La tramitación de los Presupuestos de 2021 será la más corta del siglo
El Gobierno confía en tener las cuentas aprobadas antes de que acabe el año
El Gobierno ha recortado al máximo el calendario para poner en marcha los Presupuestos para 2021, que empiezan este miércoles su andadura en el Senado. Si todo sale como planea el Ejecutivo, las cuentas estarían listas a finales de año, solo dos meses después de registrar el proyecto en el Congreso, el 28 de octubre. Un tiempo récord, unos 62 días, si se considera que este proceso suele demorarse más de 80 días. Las prisas llegan por la pandemia, por la demora al ...
El Gobierno ha recortado al máximo el calendario para poner en marcha los Presupuestos para 2021, que empiezan este miércoles su andadura en el Senado. Si todo sale como planea el Ejecutivo, las cuentas estarían listas a finales de año, solo dos meses después de registrar el proyecto en el Congreso, el 28 de octubre. Un tiempo récord, unos 62 días, si se considera que este proceso suele demorarse más de 80 días. Las prisas llegan por la pandemia, por la demora al presentarlas y por el hecho de que las cuentas en vigor son las del PP, que llevan dos años prorrogadas.
La tramitación exprés se lograría pese a que el proyecto de Presupuestos para 2021 se presentó con retraso sobre lo que marca la Constitución —el límite máximo es el 30 de septiembre—. Para compensar la demora, se redujo el plazo de comparecencias, debates y presentación de enmiendas en el Congreso. La votación en la cámara baja, que avaló el proyecto con amplia mayoría, fue el pasado jueves 3 de diciembre, 36 días después de presentarse el texto frente a los más de 45 días de media de los últimos años.
A partir de este miércoles el proyecto pasa al Senado, donde seguirá un proceso parecido en el que también habrá un acelerón. La tramitación en el pleno está ya fijada para arrancar el 22 de diciembre, recortando los tiempos a dos semanas frente a los más de 20 días habituales de los últimos ejercicios. Si no hay veto ni cambios en el texto, los Presupuestos quedarán aprobados en la cámara alta, si no volverán al Congreso. La intención es convocar un pleno la última semana de diciembre, previsiblemente el día 29, para que las cuentas reciban luz verde definitiva antes de que acabe el año y su tramitación se convierta en la más rápida del siglo.
El Gobierno ya acortó los tiempos presupuestarios preliminares en septiembre, cuando anunció que suspendía las reglas fiscales para este año y el que viene ante el estallido de la pandemia, en línea con la decisión de Bruselas de congelar el Pacto de Estabilidad. Lo hizo justo el mismo día en que vencía el plazo para presentar los Presupuestos, y con ello se ahorró la delicada votación de la senda de déficit en el Parlamento, que se considera el pistoletazo de salida para el diseño de las cuentas. A la vez, la medida permitió dar más manga ancha a los Ayuntamientos para gastar sus remanentes —tras ser rechazada la propuesta de Hacienda para emplearlos— y a las comunidades para elevar su déficit.
La rapidez en los trámites se sumará a otros elementos que hacen atípicas estas cuentas. Serán las más expansivas de la historia, al incluir el primer tramo de los fondos europeos. También serán los primeros Presupuestos confeccionados por un Gobierno de coalición y los primeros que se aprueben desde 2018, ya que el proyecto para 2019 fue rechazado y el de 2020 no se llegó a presentar. De no cumplirse los tiempos que maneja el Ejecutivo, se prorrogarían automáticamente las cuentas actualmente en vigor el próximo 1 de enero, algo que los últimos años ha pasado de ser excepción a normalidad.
El calendario lleva tiempo trastocado. La Constitución establece que los Presupuestos se empiecen a tramitar al menos tres meses antes del cierre del ejercicio en curso, no más allá del 30 de septiembre para que estén operativos el 1 de enero del año sucesivo. Esta regla, sin embargo, se ha visto constantemente alterada desde 2015, año a partir del cual el proceso de aprobación de las cuentas se ha convertido en un cúmulo de prórrogas y votaciones a destiempo directamente proporcional a la fragmentación parlamentaria.
Los Presupuestos para 2016, más que aprobarse con retraso, vieron la luz mucho antes de lo habitual: se registraron en el Congreso el 4 de agosto de 2015, un mes inusual, y quedaron aprobados definitivamente en la cámara baja el 20 de octubre. El adelanto en el trámite se debió a la celebración de las elecciones generales el 20 de diciembre de ese año y a la voluntad del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de dejar el proceso finiquitado antes de los comicios. La tramitación duró 77 días, el plazo más corto hasta hoy. Entonces, la oposición criticó las prisas del Ejecutivo por sacar adelante unas cuentas “electoralistas” y cuestionadas en Bruselas por los riesgos de incumplimiento del déficit.
En 2016, una nueva repetición electoral por la imposibilidad de formar Gobierno alteró una vez más el calendario. El PP salió ganador, sin mayoría absoluta, y prorrogó las cuentas en vigor para tener más tiempo para negociar. Finalmente, los Presupuestos de 2017 salieron adelante a finales de junio del mismo año. El trámite tardó algo más de 80 días, y fueron las segundas cuentas en aprobarse con el ejercicio ya empezado en las últimas dos décadas. Ya había ocurrido en 2012. En 2011, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, renunció a confeccionar los Presupuestos para el año siguiente y convocó elecciones anticipadas ante el embate de la crisis financiera.
La normalidad tampoco regresó en los últimos años: en 2017, el Gobierno de Rajoy no aprobó los Presupuestos para 2018 por el desafío independentista catalán y prorrogó los del año anterior. Las cuentas de 2018 entraron en vigor en junio del mismo año, a 86 días de su presentación en el Congreso y tras fructificar la moción de censura contra el Ejecutivo del PP. Esas cuentas diseñadas por los populares fueron aprobadas por el Gobierno socialista. Lo que ocurrió después sigue arrastrándose hasta el día de hoy. El primer proyecto de Presupuestos de Pedro Sánchez, el de 2019, se presentó con retraso y acabó rechazado, lo que precipitó la convocatoria electoral. Desde entonces, ningún proyecto de cuentas ha llegado a ver la luz.
Una ley prioritaria
Según la normativa, la tramitación de la ley de Presupuestos tiene prioridad sobre los demás trabajos del Parlamento. El único plazo que se fija legalmente es el del 30 de septiembre, fecha límite antes de la cual debería presentarse el proyecto, que en los últimos ejercicios no se ha respetado. Los demás plazos, de presentación de enmiendas, debates, votaciones, los fijan las mesas del Congreso y del Senado.
La rapidez con la que se está realizando el trámite este año responde tanto a la situación extraordinaria causada por la covid-19 como al hecho de que el Gobierno ha apurado hasta el último momento la presentación del proyecto para garantizarse los apoyos necesarios, ya que no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar las cuentas sin otros grupos.
Pero hay otra razón de peso, que destaca un reciente análisis de Goldman Sachs: los fondos comunitarios. España será el segundo país más beneficiado por el maná europeo, por detrás de Italia, con 140.000 millones para gastar en los próximos años. El primer tramo de estas ayudas ya se ha incorporado a las cuentas de 2021. “El Presupuesto español prevé un impulso a la inversión financiado por las subvenciones europeas. Esta es la medida más importante de promoción del crecimiento de todo el paquete”, señala el documento, que añade que el Gobierno necesita aprobar las cuentas para implementa los proyectos de inversión. “Además, dado que el acuerdo [entre los partidos] depende fundamentalmente de los fondos, la estabilidad política de España pasa a depender de la pronta aprobación del presupuesto de la UE”.