Las comunidades disparan el retraso de pagos a la Seguridad Social
Empleo prorroga 83 millones a la Generalitat valenciana hasta 2013 Se han aplazado 382 millones al sector público hasta junio, el triple que en 2011
La asfixia financiera de la Generalitat Valenciana ha hecho mella en la caja de la Seguridad Social. En mayo, el instituto público le concedió una prórroga para pagar 83 millones que le debía por cotizaciones. No es la única administración que ha ganado tiempo para pagar sus deudas por cuotas sociales. Hasta junio, los aplazamientos nuevos concedidos al sector público sumaron 382,46 millones, un 172% más que en el mismo periodo del año anterior. La caída de ingresos por impuestos y las grandes dificultades de ...
La asfixia financiera de la Generalitat Valenciana ha hecho mella en la caja de la Seguridad Social. En mayo, el instituto público le concedió una prórroga para pagar 83 millones que le debía por cotizaciones. No es la única administración que ha ganado tiempo para pagar sus deudas por cuotas sociales. Hasta junio, los aplazamientos nuevos concedidos al sector público sumaron 382,46 millones, un 172% más que en el mismo periodo del año anterior. La caída de ingresos por impuestos y las grandes dificultades de financiación han provocado que crezca la cola de ayuntamientos y comunidades para pedir aplazamientos y han empujado su deuda acumulada con el instituto público hasta los 639 millones, según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social a los que ha tenido acceso este diario.
La vuelta de la recesión también ha causado el aumento de prórrogas concedidas a las empresas, que hasta junio ascendían a 864,4 millones. En total, entre el sector privado y el público, la cantidad aplazada en 2012 suma 1.246 millones, un 43,7% más. Este dinero explica buena parte de la diferencia que hay entre los derechos de ingresos reconocidos y lo que realmente entra en la caja el instituto público hasta mayo, unos 1.700 millones de euros, que aparece en los informes mensuales de ejecución presupuestaria.
El aumento de los aplazamientos —que se conceden siempre sobre la parte de las cotizaciones que tiene que pagar el empleador— llega en un mal momento para la Seguridad Social. A diferencia de lo que sucedía en los primeros años de la crisis, la Tesorería del órgano que dirige Tomás Burgos ya no rebosa liquidez. El mismo secretario de Estado ha admitido que la Tesorería puede afrontar tensiones de liquidez este año a la hora de pagar las pensiones. Precisamente para poder hacer frente a esta circunstancia, hace poco más de un mes, el Gobierno cambió la norma para poder recurrir a los más de 4.600 millones del dinero sobrante de la gestión de las mutuas de accidentes laborales.
En mayo los retrasos se dispararon
Las prórrogas para pagar las cotizaciones sociales a ayuntamientos y comunidades autónomas crecían considerablemente durante los primeros meses del año. Pero en mayo el aumento se desbocó: la cantidad aplazada se multiplicó por 16,6 veces, de 11 millones en 2011 a 183,9 en 2012. Gran parte de este incremento tiene que ver con los 83 millones prorrogados a la Generalitat Valenciana, confirman fuentes de la Seguridad Social. En la Consejería de Hacienda del Gobierno valenciano afirman que “están al día” en sus pagos y dicen “no deber nada”.
Gran parte del incremento tiene que ver con los 83 millones prorrogados a la Generalitat Valenciana
Conocedores de las finanzas del instituto público apuntan que esta cantidad equivale a lo que la Generalitat paga por cotizaciones un solo mes. En el Ministerio de Empleo no detallan este punto, pero sí precisan que Valencia tendrá que empezar a devolver el dinero en 2013. Hasta entonces la deuda, como en todos los aplazamientos de la Seguridad Social, crecerá al interés legal del dinero que marcan los presupuestos, el 4%. Si llegado el momento la Generalitat no cumple con sus obligaciones de pago, el interés subirá al 20%.
Pero no es la Comunidad Valenciana la única autonomía responsable del gran salto de mayo, como se apresuran a señalar desde la Seguridad Social. Basta una simple resta para demostrar este argumento. Sin el aplazamiento de la autonomía levantina, las prórrogas concedidas ascenderían a 100 millones. En el instituto público, añaden que hay otras comunidades a las que también se les ha dado más tiempo para ponerse al día en el pago de cotizaciones, pero no precisan cuáles son.
En la senda de 2009
Lo que ha sucedido con los aplazamientos en el sector público hasta junio, solo guarda parangón con lo que pasó en los primeros seis meses de 2009 —justo en el ojo del huracán de la Gran Recesión, en la que España ha vuelto a caer—. Pero ahora, a diferencia de entonces, cuando los problemas se concentraron en unos meses concretos, no ha habido un solo mes por debajo de los 30 millones concedidos en aplazamientos. Y a tenor de las últimas noticias sobre la angustia financiera de las comunidades autónomas (Valencia y Murcia han anunciado su intención de solicitar auxilio financiero al mecanismo de rescate creado recientemente por el Gobierno central), es poco probable que el ritmo de aplazamientos ceda.
A la Seguridad Social le resulta más fácil cobrar las deudas de las comunidades y ayuntamientos que las de las empresas
A pesar del peor comportamiento del sector público que el privado este año, hay que tener en cuenta que a la Seguridad Social le resulta más fácil cobrar las deudas de las comunidades y Ayuntamientos que las de las empresas. Aunque a las administraciones no se les puede embargar, el Gobierno central —al fin y al cabo el regente del instituto público— siempre tiene la posibilidad de retener las transferencias que tenga que hacer al destinatario de turno. En cambio, en el sector privado, y pese a la preferencia de cobro de la Seguridad Social, el porcentaje final de recuperación se sitúa en torno al 40%.