De reyes de la vivienda a ser el matrimonio que más dinero debe a Hacienda

A principios del siglo XXI todos querían una casa en la Costa del Sol. La demanda era inmensa, el suelo escaso y muchas personas vieron en el mercado inmobiliario una forma de hacerse de oro rápidamente. Las promotoras surgieron como setas y entre todas ellas reinó una: Aifos. Vendió sobre plano miles de viviendas en el litoral malagueño, pero también en otros puntos de España. Su mejor momento llegó en el año 2005 cuando alcanzó los 346 millones de euros de facturación —la tercera mayor empresa malagueña y una de las pri...

A principios del siglo XXI todos querían una casa en la Costa del Sol. La demanda era inmensa, el suelo escaso y muchas personas vieron en el mercado inmobiliario una forma de hacerse de oro rápidamente. Las promotoras surgieron como setas y entre todas ellas reinó una: Aifos. Vendió sobre plano miles de viviendas en el litoral malagueño, pero también en otros puntos de España. Su mejor momento llegó en el año 2005 cuando alcanzó los 346 millones de euros de facturación —la tercera mayor empresa malagueña y una de las principales inmobiliarias del país— y más de 2.500 empleados. Cuatro años más tarde, con apenas 150 trabajadores, la compañía presentó un concurso voluntario de acreedores con una deuda que rozaba los mil millones de euros y 3.000 casas vendidas sin terminar. Hoy sus antiguos propietarios, Jesús Ruiz Casado y Teresa Maldonado, son las personas físicas que más deben a Hacienda. Entre los dos suman más de 31 millones de euros. Su sociedad, Aifos, es la sexta empresa que más debe: 93,3 millones.

Nacido en Ágreda (Soria, 3.001 habitantes) en una familia humilde y formado como ingeniero industrial en Zaragoza, Ruiz Casado pasó por el Instituto Nacional de Industria en Madrid, donde conoció a su mujer, la malagueña Teresa Maldonado. Llegó a Málaga a principios de los noventa e impulsó una pequeña empresa de la familia de su pareja, Promociones González-Gil. En 1998, reunió en ella toda su actividad inmobiliaria y la transformó en Aifos, que tomaba su nombre del de su hija Sofía, pero al revés. La firma —que compartía en propiedad con su mujer, quien también poseía varias tiendas de ropa bajo la marca comercial Guapa— fue creciendo al calor del bum inmobiliario.

Su personalidad le facilitó el crecimiento: con don de gentes, supo manejarse en el trato cercano. Siempre tuvo una gran capacidad de persuasión. “Es capaz de convencer a cualquiera de lo que sea”, aseguran fuentes que lo han tratado con frecuencia. “Es un encantador de serpientes”, le definen antiguos colaboradores. “Es muy listo”, cuentan desde el sector de la construcción.

Aifos dio el salto a otras provincias andaluzas, a Madrid y Zaragoza, donde creó Construcciones Ziur. En los primeros años 2000 patrocinó eventos impulsados por el Ayuntamiento de Málaga, como el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed) o el festival de cine, y regaba de dinero a los medios de comunicación locales. Los bancos le perseguían mientras él hacía regalos a jueces, notarios y políticos, quienes siempre tenían abiertas las puertas de sus despachos para él.

Ligaba a sus promociones inmobiliarias a nombres como Julio Iglesias o Mariah Carey. Desde Málaga abrió delegaciones en distintos puntos de España y ciudades como Londres o Hamburgo en Europa. Numerosos ciudadanos extranjeros confiaron en sus promesas en forma de viviendas para aterrizar en la Costa del Sol, donde Aifos construía a un ritmo de 3.000 inmuebles al año. También levantó el hotel de lujo Guadalpin. El plan era salir a Bolsa: fuentes del sector aseguran que la empresa llegó a estar valorada en 3.000 millones de euros. Pero mientras de cara a la galería todo relucía, a la empresa se le acumulaban las denuncias, aunque salía indemne de todas o llegaba a acuerdos con los denunciantes.

Condenado en el ‘caso Malaya’

Fuentes del sector inmobiliario coinciden en la causa de la caída: “Crecieron demasiado rápido. Abarcaron mucho más de lo que podían y cuando le fallaron los primeros suelos, todo fue en cadena”, explica una persona ligada a la construcción en Málaga desde hace más de dos décadas. Entonces era habitual la venta sobre plano de viviendas a precios razonables para la Costa del Sol, que la gente podía pagar. La demanda era enorme.

Según distintas fuentes, el dinero que los compradores entregaban a cuenta de la futura vivienda era utilizado por Aifos para adquirir nuevos terrenos para construir. A veces estaban en zonas apartadas, en otras ocasiones construían en terrenos sin licencia o que directamente no eran urbanizables y necesitaban de una recalificación. “Y mientras ya había personas litigando porque no les entregaban sus viviendas, ellos seguían vendiendo”, cuenta el abogado Carlos Comitre. Aún hay miles de pisos sin terminar o, directamente, sin empezar. “Y los que se entregaron son famosos por su falta de calidad”, subraya Comitre.

Este letrado recuerda que sus primeros clientes fueron una pareja de daneses a los que nunca entregaron el adosado que adquirieron y acamparon dos años en el lugar donde debía construirse la vivienda. Desde entonces, más de 5.000 personas se han visto afectadas por los problemas económicos de Aifos, que tuvieron un punto de inflexión en el verano de 2006. Entonces, Ruiz Casado fue detenido en la operación Malaya. Compartió banquillo de los acusados con Isabel Pantoja y Julián Muñoz y fue condenado a tres años de cárcel y a una multa de 2,2 millones de euros, aunque el Tribunal Supremo redujo la pena a un año. Pasó una semana en prisión. Más tarde fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga por haberse quedado con el dinero entregado por varios compradores, aunque el Supremo lo absolvió en 2018.

A finales de 2014 la empresa entró en liquidación. Cuenta con unos activos valorados en casi 800 millones de euros y una importante cartera de suelo, pero buena parte de sus promociones inmobiliarias están sin terminar, otras embargadas por los bancos o en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

La mayoría de sus acreedores ―reunidos también en una plataforma de afectados― son personas que pagaron una media de 50.000 euros por viviendas que nunca recibieron, aunque también hay bancos. Quienes han conseguido que les devuelvan su dinero lo han hecho a través de sentencias que condenaban precisamente a entidades bancarias a pagar las cantidades por avalar o recibir sin el aval obligatorio esas cifras. La mayoría, eso sí, probablemente nunca vuelva a ver el dinero que dio por su supuesta vivienda.