El FMI urge políticas enérgicas contra la corrupción en América Latina
El organismo la considera excesiva y plantea medidas para frontar un problema que lastra el crecimiento de la región
El Fondo Monetario Internacional urge a los países de América Latina que adopten medidas contundentes contra la corrupción, para que se convierta en una excepción y no en la regla. El esfuerzo, insiste el organismo, debe ser colectivo, decisivo y en varios frentes para poder romper con equilibrio pernicioso que se come los recursos públicos y lastra el crecimiento de toda la región.
La institución que dirige Christine Lagarde dedicó dos análisis la última semana a analizar el problema de la corrupción en América Latina. ...
El Fondo Monetario Internacional urge a los países de América Latina que adopten medidas contundentes contra la corrupción, para que se convierta en una excepción y no en la regla. El esfuerzo, insiste el organismo, debe ser colectivo, decisivo y en varios frentes para poder romper con equilibrio pernicioso que se come los recursos públicos y lastra el crecimiento de toda la región.
La institución que dirige Christine Lagarde dedicó dos análisis la última semana a analizar el problema de la corrupción en América Latina. En el primero habló de avances, pero advirtió de que sigue siendo “excesiva” y requiere que se adopten “políticas más enérgicas”. Citó casos que transciende fronteras como los “papeles de Panamá” o los escándalos de Petrobras y Odebrecht.
Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental, recuerda que la trampa de la corrupción tiene consecuencias económicas y políticas que pasan factura a todo el continente. Junto a David Lipton, subdirector gerente del organismo, explican que está demostrado que la corrupción puede atrofiar el crecimiento sostenible e inclusivo, alimenta la desconfianza y merma la inversión.
“Los ciudadanos de América Latina están descontentos”, advierten lo coautores. Pero el combate de la corrupción, admiten, es complejo porque está incrustada en la sociedad y eso requiere de un verdadero cambio de percepción y comportamiento. “Cuando la corrupción sistémica es la norma, la gente cree que las otras personas están aceptando u ofreciendo sobornos”, advierte el FMI.
Ese equilibrio nocivo, como denominan a las tramas corruptas de Petrobras y Odebrech, se “autoperpetúa” porque los anteriores actos de corrupción se utilizan para conseguir nuevos contratos. Si por el contrario se combate y disminuye, “los gobiernos podrán detectar más fácilmente a los que sigan siendo corruptos, ya que se destacarán”. “Los esfuerzos aislados no surtirán efecto”, advierte el organismo.
Diseño de estrategias
Al FMI le cuesta encontrar ejemplos de buenos resultados en la lucha contra la corrupción en América Latina. “Los cambios están siendo relativamente pequeños”, lamenta, “la paciencia del público se está agotando y eso debe representar una oportunidad para los gobernantes”. El segundo análisis así ofrecer medidas que están funcionando en otros países para el diseño de estrategias anticorrupción.
En este sentido, indican que para lograr una solución duradera es necesario que el perfeccionamiento de las instituciones y las acciones para la reducción de la corrupción vayan de la mano. La actualización en este sentido de las legislaciones es un paso en la dirección correcta, pero al mismo tiempo el cambio normativo debe ir acompañado un cumplimiento más estricto para que den resultados.
La operación Lava Jato en Brasil, señalan los relatores de los dos análisis, fue pionera en la región y refleja los avances que se pueden lograr para erradicar esta lacra cuando el poder judicial es más eficiente, los fiscales cuentan con recursos y la sociedad apoya la ofensiva. El FMI defiende crear comisiones anticorrupción independientes para superar los intereses enfrentados de los gobiernos
El organismo añade que la mayor transparencia hace una labor importante de freno porque aumenta las posibilidades de detección del fraude y permite que los que se saltan las leyes rindan cuentas. También pide reforzar los procesos de contratación pública e inversión y la eliminación de reglas burocráticas innecesarias que crear “fuentes artificiales de ingresos” a las tramas corruptas.
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