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Los Presupuestos para 2016, unas cuentas abocadas a enmendarse

La situación política, la evolución de la Seguridad, la recaudación y el déficit complican el cumplimiento de las cuentas públicas

Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, en la presentación de los Presupuestos.
Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, en la presentación de los Presupuestos. EL PAÍS

Los Presupuestos para 2016 presentados esta semana contienen varios factores de incertidumbre que pueden comprometer su cumplimiento. En primer lugar, la situación política actual anticipa que ningún partido político ganará las elecciones con mayoría absoluta, lo que abocará a enmendar las cuentas públicas. Los persistentes números rojos de la Seguridad Social también entorpecerán los Presupuestos. Los ingresos tributarios estarían sobrevalorados si se cumple la tendencia de los últimos años, cuando la recaudación real ha sido inferior a lo presupuestado. Y por último, los expertos creen que el déficit público para este año será mayor al previsto, lo que obligará al Gobierno a hacer un esfuerzo mayor para cuadrar las cuentas en 2016.

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La desviación de las cuentas públicas

El Gobierno acaba de iniciar la tramitación de los Presupuestos para 2016 tras presentarlos en el Congreso el pasado martes. Unas cuentas públicas que están más en el aire que las de los últimos años. Cuatro factores complican su ejecución:

1. Proceso electoral

A finales de este año se celebrarán elecciones legislativas. Las últimas encuestas publicadas vaticinan que el partido que gane las generales no contará con una mayoría suficiente para formar gobierno. Aunque el PP venza tendrá que llegar a un acuerdo con otro partido, según muestran los sondeos. La política de pactos conducirá a enmendar las cuentas públicas. Además, si se impone el PSOE, ya ha anunciado que las cambiará. "El que gane las próximas elecciones tendrá que hacer unos presupuestos nuevos", asegura José Carlos Díez, autor del libro La economía no da la felicidad pero ayuda a conseguirla. Este analista precisa que el partido que venza tendrá que cambiar los Presupuestos "sin poner en riesgo la recuperación del empleo y el pago de la deuda".

2. Boquete en la Seguridad Social

Uno de los puntos que más preocupa al Gobierno del PP consiste en la dificultad de taponar la vía de agua que suponen las cuentas de la Seguridad Social. El instituto público de previsión espera ingresar 117.833 millones el próximo año por las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y empresarios. Esta cantidad supone un alza del 6,7% sobre el presupuesto de este año, pese a que el pronóstico actual se está incumpliendo ampliamente. Los ingresos por cotizaciones hasta junio acumulan una desviación de más de 4.000 millones sobre lo previsto. Lo que anticipa que los números rojos del instituto público a final de año casi duplicarán al tope que tiene asignado: el 0,6% del PIB. Así lo estima la Autoridad Fiscal, el órgano que vela por la salud de las cuentas públicas, que ha alertado sobre el desequilibrio de las finanzas de la Seguridad Social y ha reclamado al Gobierno una mejora de la financiación.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recogió el guante y avanzó que el Estado tendrá que asumir, vía impuestos indirectos, parte de las pensiones que ahora paga el instituto público. "El problema está en la Seguridad Social", explica Carmen López, analista de finanzas públicas de Analistas Financieros Internacionales (AFI). "La asignatura pendiente para la próxima legislatura será reformar la financiación de las comunidades autónomas y la de la Seguridad Social".

3. Desviación en los ingresos

Durante los últimos años los Presupuestos de ingresos tributarios han estado sobrevalorados. La recaudación real ha sido inferior a lo previsto. Hacienda ya admite que la recaudación de 2015 quedará en unos 3.800 millones por debajo de los fijado para este año, según el avance de ejecución. Y eso que la economía crece el doble de lo estimado, lo que debería reportar más fondos a la recaudación. "Montoro cree que va a hacer lo mismo que en los noventa. Pero ahora no hay burbuja inmobiliaria, la economía ya está muy endeudada y apenas hay inflación. No es lo mismo", reflexiona Ignacio Conde-Ruiz, investigador de Fedea, quien recuerda que los Presupuestos de 2015 ya eran electoralistas porque bajaban impuestos.

4. El lastre del déficit

Las Administraciones Públicas españolas están bajo el foco de Bruselas porque gastan más de lo que ingresan. El calendario para el próximo año pasa por reducir el déficit público del 4,2% al 2,8% del PIB, según lo pactado con la Comisión Europea. Esto supone un ajuste adicional de unos 14.000 millones para el conjunto de las Administraciones Públicas. Solo el Estado y la Seguridad Social deberán reducir sus desequilibrios en 10.000 millones. Hacienda estima que el crecimiento, calcula que la economía avanzará al 3% en 2016, ajustará automáticamente unos 13.000 millones.

El problema es que existen dudas más que razonables de que pueda cumplir con el objetivo presupuestario este año. Si cierra con una desviación presupuestaria en torno al 4,8% del PIB, como vaticinan los expertos, el ajuste será de unos 6.000 millones adicionales.

"El Gobierno pretende la cuadratura del círculo: bajar impuestos y subir o congelar el gasto (el consolidado que incluye Seguridad Social y organismos autónomos). Si se quiere conseguir el déficit el próximo Gobierno se verá obligado a adoptar duras medidas de austeridad", explica Carlos Martín, director del estudio económico de CC OO.

En cualquier caso, pase lo que pase en las próximas elecciones, Montoro ya ha avisado: "el nuevo Gobierno podrá contar con este presupuesto o lo podrá modificar como se hace con cualquier ley".

La herencia recibida

FERNANDO GAREA

Si como parece las elecciones se celebran el 13 o el 20 de diciembre, es muy probable que no haya nuevo Gobierno antes de finales del mes de enero, como mínimo. Previsiblemente, habrá entremedias un difícil proceso de negociación de acuerdos de gobernabilidad en los que entrarán decisiones de política presupuestaria para 2016. Esa negociación habrá que hacerla sobre la base de las cuentas que ya habrán entrado en vigor el 1 de enero de 2016 con efectos concretos en gastos y en ingresos del Estado.

El nuevo Ejecutivo tendrá que corregir esas cuentas con ampliaciones de gasto o reformas legales cuyo trámite parlamentario puede prolongarse hasta finales de marzo, como mínimo. Solo si recurre a decretos puede agilizar esos plazos aunque deba convalidarlos en el Congreso. Pero, en todo caso, estará condicionado por la herencia de los Presupuestos que ahora ha elaborado el Gobierno de Mariano Rajoy en unas fechas sin precedentes.

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