido con Bruselas a esta complejidad inicial, asumida por el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, se le ha unido en los últimos días la pugna entre las vicepresidentas Nadia Calviño (PSOE) y Yolanda Díaz (Unidas Podemos), que ha derivado ...

En la mesa de negociación sobre la reforma del mercado de trabajo donde se dirime la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral del PP se entrecruzan posturas discrepantes. A falta de menos de dos meses para que se cumpla el plazo comprometido con Bruselas a esta complejidad inicial, asumida por el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, se le ha unido en los últimos días la pugna entre las vicepresidentas Nadia Calviño (PSOE) y Yolanda Díaz (Unidas Podemos), que ha derivado en una crisis entre los dos socios de Gobierno. Fuentes del diálogo social detallan cómo de encalladas se encuentran las negociaciones sobre los puntos centrales que capitalizan el diseño del nuevo marco normativo laboral, e indican que el acuerdo final debe incorporar todas las materias.

Reducción de la temporalidad

A pesar de que Gobierno, sindicatos y patronales reconocen que la temporalidad se ha desbordado en los últimos años —el 25,1% de los asalariados tiene un contrato temporal según los últimos datos del INE—, asemejarla a la media europea (14%) conlleva delimitar las circunstancias en las que pueden firmarse estos contratos. Es, precisamente, ahí donde no todos están de acuerdo.

El Gobierno propuso en su último borrador limitar al 15% el número de temporales en una empresa, iniciativa que se sumaba al establecimiento del contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo “para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada” como por ejemplo los trabajadores del campo o el sector turístico. Fuentes cercanas a CEOE aseguran que esta es una vía intransitable para los empresarios. “Si se quiere reducir la temporalidad se pueden revisar algunas particularidades sectoriales, pero no establecer un marco común para todos”, indican.

En el último borrador de este plan, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se añade, además, la posibilidad de que este tipo de contrato pueda concertarse también “entre una empresa de trabajo temporal y una persona contratada para ser cedida”. El temporal solamente resultaría viable por un “incremento ocasional e imprevisible fuera de cualquier ciclo de reiteración regular de la actividad de la empresa”. La pretendida reducción de contratos estacionales se completa con la eliminación del contrato por obra o servicio (mayoritario en la construcción), y que, según datos sindicales, conforma el 92% del total de los eventuales —el 8% restante responde a la interinidad.

Fuentes del diálogo social revelan que las mayores discrepancias se focalizan en la reducción de los contratos estructurales y en el dibujo del marco sancionador para las empresas que no lo cumplan.

Regular la subcontratación

La propuesta lanzada por Trabajo, y secundada por los sindicatos, busca mejorar las condiciones de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas. Para ello establece que el convenio de aplicación sea el correspondiente a la actividad, aunque esta sea diferente de la que desempeñe la empresa principal. Sin embargo, sí permite que se aplique el convenio propio de la contrata si este garantiza “como mínimo los mismos derechos que el sectorial”. “Hay cercanía y líneas de coincidencia”, indican fuentes próximas al ministerio.

Primacía del convenio sectorial

El Gobierno pretende invertir la prevalencia actual de los convenios de empresa sobre los sectoriales, aunque con excepciones. “Aunque inicialmente la patronal había demostrado cierta conformidad con este planteamiento, nos ha dejado bastante descolocados su cambio de actitud en los últimos encuentros”, indican fuentes sindicales. “En negociación colectiva siguen sin fijar una posición definitiva”, reconoce el Gobierno.

Recuperar la ultraactividad

Otra de las banderas del Ejecutivo en la negociación de la reforma laboral tiene que ver con la eliminación de la ultraactividad (la prórroga de los convenios hasta su renovación), que el PP limitó a un año en su reforma de 2012. En este punto las posturas se han alejado, a pesar de que, como denuncian los sindicatos, el 65% de los convenios que se han firmado en los últimos ocho años regulan la ultraactividad. Los empresarios no han presentado formalmente alternativas, según fuentes del diálogo social.

Acotar el mecanismo de sostenibilidad del empleo

Delimitar el diseño de la herramienta que sustituirá a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por covid —prorrogados hasta el 28 de febrero—, el salvavidas que ha mantenido a flote miles de empresas y millones de empleos durante los momentos más duros de la pandemia, también provoca algunas discrepancias en el marco del diálogo social. Fuentes de este espacio de negociación reconocen que todavía se ha de depurar más el mecanismo, tanto en su redacción como en la forma en la que se financiará. Los sindicatos consideran necesaria la tutela de la Administración, aludiendo a que una parte de sus recursos serán públicos. Al mismo tiempo reclaman que sea necesario que aquellas empresas que recurran al despido deban justificar antes frente al ente público que no existe ninguna otra alternativa que los evite.