Majaderías sobre la condicionalidad

La polémica sobre la condicionalidad del plan de recuperación europeo ha sido feraz en majaderías. La peor consiste en que obliga a España a mantener íntegramente las reformas laboral y de pensiones del Gobierno Rajoy.

Falso de toda falsedad. Otra cosa es que convenga mantenerlas, en todo o en parte. O garantizar el futuro de las pensiones cambiando el austeritario factor de sostenibilidad por una aportación impositiva. O acentuar la...

La polémica sobre la condicionalidad del plan de recuperación europeo ha sido feraz en majaderías. La peor consiste en que obliga a España a mantener íntegramente las reformas laboral y de pensiones del Gobierno Rajoy.

Falso de toda falsedad. Otra cosa es que convenga mantenerlas, en todo o en parte. O garantizar el futuro de las pensiones cambiando el austeritario factor de sostenibilidad por una aportación impositiva. O acentuar la lucha contra la temporalidad laboral. Por eso la Comisión suele proponer prudencia en sus informes. En febrero aconsejaba “que solo se adopten nuevas medidas tras una cuidadosa evaluación de su potencial impacto y manteniendo los logros de las pasadas reformas”.

Con ser significativos esos consejos —hará bien España en tenerlos en cuenta— eso no implica que sean imperativos. Porque, contra lo que predican voces interesadas, las conclusiones del reciente Consejo Europeo no se refieren a ellos como uno de los “criterios” o requisitos imprescindibles para obtener los apoyos financieros. Sino a las “country-specific recommendations” anuales del Consejo en el marco del procedimiento del Semestre Europeo: recomendaciones que naturalmente pergeña la Comisión.

Las de 2019 llamaban a “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones”, “favorecer la transición hacia los contratos indefinidos” y resolver “las deficiencias” de “los regímenes autonómicos de renta mínima”. Las de 2020, en plena pandemia, aplaudían las acciones tomadas en España para “respetar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo” y “reforzar la protección por desempleo”.

O sea, ni rastro de indicaciones compulsivas sobre mantener o modificar paquetes normativos previos. Esa condicionalidad —consejos colaterales aparte— es hoy por hoy una simple falacia.

Otra majadería que, sorpresa, no mereció réplica, se halla en las declaraciones que el primer ministro holandés, Mark Rutte, pronunció al recibir a su homólogo español, Pedro Sánchez, el día 13. Espetó que “la vía para mejorar la competitividad es la reforma de las pensiones y del mercado laboral” como hizo su país. Algo posible, si bien ejecutable con opuestas orientaciones.

Pero inaceptable en el sustrato de soberbia que supone colocarse como ejemplo imperativo, justo cuando quien lo hace intenta condicionar las ayudas a su modelo.

En punto a reformas es España quien puede dar lecciones (aunque escasas) a algunos halcones, si nos atenemos al cumplimiento de las recommendations del Consejo entre 2011 y 2019. Como ha compilado José Moisés Martín, en ese periodo España las cumplió de forma “sustancial” o “total” en un 36%; por el 26% de Holanda y el 9% de Austria.

Por cierto que una de las instrucciones del Consejo en 2019 a Rutte es de las que enrojecen la moral del más pintado: reformar “la normativa fiscal del país”, “utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal agresiva”.

Igual alguien protesta un día contra las ayudas a su Gobierno por violar ese mandato de acabar con su repugnante evasión fiscal.