La justicia argentina ordena la detención del dictador Bignone

Un juez argentino ordenó ayer la detención del dictador Reynaldo Bignone, último presidente del régimen militar (1976-1983), en el marco de una causa por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto. El arresto de Bignone por su presunta responsabilidad en casos de secuestros ilegales y homicidios durante la dictadura fue dispuesta por el magistrado federal de la localidad de San Martín (provincia de Buenos Aires), Alberto Suárez Araujo.

El dictador fue alojado anoche en una prisión militar de las afueras de la capital argentina, dijeron portavoces del Ministerio de D...

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Un juez argentino ordenó ayer la detención del dictador Reynaldo Bignone, último presidente del régimen militar (1976-1983), en el marco de una causa por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto. El arresto de Bignone por su presunta responsabilidad en casos de secuestros ilegales y homicidios durante la dictadura fue dispuesta por el magistrado federal de la localidad de San Martín (provincia de Buenos Aires), Alberto Suárez Araujo.

El dictador fue alojado anoche en una prisión militar de las afueras de la capital argentina, dijeron portavoces del Ministerio de Defensa. Bignone presidió el Gobierno argentino entre 1982 y 1983. Tomó el cargo tras la derrota en la guerra de Malvinas y encauzó la transición hasta las elecciones democráticas de octubre de 1983.

Entre otros casos, la causa que lleva adelante Suárez Araujo investiga la apropiación de Matilde Lanuscou, de seis meses de edad, y el homicidio de sus padres y sus dos hermanos, de 4 y 6 años, en septiembre de 1976 por parte de un grupo de tareas del Ejército. Bignone, de 78 años, estuvo preso durante siete años por una causa de robo de hijos de desaparecidos hasta que en 2005 un tribunal dispuso su excarcelación.

El robo y cambio de identidad de hijos de desaparecidos es el único delito que fue excluido de los indultos que beneficiaron a los jefes de las juntas militares, dictados en 1990 por el ex presidente Carlos Menem y anulados en 2005 por el Parlamento.

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